Desempleo y crimen
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 19 de Febrero, 2010
El azote del crimen organizado es particularmente grave en los estados fronterizos del norte, aunque no se reduce a esa franja. El hecho de que seis entidades federativas hagan frontera con los Estados Unidos puede sugerir que ahí se dé una concentración de las actividades del narco porque desde ahí se introducen los estupefacientes al país vecino. Sin embargo, es factible identificar otros elementos para explicar por qué el tejido social se va desgarrando más rápidamente en algunas áreas del país. Una constante en las ciudades del norte de nuestro territorio es el rápido incremento de la desocupación y de la subocupación por motivo de la crisis económica en curso.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información trimestral sobre la situación del empleo en 32 ciudades del país, siendo cada una la más importante de cada estado, más el DF. Las seis ciudades de las entidades fronterizas del norte sobre las que INEGI da información son: Tijuana (Baja California), Hermosillo (Sonora), Chihuahua (Chihuahua), Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León) y Tampico (Tamaulipas). ¿Qué ha pasado con el mercado de trabajo en esas plazas en los últimos meses?
Tijuana. En el segundo trimestre de 2008, antes de que estallara la crisis económica, había 25 mil 749 desempleados. Al cierre de 2009 se tenían 26 mil desocupados más, llegando a 51.7 mil. Se trata de un aumento del desempleo del 101 por ciento. En seis trimestres se duplicó el número de personas buscando trabajo que no lograron encontrarlo. Además, en el mismo periodo la población subocupada aumentó en un 62 por ciento. Los desempleados y los subempleados en Tijuana pasaron de ser el ocho por ciento al 14 por ciento de la población económicamente activa de la ciudad de acuerdo a las cifras oficiales.
Hermosillo. La tasa de desempleo antes de que iniciara la crisis, esto es, a mediados de 2008, era de 3.8 por ciento; al finalizar 2009 la tasa de desempleo había ascendido al seis por ciento. En términos absolutos, en este breve lapso se generaron siete mil desempleados abiertos en la ciudad, al pasar de 12 mil a 19 mil; es un aumento del 60 por ciento. Los subocupados se incrementaron de 12.9 mil a 18 mil (42 por ciento más). En total, 12 mil 441 personas se incorporaron a las filas del desempleo o de la subocupación en Hermosillo entre mediados de 2008 y finales de 2009.
Chihuahua. De este estado fronterizo sería deseable tener la radiografía laboral de Ciudad Juárez, plaza de la industria maquiladora en declive y territorio sacudido, como pocos, por la violencia. El foco de INEGI, sin embargo, se centra en la capital de la entidad porque tiene una actividad económica mayor. En Chihuahua capital, el desempleo durante los meses que van desde antes de la crisis pasó de 16 mil a 29 mil personas, un aumento de 12 mil 423 individuos, que en términos relativos representan 73 por ciento más de los que había a la mitad de 2008. Creció, también, en tres mil 800 el número de subocupados, hasta superar las 10 mil personas, en un aumento del 63 por ciento. A fines de 2009, respecto al segundo trimestre de 2008, 16 mil 385 individuos adicionales en Chihuahua no tienen trabajo o trabajan menos de lo que desearían para hacerse de un ingreso básico.
Saltillo. En esta ciudad de Coahuila el desempleo abierto (personas que no trabajan, que quieren trabajar y que buscan activamente una ocupación remunerada) ha crecido en un 40 por ciento en el último año y medio reportado por INEGI. Los desempleados pasaron de 20 mil a 28 mil. Pero más rápido aún fue el incremento de la subocupación, que fue de las 30 mil personas a las 47 mil, esto es, una expansión del 58 por ciento. En Saltillo hay 25 mil individuos, 25 mil historias concretas más de desempleo o subocupación al cerrar 2009 que las que había a mediados de 2008. Ellos representan al 22 por ciento (uno de cada cinco) de la población económicamente activa de la ciudad.
Monterrey. A la mitad de 2008 había 74 mil desempleados en la capital de Nuevo León y al terminar 2009 la cifra llegó a 121 mil: un crecimiento en el desempleo de 47 mil 734 individuos, el 63 por ciento en 18 meses. En el caso de los subocupados, su número se incrementó en 53 mil personas en esa ciudad, al pasar de 114 mil a 167 mil. Tomando en conjunto a los nuevos desempleados y a los nuevos subocupados alcanzan las 100 mil personas ¡sólo en Monterrey! Pero, ojo, esos son sólo los nuevos; el total alcanza las 289 mil personas.
En Tampico, Tamaulipas, el desempleo abierto creció de mediados de 2008, justo antes del inicio de la crisis, al cierre de 2009, cuando algunos cifran el fin de la recesión, en un 34 por ciento, afectando en total a 17 mil personas.
