Censo 2010: lo que no sabremos
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 22 de Enero, 2010
A pesar de que el debate público sobre la calidad del cuestionario del Censo General de Población y Vivienda 2010 apenas inició, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ha cerrado ya el listado de preguntas que se aplicarán entre el 31 de mayo y el 25 de junio próximos e incluso ha mandado a imprenta los cuestionarios. Si bien para fines del año pasado el INEGI consideró incluir sólo 23 preguntas en el cuestionario básico del censo –esto es, el que se aplicará a la totalidad de los hogares del país y captará la información de todos y cada uno de los habitantes–, finalmente el número se amplió este mes a 29 preguntas, en buena medida por los argumentos que esgrimieron diversos especialistas, como los agrupados en la Sociedad Mexicana de Demografía.
“El censo 2010 debe estar fuera de toda duda”, sostiene el titular del INEGI, Eduardo Sojo. Sin embargo, una revisión del cuestionario básico puede ayudar a conocer qué tan confiable será el censo como instrumento para generar suficiente información en áreas prioritarias. Centraré mis comentarios en cinco temas: ingreso, empleo, migración, población indígena y religión.
Ingreso. De acuerdo con Eduardo Sojo, “Con el método seguido se van a tener todas las variables que se obtuvieron en 2000, y se van a poder comparar con las variables de 2010. Este censo tiene mucho más elementos para medir la pobreza” (El Universal, 21-01-10). No obstante la afirmación transcrita, el cuestionario básico excluye la pregunta sobre el ingreso de las familias, que sí estuvo en el de hace 10 años. En el cuestionario básico de 2000 se preguntaba: “En total, ¿cuánto gana o recibe por su trabajo?” y se asentaba el monto correspondiente a la semana, quincena, mes o año de cada miembro del hogar que trabajara. ¿Cómo comparar la evolución de los ingresos del total de la población si ahora se omite la pregunta? ¿No es acaso el ingreso un determinante clave de la situación de pobreza? El titular del INEGI también considera que “el ingreso es muy difícil de captar en un censo aplicado a toda la población. Para este tema ofrece mayor confianza la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares” (íbid.). Sin embargo, es conocido que esa encuesta no capta a la población de mayores ingresos, por lo cual la dimensión real de la desigualdad no se conoce. El único método para allegarse elementos para captar esa realidad es un ejercicio censal. La decisión de INEGI para no hacer preguntas sobre ingreso al total de los hogares no nos permitirá conocer la verdadera cara de la desigualdad social en el país.
Empleo. Finalmente, el INEGI accedió a meter una pregunta sobre la condición de actividad de las personas, y ésta consiste en averiguar si la persona trabajó por lo menos una hora en la semana previa al censo o tenía trabajo pero no trabajó, o buscó trabajo, o es pensionada o jubilada, o es estudiante, o se dedica a los quehaceres del hogar, o tiene alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar o estaba en una situación diferente a las anteriores. Pues bien, una pregunta similar se hizo en el censo de 1990 y el 20 por ciento de la población económicamente activa femenina no fue captada, pues se requiere una “pregunta de control”, que sí se aplicó en 2000. Esa pregunta de control, inmediatamente después de la anterior, indagaba si la persona había ayudado en un negocio familiar, vendió algún producto, hizo algún producto para vender, ayudó trabajando en el campo o en la cría de animales o realizó otro tipo de actividad a cambio de un pago (lavó o planchó ajeno, cuidó coches). Al desaparecer esta pregunta de control puede haber deficiencias severas, similares a las de 1990. Además, en materia de empleo no se pregunta en dónde se trabaja (el campo, una fábrica, un taller mecánico), por lo que tampoco se conocerá bien a bien la estructura ocupacional del país ni la especialización económica regional.
Migración. A diferencia del censo de 2000, no se preguntará a todos los mexicanos el municipio de residencia de hace cinco años. Así, se captará sólo movilidad de una entidad a otra, lo cual puede dar lugar a inferencias equivocadas. Por ejemplo, si alguien que vivía en la colonia Del Valle en el DF se mudó a vivir a un fraccionamiento de Huixquilucan, en realidad no es un migrante, sino que realizó un mero movimiento intrametropolitano, y sigue viviendo en la misma zona urbana, pero el censo nos dirá que emigró del DF al Estado de México.