Cada cifra aquí manejada es la historia de un individuo, hombre o mujer, en una situación económica desesperada, quizá de una familia entera que ha perdido su fuente de ingreso o que no consigue hacerse con el pan de cada día. Sólo en estas seis ciudades hay 267 mil desempleados y 297 mil subocupados, una suma de más de medio millón de personas en una situación económica insostenible. Insisto, medio millón en seis ciudades que han servido como botón de muestra de la grave realidad que vive el país en materia de (des)empleo y bienestar. ¿No habría que empezar a reconocer que el narco y su violencia crecen y echan raíces en ese territorio devastado de desempleo y precariedad laboral?
lunes, 22 de febrero de 2010
domingo, 21 de febrero de 2010
Censo 2010: diez debilidades. 15/02/10
Ciro Murayama
Censo 2010: diez debilidades
15 de febrero de 2010
Comenta la nota Lecturas(1320)
2010-02-15
Este año se levantará el XIII Censo General de Población y Vivienda. En los últimos meses expertos y académicos han señalado deficiencias en el diseño del censo. En respuesta, el INEGI amplió el cuestionario básico que aplicará a los hogares. Aún así persisten debilidades que conviene hacer explícitas:
1) Un censo recortado. El cuestionario básico del censo del año 2000 abarcó 52 preguntas hechas en todas las viviendas del país para obtener información relevante de todos los habitantes de México. Ahora serán sólo 29 preguntas. INEGI no ha explicado con claridad a qué obedece la disminución del cuestionario básico: argumenta que fue por un recorte presupuestal hecho por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo justifica la eliminación de preguntas por razones metodológicas. Qué preguntas se quitaron por falta de presupuesto y cuáles porque el INEGI las consideró innecesarias es algo que no se conoce.
2) Autonomía de INEGI en duda. El recorte de recursos para el censo se atribuye a una decisión de la secretaría de Hacienda. Si bien el INEGI no tiene plena autonomía presupuestal en esa situación se encuentran otras instituciones autónomas, como las universidades, que saben defender los recursos necesarios para cumplir con sus fines estratégicos. ¿Por qué ni la junta de gobierno de INEGI ni su presidente solicitaron más recursos? ¿Por qué no explicaron los riesgos del recorte? ¿Por qué, sin más, acataron una decisión unilateral del Ejecutivo?
3) Se pierde comparabilidad. INEGI dice que con el cuestionario ampliado, que se aplicará en el 10% de las viviendas del país, se obtendrá información necesaria para poder comparar. En el mejor de los casos se tendrá una muestra grande para contrastar con ejercicios previos, pero el censo de 2010 en sí —la información del total de la población— no va a ser del todo comparable con censos anteriores.
4) El ingreso y su distribución serán una incógnita. El cuestionario básico del censo no obtiene información sobre el ingreso de las familias. Desde INEGI se argumenta que se tiene la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), pero la misma no capta la información de los segmentos de mayores ingresos. Para obtener una fotografía real de la polarización social de México era necesario incluir la pregunta en el cuestionario básico del censo. INEGI lo impidió.
5) La estructura del empleo queda fuera. En los censos previos la información que se obtenía para el conjunto de la población permitía conocer la rama de actividad de los trabajadores, cuánto ganaban y su posición en el empleo. Esas preguntas respectivas se eliminaron.
6) Migración interna. No se conocerá en qué municipio residía la población hace cinco años, lo que afectará el conocimiento sobre la migración interna. No será factible analizar fenómenos como la expansión de áreas metropolitanas por movilidad intraestatal; y movimientos intrametropolitanos —v.g.: de la delegación Cuajimalpa a Huixquilucan— podrán aparecer como migraciones interestatales aun cuando la gente viva en la misma zona urbana.
7) Se pregunta religión, y mal. A pesar del recorte, se mantuvo la pregunta de religión. INEGI aduce que esa pregunta siempre ha estado: aquí el argumento es la tradición. Además se pregunta “¿cuál es la religión de?”, dando por hecho que todo mexicano tiene una. Es una pregunta con sesgo.
8) Censo a petición del cliente. Responsables de INEGI explican que incluyeron diversas preguntas (como religión) en atención a solicitudes de distintos sectores, sin importar que dicha información tuviera escasa o nula influencia en el diseño de políticas públicas. Se carece de una jerarquización adecuada sobre qué información es fundamental y cuál no.
9) El censo como registro administrativo. Uno de los argumentos para recortar el censo es que hay otras fuentes estadísticas, como los registros administrativos de las instituciones públicas. Pero se pretende que el censo indique cuántos afiliados hay en las instituciones de salud. Un contrasentido.
10) El censo debió guiar la toma decisiones, no al revés. El diseño de las políticas públicas debe partir de una base de información amplia, objetiva. Ahora fueron las decisiones políticas —recortar recursos y dar preeminencia a una megamuestra sobre el levantamiento universal— las que determinaron la amplitud del censo.
Queda ahora exigir un buen levantamiento y procesamiento de la información finalmente contemplada. El censo es imprescindible, por eso no se puede condescender con decisiones que minan su calidad y utilidad.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Censo 2010: diez debilidades
15 de febrero de 2010
Comenta la nota Lecturas(1320)
2010-02-15
Este año se levantará el XIII Censo General de Población y Vivienda. En los últimos meses expertos y académicos han señalado deficiencias en el diseño del censo. En respuesta, el INEGI amplió el cuestionario básico que aplicará a los hogares. Aún así persisten debilidades que conviene hacer explícitas:
1) Un censo recortado. El cuestionario básico del censo del año 2000 abarcó 52 preguntas hechas en todas las viviendas del país para obtener información relevante de todos los habitantes de México. Ahora serán sólo 29 preguntas. INEGI no ha explicado con claridad a qué obedece la disminución del cuestionario básico: argumenta que fue por un recorte presupuestal hecho por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo justifica la eliminación de preguntas por razones metodológicas. Qué preguntas se quitaron por falta de presupuesto y cuáles porque el INEGI las consideró innecesarias es algo que no se conoce.