Población indígena. En este caso se consiguió que finalmente se repitieran las tres preguntas que tuvo el censo de 2000 (¿habla algún dialecto o lengua indígena?, ¿qué dialecto o lengua indígena habla? y ¿habla también español?), mas había un acuerdo inicial, surgido de la reunión nacional de investigación demográfica celebrado en Mérida en 2008, de captar pertenencia étnica en el cuestionario básico, cosa que no se hará.
Religión. Desde el pasado en el cuestionario básico se pregunta: ¿cuál es la religión?, infiriendo que todo mundo profesa una fe. Lo correcto sería preguntar si la persona tiene religión y, en caso de respuesta afirmativa, entonces cuestionar cuál. Esa deficiencia no se subsana, se repite.
Si el diseño de políticas públicas depende de la calidad de nuestra información estadística, vamos a tener serios problemas a partir de las omisiones del censo para acercarnos siquiera a conocer la realidad socioeconómica del país, sobre todo en materia de ingreso y empleo, nada más y nada menos en un país de profunda desigualdad social y con una severa crisis de empleo.
viernes, 22 de enero de 2010
PRD: Candidateando al enemigo. 15/01/10
PRD: Candidateando al enemigo
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 15 de Enero, 2010
No fue el 28 de diciembre cuando se hizo pública la noticia de que la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tamaulipas había registrado, como uno de sus precandidatos a la gubernatura de aquella fronteriza entidad, al empresario Lino Korrodi. Tampoco fue el día de los Santos Inocentes cuando la presidencia nacional del PRD confirmó la veracidad de la especie.
¿Qué implica que el PRD —con todo la mayor formación partidista identificada con la izquierda que ha existido en México— busque extender sus adhesiones a través de considerar la candidatura de Korrodi? Conviene, para ir tras esa respuesta, recordar los antecedentes del ahora precandidato.
Era el año 2000. Las campañas electorales por la búsqueda a la Presidencia estaban en su apogeo. Por primera vez en décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podía perder el Poder Ejecutivo frente a un aspirante opositor en rápido ascenso, Vicente Fox. A unos días de las elecciones de aquel lejano 2 de julio, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Ortega —sí, el mismo que hoy preside al sol azteca—, denunció que la campaña de Vicente Fox recibía apoyo de diversas empresas de carácter mercantil, e incluso desde el extranjero, lo cual está prohibido por la legislación electoral mexicana. Días después, el PRI hizo una acusación similar en la tribuna de la comisión permanente del Congreso de la Unión. En ambas denuncias se aludía a la participación, en la trama de financiamiento paralelo, de empresas mercantiles propiedad de un señor de nombre Lino Korrodi.
El IFE inició la investigación sobre la supuesta trama de financiamiento ilegal y realizó pesquisas a lo largo de un año, tratando de allegarse información tanto de los partidos que habían impulsado a Fox —el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, así como de particulares presumiblemente involucrados y de las autoridades financieras y hacendarias del país. Los partidos declararon que no habían recibido recursos de fuentes prohibidas, los particulares se negaron a comparecer ante el IFE y las autoridades alegaron que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no les permitían entregar información a la autoridad electoral, por lo que el IFE hubo de cerrar en una primera instancia sus indagatorias. Hubo de recurrirse tal decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE se tuvo que presentar como tercer interesado en distintos juicios de amparo y fue menester que el asunto llegara a la Suprema Corte para que fluyera la información que permitiría determinar si, en efecto, había habido una red de financiamiento oculto y, por tanto ilegal, a la campaña de Vicente Fox. La conclusión, tras casi tres años de investigación sorteando obstáculos legales y políticos fue que sí, que en efecto el candidato del PAN y del PVEM se benefició de dinero proveniente de fuentes prohibidas.
En concreto, la documentación bancaria a la que accedió el IFE demostró, entre otras cosas, las siguientes (para una revisión exhaustiva del caso se puede consultar el libro que Lorenzo Córdova escribió junto con el autor de esta nota, titulado Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, 2006): que tres empresas propiedad de Lino Korrodi transfirieron importantes sumas de dinero (la empresa ST & K un total de $765,657 pesos; la empresa K-Beta un monto de $9,625,606 pesos, y la empresa Grupo Alta Tecnología de Impresos la suma de $3,402,321 pesos) a las cuentas de Carlota y Laura Robinson, las cuales, a su vez, canalizaron esos montos —y otros captados de la cuenta del PAN en el Senado de la República— a la asociación civil Amigos de Vicente Fox y al fideicomiso Para el Desarrollo de la Democracia en México que, junto con otros actores —como la asociación Éxito con Fox—, gastaron hasta 91.2 millones de pesos en las actividades proselitistas del candidato Fox.
Los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista se hicieron merecedores de una sanción de las autoridades electorales por 399 millones de pesos y por 98.7 millones respectivamente. Fue la primera vez en México, y una de las pocas ocasiones en el mundo, en que el partido político gobernante recibe una sanción por incurrir en una trama de financiamiento ilegal en la campaña del presidente en funciones.
Hoy la dirigencia del PRD estudia hacer su candidato al cerebro de esa red de financiamiento ilegal que benefició a un partido político rival y que llevó a la derecha al gobierno de México. ¿Es que en el PRD se aprecia no el valor de la conducta moral de Korrodi sino el éxito de su actuación? ¿El PRD en vez de estar orgulloso por denunciar y ver cómo se sancionó una operación de financiamiento político ilegal, se siente decepcionado porque dicha trama no fue fraguada en sus filas y a su favor? ¿Es que el PRD considera que no hay entre sus militantes tamaulipecos nadie con más atributos políticos? ¿Acaso en el PRD se siente tan distante de los problemas de una entidad tan sometida a la violencia del narco, como es Tamaulipas, como para proponer a un “empresario” de ese perfil? ¿O es que, como en la película El día de la marmota, cada amanecer viene ocurriendo en la misma fecha y estamos atrapados en el 28 de diciembre y esto no es más que una mala broma?
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 15 de Enero, 2010
No fue el 28 de diciembre cuando se hizo pública la noticia de que la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tamaulipas había registrado, como uno de sus precandidatos a la gubernatura de aquella fronteriza entidad, al empresario Lino Korrodi. Tampoco fue el día de los Santos Inocentes cuando la presidencia nacional del PRD confirmó la veracidad de la especie.
¿Qué implica que el PRD —con todo la mayor formación partidista identificada con la izquierda que ha existido en México— busque extender sus adhesiones a través de considerar la candidatura de Korrodi? Conviene, para ir tras esa respuesta, recordar los antecedentes del ahora precandidato.
Era el año 2000. Las campañas electorales por la búsqueda a la Presidencia estaban en su apogeo. Por primera vez en décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podía perder el Poder Ejecutivo frente a un aspirante opositor en rápido ascenso, Vicente Fox. A unos días de las elecciones de aquel lejano 2 de julio, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Ortega —sí, el mismo que hoy preside al sol azteca—, denunció que la campaña de Vicente Fox recibía apoyo de diversas empresas de carácter mercantil, e incluso desde el extranjero, lo cual está prohibido por la legislación electoral mexicana. Días después, el PRI hizo una acusación similar en la tribuna de la comisión permanente del Congreso de la Unión. En ambas denuncias se aludía a la participación, en la trama de financiamiento paralelo, de empresas mercantiles propiedad de un señor de nombre Lino Korrodi.
El IFE inició la investigación sobre la supuesta trama de financiamiento ilegal y realizó pesquisas a lo largo de un año, tratando de allegarse información tanto de los partidos que habían impulsado a Fox —el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, así como de particulares presumiblemente involucrados y de las autoridades financieras y hacendarias del país. Los partidos declararon que no habían recibido recursos de fuentes prohibidas, los particulares se negaron a comparecer ante el IFE y las autoridades alegaron que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no les permitían entregar información a la autoridad electoral, por lo que el IFE hubo de cerrar en una primera instancia sus indagatorias. Hubo de recurrirse tal decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE se tuvo que presentar como tercer interesado en distintos juicios de amparo y fue menester que el asunto llegara a la Suprema Corte para que fluyera la información que permitiría determinar si, en efecto, había habido una red de financiamiento oculto y, por tanto ilegal, a la campaña de Vicente Fox. La conclusión, tras casi tres años de investigación sorteando obstáculos legales y políticos fue que sí, que en efecto el candidato del PAN y del PVEM se benefició de dinero proveniente de fuentes prohibidas.