2) Autonomía de INEGI en duda. El recorte de recursos para el censo se atribuye a una decisión de la secretaría de Hacienda. Si bien el INEGI no tiene plena autonomía presupuestal en esa situación se encuentran otras instituciones autónomas, como las universidades, que saben defender los recursos necesarios para cumplir con sus fines estratégicos. ¿Por qué ni la junta de gobierno de INEGI ni su presidente solicitaron más recursos? ¿Por qué no explicaron los riesgos del recorte? ¿Por qué, sin más, acataron una decisión unilateral del Ejecutivo?
3) Se pierde comparabilidad. INEGI dice que con el cuestionario ampliado, que se aplicará en el 10% de las viviendas del país, se obtendrá información necesaria para poder comparar. En el mejor de los casos se tendrá una muestra grande para contrastar con ejercicios previos, pero el censo de 2010 en sí —la información del total de la población— no va a ser del todo comparable con censos anteriores.
4) El ingreso y su distribución serán una incógnita. El cuestionario básico del censo no obtiene información sobre el ingreso de las familias. Desde INEGI se argumenta que se tiene la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), pero la misma no capta la información de los segmentos de mayores ingresos. Para obtener una fotografía real de la polarización social de México era necesario incluir la pregunta en el cuestionario básico del censo. INEGI lo impidió.
5) La estructura del empleo queda fuera. En los censos previos la información que se obtenía para el conjunto de la población permitía conocer la rama de actividad de los trabajadores, cuánto ganaban y su posición en el empleo. Esas preguntas respectivas se eliminaron.
6) Migración interna. No se conocerá en qué municipio residía la población hace cinco años, lo que afectará el conocimiento sobre la migración interna. No será factible analizar fenómenos como la expansión de áreas metropolitanas por movilidad intraestatal; y movimientos intrametropolitanos —v.g.: de la delegación Cuajimalpa a Huixquilucan— podrán aparecer como migraciones interestatales aun cuando la gente viva en la misma zona urbana.
7) Se pregunta religión, y mal. A pesar del recorte, se mantuvo la pregunta de religión. INEGI aduce que esa pregunta siempre ha estado: aquí el argumento es la tradición. Además se pregunta “¿cuál es la religión de?”, dando por hecho que todo mexicano tiene una. Es una pregunta con sesgo.
8) Censo a petición del cliente. Responsables de INEGI explican que incluyeron diversas preguntas (como religión) en atención a solicitudes de distintos sectores, sin importar que dicha información tuviera escasa o nula influencia en el diseño de políticas públicas. Se carece de una jerarquización adecuada sobre qué información es fundamental y cuál no.
9) El censo como registro administrativo. Uno de los argumentos para recortar el censo es que hay otras fuentes estadísticas, como los registros administrativos de las instituciones públicas. Pero se pretende que el censo indique cuántos afiliados hay en las instituciones de salud. Un contrasentido.
10) El censo debió guiar la toma decisiones, no al revés. El diseño de las políticas públicas debe partir de una base de información amplia, objetiva. Ahora fueron las decisiones políticas —recortar recursos y dar preeminencia a una megamuestra sobre el levantamiento universal— las que determinaron la amplitud del censo.
Queda ahora exigir un buen levantamiento y procesamiento de la información finalmente contemplada. El censo es imprescindible, por eso no se puede condescender con decisiones que minan su calidad y utilidad.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
lunes, 8 de febrero de 2010
Programa Estructura Económica Mundial Actual
Programa de estudios de la asignatura
Estructura Económica Mundial Actual (la crisis en curso)
Profesor titular: Dr. Ciro Murayama
Profesora adjunta: Erika Rojas
Introducción al curso. El panorama mundial actual.
Unidad 1. Mundialización de la producción y el comercio.
A.1. Los factores de la producción
1.1. Economía y población.
1.1.1. La población mundial. Perfil cuantitativo y cualitativo. (1)
1.1.2. El empleo en el mundo (2)
1.1.3. Las migraciones internacionales. Países de origen y destino. Consecuencias para países expulsores y receptores.(3)
1.1.4. Índice de Desarrollo Humano (4)
1.2. Recursos naturales.
1.2.1. Agua. Escasez y disponibilidad mundiales. (5)
1.2.2. Ecosistemas y biodiversidad. Servicios ecosistémicos (usos de los ecosistemas para la producción). (5)
1.3. El capital productivo
1.3.1. Localización de la inversión (7)
1.3.2. El flujo de la inversión extranjera directa
B.1. La estructura de la producción
1.4. La producción de materias primas.
1.4.1. Alimentación mundial. Oferta, demanda, precios y comercio. (Agricultura, ganadería y pesca). (8)
1.4.2. La base energética del sistema. Oferta, demanda, precios y comercio. (Recursos fósiles y energías renovables). (9)
1.5. La producción de bienes industriales
1.5.1. Manufacturas de alto valor agregado. Oferta, demanda, precios y comercio –intraindustria-. (10)
1.5.2. Manufacturas intensivas en fuerza de trabajo. Oferta, demanda, precios y comercio.
1.6. La producción de servicios (11)
1.6.1. Servicios de alto valor agregado. Oferta, demanda, precios y comercio.
1.6.2. Servicios intensivos en fuerza de trabajo. Oferta, demanda, precios y comercio.
1.7. El papel de las empresas transnacionales. (12)
1.7.1. Participación en la producción mundial
1.7.2. Participación en el comercio mundial y comercio intrafirma.
1.8. Externalidades de la producción mundial (13)
1.8.1. El cambio climático y sus consecuencias económicas
1.8.2. Instrumentos de regulación sobre el cambio climático
Unidad 2. Bloques económicos y perspectiva económica regional
2.1. La integración económica: una introducción. (14)
2.2. América del Norte
2.2.1. Estados Unidos y sus desequilibrios (15)
2.2.2. El TLCAN. (16)
2.3. Europa
2.3.1 Unión Europea y zona euro. (17)
2.3.2. Las economías en transición
2.4. Asia
2.4.1. China (18)
2.4.2. India. (19)
2.5. América central y del Sur
2.5.1. Desempeño estructural de las economías latinoamericanas (20)
Unidad 3. La regulación económica mundial.
3.1. El sistema financiero internacional.
3.1.1. El Banco Mundial (21)
3.1.2. El Fondo Monetario Internacional (22)
3.2. La Organización Mundial de Comercio (23)
3.2.1. El comercio de bienes industriales
3.2.2. El comercio agrícola
3.2.3. El comercio de servicios
3.2.4. Patentes y propiedad intelectual.
3.3. Los acuerdos para disminuir el deterioro de los ecosistemas. (24)
3.3.1. El protocolo de Kioto
3.4. La cooperación al desarrollo (25)
Desarrollo del curso
Método de desarrollo de las sesiones: una exposición inicial a cargo de los alumnos, la cual será conducida por los profesores quienes expondrán las conclusiones de cada tema.
Para cada sesión se entregará, con la antelación necesaria, la bibliografía correspondiente.
Después de cada sesión se entregará un ensayo de una cuartilla a partir de las exposiciones y de la lectura obligatoria por clase.
Se requiere una asistencia mínima al 85% de las clases.
Contacto con los profesores: ciromr@economia.unam.mx y erika2310@gmail.com
Materiales: http://profesorciromurayama.blogspot.com
Estructura Económica Mundial Actual (la crisis en curso)
Profesor titular: Dr. Ciro Murayama
Profesora adjunta: Erika Rojas
Introducción al curso. El panorama mundial actual.
Unidad 1. Mundialización de la producción y el comercio.
A.1. Los factores de la producción
1.1. Economía y población.
1.1.1. La población mundial. Perfil cuantitativo y cualitativo. (1)
1.1.2. El empleo en el mundo (2)
1.1.3. Las migraciones internacionales. Países de origen y destino. Consecuencias para países expulsores y receptores.(3)
1.1.4. Índice de Desarrollo Humano (4)
1.2. Recursos naturales.
1.2.1. Agua. Escasez y disponibilidad mundiales. (5)
1.2.2. Ecosistemas y biodiversidad. Servicios ecosistémicos (usos de los ecosistemas para la producción). (5)
1.3. El capital productivo
1.3.1. Localización de la inversión (7)
1.3.2. El flujo de la inversión extranjera directa
B.1. La estructura de la producción
1.4. La producción de materias primas.
1.4.1. Alimentación mundial. Oferta, demanda, precios y comercio. (Agricultura, ganadería y pesca). (8)
1.4.2. La base energética del sistema. Oferta, demanda, precios y comercio. (Recursos fósiles y energías renovables). (9)
1.5. La producción de bienes industriales
1.5.1. Manufacturas de alto valor agregado. Oferta, demanda, precios y comercio –intraindustria-. (10)
1.5.2. Manufacturas intensivas en fuerza de trabajo. Oferta, demanda, precios y comercio.
1.6. La producción de servicios (11)
1.6.1. Servicios de alto valor agregado. Oferta, demanda, precios y comercio.
1.6.2. Servicios intensivos en fuerza de trabajo. Oferta, demanda, precios y comercio.
1.7. El papel de las empresas transnacionales. (12)
1.7.1. Participación en la producción mundial
1.7.2. Participación en el comercio mundial y comercio intrafirma.
1.8. Externalidades de la producción mundial (13)
1.8.1. El cambio climático y sus consecuencias económicas
1.8.2. Instrumentos de regulación sobre el cambio climático
Unidad 2. Bloques económicos y perspectiva económica regional
2.1. La integración económica: una introducción. (14)
2.2. América del Norte
2.2.1. Estados Unidos y sus desequilibrios (15)
2.2.2. El TLCAN. (16)
2.3. Europa
2.3.1 Unión Europea y zona euro. (17)
2.3.2. Las economías en transición
2.4. Asia
2.4.1. China (18)
2.4.2. India. (19)
2.5. América central y del Sur
2.5.1. Desempeño estructural de las economías latinoamericanas (20)
Unidad 3. La regulación económica mundial.