En concreto, la documentación bancaria a la que accedió el IFE demostró, entre otras cosas, las siguientes (para una revisión exhaustiva del caso se puede consultar el libro que Lorenzo Córdova escribió junto con el autor de esta nota, titulado Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, 2006): que tres empresas propiedad de Lino Korrodi transfirieron importantes sumas de dinero (la empresa ST & K un total de $765,657 pesos; la empresa K-Beta un monto de $9,625,606 pesos, y la empresa Grupo Alta Tecnología de Impresos la suma de $3,402,321 pesos) a las cuentas de Carlota y Laura Robinson, las cuales, a su vez, canalizaron esos montos —y otros captados de la cuenta del PAN en el Senado de la República— a la asociación civil Amigos de Vicente Fox y al fideicomiso Para el Desarrollo de la Democracia en México que, junto con otros actores —como la asociación Éxito con Fox—, gastaron hasta 91.2 millones de pesos en las actividades proselitistas del candidato Fox.
Los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista se hicieron merecedores de una sanción de las autoridades electorales por 399 millones de pesos y por 98.7 millones respectivamente. Fue la primera vez en México, y una de las pocas ocasiones en el mundo, en que el partido político gobernante recibe una sanción por incurrir en una trama de financiamiento ilegal en la campaña del presidente en funciones.
Hoy la dirigencia del PRD estudia hacer su candidato al cerebro de esa red de financiamiento ilegal que benefició a un partido político rival y que llevó a la derecha al gobierno de México. ¿Es que en el PRD se aprecia no el valor de la conducta moral de Korrodi sino el éxito de su actuación? ¿El PRD en vez de estar orgulloso por denunciar y ver cómo se sancionó una operación de financiamiento político ilegal, se siente decepcionado porque dicha trama no fue fraguada en sus filas y a su favor? ¿Es que el PRD considera que no hay entre sus militantes tamaulipecos nadie con más atributos políticos? ¿Acaso en el PRD se siente tan distante de los problemas de una entidad tan sometida a la violencia del narco, como es Tamaulipas, como para proponer a un “empresario” de ese perfil? ¿O es que, como en la película El día de la marmota, cada amanecer viene ocurriendo en la misma fecha y estamos atrapados en el 28 de diciembre y esto no es más que una mala broma?
jueves, 14 de enero de 2010
Censo para ocultar la pobreza, 13/01/10
El Universal
Ciro Murayama
Censo para ocultar la pobreza
13 de enero de 2010
El 2010 es año de bicentenario de la Independencia y, por ello, el Censo Nacional de Población y Vivienda que ha de levantarse ahora, como en cada inicio de década desde 1900, debería ser el instrumento por excelencia del Estado mexicano para conocernos como sociedad, como nación, para identificar nuestra riqueza poblacional, pero también nuestros déficit sociales y las áreas prioritarias de acción en materia de bienestar.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, sin embargo, el primero que aplicará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su calidad de autónomo, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos que se le han conferido.
La Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) manifestó el 15 de diciembre que ve “con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica”.
La argumentación oficial para recortar preguntas al censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Ello llama la atención porque la Junta de Gobierno del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística elaboró en septiembre del año anterior su anteproyecto de presupuesto —solicitando un total de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010 (Acuerdo 7ª/II/2009), de los que se destinarían 4 mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda—; luego, la Cámara de Diputados aprobó, para el INEGI, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, ¡lo mismo que el Instituto había considerado conveniente! Si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del INEGI.
Como si hubiese algo más importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real de la desigualdad social que las encuestas no captan —pues simplemente no llegan a los estratos de más altos ingresos—.
Asimismo, el cuestionario básico del Censo, que se aplica en todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral.
La exclusión de preguntas sobre ingreso y condición de actividad es grave porque a partir de esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias estadísticas, públicas y privadas, por venir.
Peor aún, los responsables del Censo de Población y Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer —menos todavía sobre hijos sobrevivientes—, con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las que hace el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Se descarta en el Censo, también, recabar información sobre migración en nuestro territorio a nivel de municipio.
Otra omisión se refiere a la pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro de la diversidad étnica.
Esa información se pretende obtener a través del cuestionario extenso, que se aplicará sólo en localidades con más de 50 mil habitantes, cuando es de todos sabido que una característica de las poblaciones indígenas es su dispersión.
En cambio, los responsables del Censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido.