3.1. El sistema financiero internacional.
3.1.1. El Banco Mundial (21)
3.1.2. El Fondo Monetario Internacional (22)
3.2. La Organización Mundial de Comercio (23)
3.2.1. El comercio de bienes industriales
3.2.2. El comercio agrícola
3.2.3. El comercio de servicios
3.2.4. Patentes y propiedad intelectual.
3.3. Los acuerdos para disminuir el deterioro de los ecosistemas. (24)
3.3.1. El protocolo de Kioto
3.4. La cooperación al desarrollo (25)
Desarrollo del curso
Método de desarrollo de las sesiones: una exposición inicial a cargo de los alumnos, la cual será conducida por los profesores quienes expondrán las conclusiones de cada tema.
Para cada sesión se entregará, con la antelación necesaria, la bibliografía correspondiente.
Después de cada sesión se entregará un ensayo de una cuartilla a partir de las exposiciones y de la lectura obligatoria por clase.
Se requiere una asistencia mínima al 85% de las clases.
Contacto con los profesores: ciromr@economia.unam.mx y erika2310@gmail.com
Materiales: http://profesorciromurayama.blogspot.com
viernes, 5 de febrero de 2010
¿Ciudadano virtuoso, político bajo sospecha? (05/02/2010)
¿Ciudadano virtuoso, político bajo sospecha?
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 5 de Febrero, 2010
El Presidente de la república convocó, en un artículo publicado en diversos diarios de circulación nacional el pasado miércoles 2 de febrero, “a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos y especialistas, a los trabajadores, a los estudiantes, a los empresarios, a los activistas y a los militantes de todos los partidos políticos, a quienes participan en las llamadas redes sociales en internet y a todos los ciudadanos a participar en la discusión de la reforma política”, y a expresarse con claridad y contundencia. “Trato de optar, en esta nota, por lo primero, por exponer con claridad mis reservas frente a los argumentos en que se apoya la iniciativa”.
El titular del Ejecutivo federal insiste en que los diez puntos de reforma política que presentó al Congreso de la Unión tienen el objetivo último de fortalecer a la ciudadanía, como si la extensión de la democracia y la creación de ciudadanía en alguna parte del mundo no hubiesen implicado también el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas que hacen viable y estable al propio régimen democrático: los partidos políticos. No hay que ir muy lejos: el voto ciudadano contó y se contó en México cuando se edificó un auténtico sistema de partidos políticos en plural. Sin la existencia de organizaciones como el propio Partido Acción Nacional y como el Partido de la Revolución Democrática, difícilmente habríamos presenciado una ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos. Por ello, suponer que partidos fuertes implican ciudadanos débiles, y viceversa, es una falacia. Miremos, si no, otras experiencias en América Latina: ahí donde los derechos políticos –pues de eso se trata toda reforma política– están más cuestionados o en riesgo, también son más frágiles los partidos políticos, como ocurrió en el Perú de Fujimori o sucede en la Venezuela de Chávez.
En su artículo, el presidente afirma: “Es claro que la ciudadanía exige nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes. Quiere gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas, que transparenten nítidamente su gasto y estén comprometidos con la gente.” Sin embargo, nada de esto contiene la iniciativa directamente. La idea de que los alcaldes puedan presentarse a la reelección no los obliga a la transparencia, si acaso los expone al no voto ante un eventual siguiente mandato, pero la posibilidad de reelección no es sinónimo per se de rendición de cuentas. Más aún, la frase citada al inicio de este párrafo va en contrasentido con decisiones recientes del propio Ejecutivo al impugnar resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información en materia de transparencia o al acudir a la Suprema Corte de Justicia –como hizo la PGR– a solicitar que se dé el visto bueno a normas que van contra la entrega expedita de información a los ciudadanos. Para fortalecer la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información en manos de las instituciones públicas, sería bastante con un compromiso explícito del gobierno con la legislación vigente en la materia.
Por otra parte, una de las propuestas controvertidas es la de abrir espacio a las candidaturas independientes. “Se trata –dice el Presidente– de que los ciudadanos también puedan participar como candidatos o apoyar a los candidatos de su preferencia si no les satisfacen los que postulan los partidos políticos, siempre y cuando tales candidaturas independientes tengan el apoyo ciudadano adecuado”. En primer lugar, el “también” –que es un adición a algo– sobra: jamás ha habido un candidato que no sea ciudadano. Ahora, qué se entiende por “el apoyo ciudadano adecuado” no se precisa, ni se explica cómo se conjugan esas candidaturas con el mantenimiento de condiciones equitativas de la competencia, que es uno de los temas más sensibles de los procesos electorales contemporáneos.
Junto con la idea de las candidaturas independientes se propone fijar un porcentaje de votos mayor –duplicándolo, de 2 al 4 por ciento–para que un partido confirme su registro. Es decir, se dice que se quiere facilitar la participación individual en política, al tiempo que se dificulta la participación colectiva en las contiendas políticas. ¿A qué lógica responde ello? ¿A la que el ciudadano que participa él solo en política es virtuoso pero el que lo hace en una organización debe encontrar diques?