El Censo del Bicentenario, con estas deficiencias, puede ser un retroceso frente a ejercicios previos. Como señalan los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, el diseño de este censo “afecta de manera muy importante el alcance de esta fuente de información estadística en materia de planeación y definición de políticas públicas”.
Es menester que se recapacite, incluso que el Censo se posponga para 2011, si ello implica hacerlo bien. En este delicado tema, a diferencia de lo que reza el eslogan, México no parece contar con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Ciro Murayama
Censo para ocultar la pobreza
13 de enero de 2010
El 2010 es año de bicentenario de la Independencia y, por ello, el Censo Nacional de Población y Vivienda que ha de levantarse ahora, como en cada inicio de década desde 1900, debería ser el instrumento por excelencia del Estado mexicano para conocernos como sociedad, como nación, para identificar nuestra riqueza poblacional, pero también nuestros déficit sociales y las áreas prioritarias de acción en materia de bienestar.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, sin embargo, el primero que aplicará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su calidad de autónomo, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos que se le han conferido.
La Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) manifestó el 15 de diciembre que ve “con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica”.
La argumentación oficial para recortar preguntas al censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Ello llama la atención porque la Junta de Gobierno del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística elaboró en septiembre del año anterior su anteproyecto de presupuesto —solicitando un total de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010 (Acuerdo 7ª/II/2009), de los que se destinarían 4 mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda—; luego, la Cámara de Diputados aprobó, para el INEGI, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, ¡lo mismo que el Instituto había considerado conveniente! Si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del INEGI.
Como si hubiese algo más importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real de la desigualdad social que las encuestas no captan —pues simplemente no llegan a los estratos de más altos ingresos—.
Asimismo, el cuestionario básico del Censo, que se aplica en todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral.
La exclusión de preguntas sobre ingreso y condición de actividad es grave porque a partir de esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias estadísticas, públicas y privadas, por venir.
Peor aún, los responsables del Censo de Población y Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer —menos todavía sobre hijos sobrevivientes—, con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las que hace el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Se descarta en el Censo, también, recabar información sobre migración en nuestro territorio a nivel de municipio.
Otra omisión se refiere a la pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro de la diversidad étnica.
Esa información se pretende obtener a través del cuestionario extenso, que se aplicará sólo en localidades con más de 50 mil habitantes, cuando es de todos sabido que una característica de las poblaciones indígenas es su dispersión.
En cambio, los responsables del Censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido.
El Censo del Bicentenario, con estas deficiencias, puede ser un retroceso frente a ejercicios previos. Como señalan los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, el diseño de este censo “afecta de manera muy importante el alcance de esta fuente de información estadística en materia de planeación y definición de políticas públicas”.
Es menester que se recapacite, incluso que el Censo se posponga para 2011, si ello implica hacerlo bien. En este delicado tema, a diferencia de lo que reza el eslogan, México no parece contar con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
viernes, 8 de enero de 2010
La crisis sigue aquí. 8-I-2010
La crisis sigue aquí
Ciro Murayama | Opinión
Es natural que, tras una caída tan drástica del Producto Interno Bruto como la que registró el año pasado la economía mexicana, el ritmo de la desaceleración productiva se modere y que, incluso, haya cierta recuperación. Pero esas señales lejos estarán de anunciar el fin de la crisis y, mucho menos aún, de los perniciosos efectos sociales de la misma a pesar de que en el discurso oficial se apueste por las buenas nuevas con la misma fe con que se viene anunciando, de forma sistemática y a lo largo de los últimos 15 meses, que lo peor ya quedó atrás.
Para empezar, habrá que atender a indicadores económicos reales, pues finalmente la crisis está afectando sobre todo a la calidad de vida de las familias, por lo que las cifras nominales en todo caso complementan lo que importa: el ingreso y el empleo de la gente. En este sentido, la última cifra proporcionada por el INEGI nos dijo que para el tercer trimestre de 2009 alcanzamos cerca de tres millones de desempleados abiertos (dos millones 925 mil), es decir, un millón más que al cerrar 2008. Nunca habíamos generado tantos desempleados tan rápido. Cada uno de esos desempleados es un drama individual, con extensión al grupo familiar, que no puede dejar de considerarse como relevante porque hay quien otea ciertas "señales" de que la economía va mejor.
Es indispensable atender al tema del desempleo porque está evidenciando destrucción productiva y desaprovechamiento de las capacidades de cientos de miles de trabajadores calificados, que ya habían sido recibidos en el mercado de trabajo, acumulado experiencia, y que ahora se encuentran excluidos de la posibilidad de contribuir a generar riqueza para el país y de llevar ingreso y sustento a los suyos. De hecho, de los casi tres millones de desempleados que se reconocen oficialmente en el país, sólo 273 mil, menos de la décima parte, no cuentan con experiencia laboral previa. Asimismo, la caída del número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social durante 2009 implica que buena parte de los empleos de la mejor calidad se perdieron, y que el desempleo dejó de hacer distingos por perfil educativo y ahora se ceba también sobre los individuos y familias que más invirtieron en su "capital humano". Para noviembre de 2009 había afiliados al IMSS 400 mil trabajadores permanentes menos que los que se alcanzaron en octubre de 2008, antes del inicio de la crisis.
Desde el gobierno se ha llegado a argumentar que la tasa de desempleo mexicana, con todo, es menor a la de países desarrollados. Sin embargo, una primera diferencia gruesa consiste en que aquí no hay protección al desempleo (en España, por ejemplo, si bien ha crecido el número de desempleados de manera acelerada con la crisis, hoy son menos los españoles desocupados sin ningún tipo de ingreso a través de los programas públicos que los que había antes del inicio de la crisis). Pero además, nuestra tasa de desempleo es baja sólo en apariencia. Si se profundiza un poco más y se compara el número de desempleados abiertos (oficiales) con el número de trabajadores afiliados a la seguridad social, nuestra tasa de desempleo formal (desempleados formales —2.9 millones— sobre ocupados formales —14.2 millones—) es del 20 por ciento (leyó usted bien, veinte por ciento). Esto quiere decir que hay un desempleado por cada cinco trabajadores en pleno goce de sus derechos laborales. Una de las cifras históricas más altas del mundo e, insisto, sin que existan redes de seguridad social para garantizar el ingreso de las familias cuyos trabajadores son echados a la calle o cuyos negocios han quebrado.
Una de las razones por las que la tasa de desempleo es en apariencia baja es porque, tradicionalmente, estar desocupado es un lujo que muy pocos pueden darse. Así, las personas que no tienen ahorros, ni apoyo familiar, y no encuentran empleo, se vuelcan a la informalidad para asegurar algún tipo de ingreso. Eso hace que el número oficial de "ocupados" sea alto aunque en realidad sea gente sin un empleo propiamente dicho ni en los términos que prevén la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. No obstante, en la actual coyuntura las posibilidades de encontrar ocupación en el sector informal también se achican: hay un límite para el número de vendedores ambulantes, cuidadores de coches, lavadoras de ropa ajena, etcétera, sobre todo si quienes les compran los bienes o requieren de sus servicios también han visto caer su ingreso. Para decirlo en una palabra, la economía informal también depende del crecimiento económico y ante la ausencia de éste las actividades informales pueden extenderse, pero con un límite al que podemos haber llegado ya.
Empleo no hay y buenos salarios tampoco. El bochornoso incremento del salario mínimo aprobado a final de 2009 resulta, en términos reales, negativo (esto es, descontando el incremento de precios). Eso en particular si se toma en cuenta la dinámica de los bienes básicos y del bien salario por excelencia, que son los alimentos. Además, como el salario mínimo sirve como indicador o como ancla para fijar los salarios medios de la economía, la masa salarial total en el país continuará contrayéndose.
Con estos datos, dudo que algún televidente fuese persuadido por la idea de que "vamos en el camino correcto" como pretende el presidente Calderón.
Ciro Murayama | Opinión
Es natural que, tras una caída tan drástica del Producto Interno Bruto como la que registró el año pasado la economía mexicana, el ritmo de la desaceleración productiva se modere y que, incluso, haya cierta recuperación. Pero esas señales lejos estarán de anunciar el fin de la crisis y, mucho menos aún, de los perniciosos efectos sociales de la misma a pesar de que en el discurso oficial se apueste por las buenas nuevas con la misma fe con que se viene anunciando, de forma sistemática y a lo largo de los últimos 15 meses, que lo peor ya quedó atrás.