La argumentación para obstaculizar la vida de las organizaciones políticas minoritarias –es decir, las que es más fácil que empiecen a formar los ciudadanos que hoy no se identifican con los grandes partidos- es la siguiente: “Esta propuesta garantiza que un partido tenga una base ciudadana suficiente, y evita la suplantación de éstos por siglas que carecen de sustento y que además reciben recursos públicos”. Hoy todos los partidos que existen han tenido al menos 2 por ciento de los votos por ellos mismos. En el último proceso electoral, el partido que rebasó ese mínimo de manera menos holgada, Convergencia, obtuvo 822 mil votos de ciudadanos de carne y hueso. ¿No son base ciudadana suficiente 822 mil personas?
Tampoco el Ejecutivo explica por qué tiene la idea de que el Congreso no está funcionando, cuando prácticamente todas sus iniciativas han salido adelante –aunque con cambios, menores por cierto, como ocurre con la ley de ingresos y el presupuesto–.
Por las razones aquí expuestas, y en atención a la convocatoria del Presidente, mi conclusión es que ni el diagnóstico gubernamental es preciso ni las propuestas comentadas contribuirían a mejorar la calidad de nuestra democracia.
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 5 de Febrero, 2010
El Presidente de la república convocó, en un artículo publicado en diversos diarios de circulación nacional el pasado miércoles 2 de febrero, “a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos y especialistas, a los trabajadores, a los estudiantes, a los empresarios, a los activistas y a los militantes de todos los partidos políticos, a quienes participan en las llamadas redes sociales en internet y a todos los ciudadanos a participar en la discusión de la reforma política”, y a expresarse con claridad y contundencia. “Trato de optar, en esta nota, por lo primero, por exponer con claridad mis reservas frente a los argumentos en que se apoya la iniciativa”.
El titular del Ejecutivo federal insiste en que los diez puntos de reforma política que presentó al Congreso de la Unión tienen el objetivo último de fortalecer a la ciudadanía, como si la extensión de la democracia y la creación de ciudadanía en alguna parte del mundo no hubiesen implicado también el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas que hacen viable y estable al propio régimen democrático: los partidos políticos. No hay que ir muy lejos: el voto ciudadano contó y se contó en México cuando se edificó un auténtico sistema de partidos políticos en plural. Sin la existencia de organizaciones como el propio Partido Acción Nacional y como el Partido de la Revolución Democrática, difícilmente habríamos presenciado una ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos. Por ello, suponer que partidos fuertes implican ciudadanos débiles, y viceversa, es una falacia. Miremos, si no, otras experiencias en América Latina: ahí donde los derechos políticos –pues de eso se trata toda reforma política– están más cuestionados o en riesgo, también son más frágiles los partidos políticos, como ocurrió en el Perú de Fujimori o sucede en la Venezuela de Chávez.
En su artículo, el presidente afirma: “Es claro que la ciudadanía exige nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes. Quiere gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas, que transparenten nítidamente su gasto y estén comprometidos con la gente.” Sin embargo, nada de esto contiene la iniciativa directamente. La idea de que los alcaldes puedan presentarse a la reelección no los obliga a la transparencia, si acaso los expone al no voto ante un eventual siguiente mandato, pero la posibilidad de reelección no es sinónimo per se de rendición de cuentas. Más aún, la frase citada al inicio de este párrafo va en contrasentido con decisiones recientes del propio Ejecutivo al impugnar resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información en materia de transparencia o al acudir a la Suprema Corte de Justicia –como hizo la PGR– a solicitar que se dé el visto bueno a normas que van contra la entrega expedita de información a los ciudadanos. Para fortalecer la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información en manos de las instituciones públicas, sería bastante con un compromiso explícito del gobierno con la legislación vigente en la materia.
Por otra parte, una de las propuestas controvertidas es la de abrir espacio a las candidaturas independientes. “Se trata –dice el Presidente– de que los ciudadanos también puedan participar como candidatos o apoyar a los candidatos de su preferencia si no les satisfacen los que postulan los partidos políticos, siempre y cuando tales candidaturas independientes tengan el apoyo ciudadano adecuado”. En primer lugar, el “también” –que es un adición a algo– sobra: jamás ha habido un candidato que no sea ciudadano. Ahora, qué se entiende por “el apoyo ciudadano adecuado” no se precisa, ni se explica cómo se conjugan esas candidaturas con el mantenimiento de condiciones equitativas de la competencia, que es uno de los temas más sensibles de los procesos electorales contemporáneos.
Junto con la idea de las candidaturas independientes se propone fijar un porcentaje de votos mayor –duplicándolo, de 2 al 4 por ciento–para que un partido confirme su registro. Es decir, se dice que se quiere facilitar la participación individual en política, al tiempo que se dificulta la participación colectiva en las contiendas políticas. ¿A qué lógica responde ello? ¿A la que el ciudadano que participa él solo en política es virtuoso pero el que lo hace en una organización debe encontrar diques?
La argumentación para obstaculizar la vida de las organizaciones políticas minoritarias –es decir, las que es más fácil que empiecen a formar los ciudadanos que hoy no se identifican con los grandes partidos- es la siguiente: “Esta propuesta garantiza que un partido tenga una base ciudadana suficiente, y evita la suplantación de éstos por siglas que carecen de sustento y que además reciben recursos públicos”. Hoy todos los partidos que existen han tenido al menos 2 por ciento de los votos por ellos mismos. En el último proceso electoral, el partido que rebasó ese mínimo de manera menos holgada, Convergencia, obtuvo 822 mil votos de ciudadanos de carne y hueso. ¿No son base ciudadana suficiente 822 mil personas?
Tampoco el Ejecutivo explica por qué tiene la idea de que el Congreso no está funcionando, cuando prácticamente todas sus iniciativas han salido adelante –aunque con cambios, menores por cierto, como ocurre con la ley de ingresos y el presupuesto–.
Por las razones aquí expuestas, y en atención a la convocatoria del Presidente, mi conclusión es que ni el diagnóstico gubernamental es preciso ni las propuestas comentadas contribuirían a mejorar la calidad de nuestra democracia.
Transparencia incómoda. 29-I-10
Transparencia incómoda
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 29 de Enero, 2010
A la par que se conoció que la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el reconocimiento del matrimonio gay en el Distrito Federal, se hizo público (El Universal, 28/01/10) que la misma PGR pidió al máximo tribunal que avale una decisión del Congreso de Campeche en el sentido de que las determinaciones del órgano local de transparencia puedan ser impugnadas ante un tribunal de justicia. ¿Qué implica lo anterior? Que los avances registrados desde 2002 —cuando se aprobó la Ley Federal respectiva— y hasta 2007 —cuando se modificó el artículo 6° de la carta magna— para hacer de la transparencia y el acceso a la información derechos constitucionales, puedan volverse papel mojado. La Constitución establece que: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad” y, agrega: “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Este principio, válido a nivel federal se replica –o debería replicarse– en las entidades. Así, cuando una persona solicita información a las dependencias públicas y éstas la niegan, el ciudadano puede inconformarse ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) si se trata de un órgano del gobierno federal, o ante la comisión o instituto local de transparencia cuando se trata de entes públicos de nivel estatal o municipal. Con plazos acotados —que con dificultad superan los dos meses naturales—, los “órganos u organismos especializados e imparciales” deben determinar si la información ha de proporcionarse o no finalmente al ciudadano. Este procedimiento expedito es el que ha hecho que poco a poco distintos asuntos vayan viendo la luz pública, que diversa información no esté sólo al alcance de la burocracia, y que se abra paso a la noción de que las administraciones públicas no son patrimonio de quienes las encabezan.
Pues bien (habría que decir: pues mal), el Congreso de Campeche quiso poner un freno a las decisiones del órgano local de transparencia, y para ello aprobó una norma con la cual si alguna dependencia pública es instruida para que entregue información que considera reservada, tal dependencia pueda acudir ante el Tribunal Superior de Justicia del estado quien, finalmente, dirá la última palabra. Con lo anterior, dos principios constitucionales se ven afectados: se acaba con el procedimiento expedito —ya se sabe cómo son los tiempos en los órganos de impartición de justicia en este país— a la par que el veredicto queda en un tribunal ordinario mas no especializado como determina la carta magna. Esa reforma, aprobada por la mayoría priista en Campeche, fue impugnada por los diputados locales de Acción Nacional. Ahora, el procurador general de la República, adscrito a un Ejecutivo del propio PAN, hace causa contra la fracción panista de Campeche, poniéndose del lado de quienes buscan echar arena al engranaje de la transparencia.
Si la Corte llegara a avalar la reforma de Campeche, abriría las puertas para que, a nivel federal, las determinaciones del IFAI sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así, si un periodista, investigador, estudioso o ciudadano de a pie solicita información que una dependencia es renuente a entregar, y el IFAI se pone del lado del solicitante, luego éste tendrá que ir a un vía crucis jurídico, contratando abogados, presentando pruebas, acudiendo a audiencias, etcétera, para ganar un litigio jurídico en un tribunal con tal de hacerse con la información a la que hoy accede de forma ágil.
La decisión de la PGR no es del todo sorprendente, pues en este gobierno esa misma dependencia ya había promovido diferentes restricciones a las resoluciones del IFAI. Por ejemplo, fue renuente a entregar información sobre averiguaciones previas concluidas, a grado tal que impulsó una reforma al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales a raíz de la cual se estableció que no se aplicará el principio de máxima transparencia al contenido de las averiguaciones previas. Ese artículo, por cierto impugnado, al determinar una negativa general a entregar información, hace caso omiso al hecho de que la Constitución especifica que la información pública sólo puede ser reservada por un periodo de tiempo acotado (cabe decir, además, que frente a lo que se llegó a difundir, las resoluciones del pleno del IFAI nunca avalaron que se entregara información de averiguaciones previas en curso).