Para empezar, habrá que atender a indicadores económicos reales, pues finalmente la crisis está afectando sobre todo a la calidad de vida de las familias, por lo que las cifras nominales en todo caso complementan lo que importa: el ingreso y el empleo de la gente. En este sentido, la última cifra proporcionada por el INEGI nos dijo que para el tercer trimestre de 2009 alcanzamos cerca de tres millones de desempleados abiertos (dos millones 925 mil), es decir, un millón más que al cerrar 2008. Nunca habíamos generado tantos desempleados tan rápido. Cada uno de esos desempleados es un drama individual, con extensión al grupo familiar, que no puede dejar de considerarse como relevante porque hay quien otea ciertas "señales" de que la economía va mejor.
Es indispensable atender al tema del desempleo porque está evidenciando destrucción productiva y desaprovechamiento de las capacidades de cientos de miles de trabajadores calificados, que ya habían sido recibidos en el mercado de trabajo, acumulado experiencia, y que ahora se encuentran excluidos de la posibilidad de contribuir a generar riqueza para el país y de llevar ingreso y sustento a los suyos. De hecho, de los casi tres millones de desempleados que se reconocen oficialmente en el país, sólo 273 mil, menos de la décima parte, no cuentan con experiencia laboral previa. Asimismo, la caída del número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social durante 2009 implica que buena parte de los empleos de la mejor calidad se perdieron, y que el desempleo dejó de hacer distingos por perfil educativo y ahora se ceba también sobre los individuos y familias que más invirtieron en su "capital humano". Para noviembre de 2009 había afiliados al IMSS 400 mil trabajadores permanentes menos que los que se alcanzaron en octubre de 2008, antes del inicio de la crisis.
Desde el gobierno se ha llegado a argumentar que la tasa de desempleo mexicana, con todo, es menor a la de países desarrollados. Sin embargo, una primera diferencia gruesa consiste en que aquí no hay protección al desempleo (en España, por ejemplo, si bien ha crecido el número de desempleados de manera acelerada con la crisis, hoy son menos los españoles desocupados sin ningún tipo de ingreso a través de los programas públicos que los que había antes del inicio de la crisis). Pero además, nuestra tasa de desempleo es baja sólo en apariencia. Si se profundiza un poco más y se compara el número de desempleados abiertos (oficiales) con el número de trabajadores afiliados a la seguridad social, nuestra tasa de desempleo formal (desempleados formales —2.9 millones— sobre ocupados formales —14.2 millones—) es del 20 por ciento (leyó usted bien, veinte por ciento). Esto quiere decir que hay un desempleado por cada cinco trabajadores en pleno goce de sus derechos laborales. Una de las cifras históricas más altas del mundo e, insisto, sin que existan redes de seguridad social para garantizar el ingreso de las familias cuyos trabajadores son echados a la calle o cuyos negocios han quebrado.
Una de las razones por las que la tasa de desempleo es en apariencia baja es porque, tradicionalmente, estar desocupado es un lujo que muy pocos pueden darse. Así, las personas que no tienen ahorros, ni apoyo familiar, y no encuentran empleo, se vuelcan a la informalidad para asegurar algún tipo de ingreso. Eso hace que el número oficial de "ocupados" sea alto aunque en realidad sea gente sin un empleo propiamente dicho ni en los términos que prevén la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. No obstante, en la actual coyuntura las posibilidades de encontrar ocupación en el sector informal también se achican: hay un límite para el número de vendedores ambulantes, cuidadores de coches, lavadoras de ropa ajena, etcétera, sobre todo si quienes les compran los bienes o requieren de sus servicios también han visto caer su ingreso. Para decirlo en una palabra, la economía informal también depende del crecimiento económico y ante la ausencia de éste las actividades informales pueden extenderse, pero con un límite al que podemos haber llegado ya.
Empleo no hay y buenos salarios tampoco. El bochornoso incremento del salario mínimo aprobado a final de 2009 resulta, en términos reales, negativo (esto es, descontando el incremento de precios). Eso en particular si se toma en cuenta la dinámica de los bienes básicos y del bien salario por excelencia, que son los alimentos. Además, como el salario mínimo sirve como indicador o como ancla para fijar los salarios medios de la economía, la masa salarial total en el país continuará contrayéndose.
Con estos datos, dudo que algún televidente fuese persuadido por la idea de que "vamos en el camino correcto" como pretende el presidente Calderón.
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