Asimismo, en este gobierno, diferentes dependencias federales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, llegaron a interponer recursos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de resoluciones del IFAI. Hasta enero de 2008, ese Tribunal desechó los recursos, en media docena de casos, al entender que no era competente para conocer de quejas de autoridades públicas en contra de la autoridad federal de transparencia. Después, cambios en la composición de los integrantes del Tribunal dieron lugar a que sí se diera entrada a una queja —de eso hace un año— y es la hora en que no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
Por fortuna, la Suprema Corte ya se ha hecho cargo de casos similares: en Querétaro se trató de fusionar al órgano local de transparencia con la Comisión de Derechos Humanos del estado, y el máximo tribunal determinó que ello contradecía el criterio constitucional de que es menester contar con un ente especializado en transparencia. Una vez que se conoce la postura del Ejecutivo contraria a la transparencia, hay que encomendarse —de forma laica— de nuevo a la palabra de la Corte.
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 29 de Enero, 2010
A la par que se conoció que la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el reconocimiento del matrimonio gay en el Distrito Federal, se hizo público (El Universal, 28/01/10) que la misma PGR pidió al máximo tribunal que avale una decisión del Congreso de Campeche en el sentido de que las determinaciones del órgano local de transparencia puedan ser impugnadas ante un tribunal de justicia. ¿Qué implica lo anterior? Que los avances registrados desde 2002 —cuando se aprobó la Ley Federal respectiva— y hasta 2007 —cuando se modificó el artículo 6° de la carta magna— para hacer de la transparencia y el acceso a la información derechos constitucionales, puedan volverse papel mojado. La Constitución establece que: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad” y, agrega: “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Este principio, válido a nivel federal se replica –o debería replicarse– en las entidades. Así, cuando una persona solicita información a las dependencias públicas y éstas la niegan, el ciudadano puede inconformarse ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) si se trata de un órgano del gobierno federal, o ante la comisión o instituto local de transparencia cuando se trata de entes públicos de nivel estatal o municipal. Con plazos acotados —que con dificultad superan los dos meses naturales—, los “órganos u organismos especializados e imparciales” deben determinar si la información ha de proporcionarse o no finalmente al ciudadano. Este procedimiento expedito es el que ha hecho que poco a poco distintos asuntos vayan viendo la luz pública, que diversa información no esté sólo al alcance de la burocracia, y que se abra paso a la noción de que las administraciones públicas no son patrimonio de quienes las encabezan.
Pues bien (habría que decir: pues mal), el Congreso de Campeche quiso poner un freno a las decisiones del órgano local de transparencia, y para ello aprobó una norma con la cual si alguna dependencia pública es instruida para que entregue información que considera reservada, tal dependencia pueda acudir ante el Tribunal Superior de Justicia del estado quien, finalmente, dirá la última palabra. Con lo anterior, dos principios constitucionales se ven afectados: se acaba con el procedimiento expedito —ya se sabe cómo son los tiempos en los órganos de impartición de justicia en este país— a la par que el veredicto queda en un tribunal ordinario mas no especializado como determina la carta magna. Esa reforma, aprobada por la mayoría priista en Campeche, fue impugnada por los diputados locales de Acción Nacional. Ahora, el procurador general de la República, adscrito a un Ejecutivo del propio PAN, hace causa contra la fracción panista de Campeche, poniéndose del lado de quienes buscan echar arena al engranaje de la transparencia.
Si la Corte llegara a avalar la reforma de Campeche, abriría las puertas para que, a nivel federal, las determinaciones del IFAI sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así, si un periodista, investigador, estudioso o ciudadano de a pie solicita información que una dependencia es renuente a entregar, y el IFAI se pone del lado del solicitante, luego éste tendrá que ir a un vía crucis jurídico, contratando abogados, presentando pruebas, acudiendo a audiencias, etcétera, para ganar un litigio jurídico en un tribunal con tal de hacerse con la información a la que hoy accede de forma ágil.
La decisión de la PGR no es del todo sorprendente, pues en este gobierno esa misma dependencia ya había promovido diferentes restricciones a las resoluciones del IFAI. Por ejemplo, fue renuente a entregar información sobre averiguaciones previas concluidas, a grado tal que impulsó una reforma al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales a raíz de la cual se estableció que no se aplicará el principio de máxima transparencia al contenido de las averiguaciones previas. Ese artículo, por cierto impugnado, al determinar una negativa general a entregar información, hace caso omiso al hecho de que la Constitución especifica que la información pública sólo puede ser reservada por un periodo de tiempo acotado (cabe decir, además, que frente a lo que se llegó a difundir, las resoluciones del pleno del IFAI nunca avalaron que se entregara información de averiguaciones previas en curso).
Asimismo, en este gobierno, diferentes dependencias federales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, llegaron a interponer recursos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de resoluciones del IFAI. Hasta enero de 2008, ese Tribunal desechó los recursos, en media docena de casos, al entender que no era competente para conocer de quejas de autoridades públicas en contra de la autoridad federal de transparencia. Después, cambios en la composición de los integrantes del Tribunal dieron lugar a que sí se diera entrada a una queja —de eso hace un año— y es la hora en que no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
Por fortuna, la Suprema Corte ya se ha hecho cargo de casos similares: en Querétaro se trató de fusionar al órgano local de transparencia con la Comisión de Derechos Humanos del estado, y el máximo tribunal determinó que ello contradecía el criterio constitucional de que es menester contar con un ente especializado en transparencia. Una vez que se conoce la postura del Ejecutivo contraria a la transparencia, hay que encomendarse —de forma laica— de nuevo a la palabra de la Corte.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
