Futbol, mercado y derechos laborales
Ciro Murayama | Opinión
Quedan 111 días para que inicie el Mundial de Sudáfrica 2010. Antes de que comience a rodar el balón en el partido inaugural entre la selección local y el representativo de México, habrá comenzado —empezó desde hace tiempo— el gran espectáculo del negocio que es el futbol organizado en el orbe entero. Entretenimiento masivo, distractor popular, fiesta colectiva, deporte de multitudes, señal de identidad, patria chica —o grande—para los aficionados, el futbol es al mismo tiempo un gran y complejo mercado económico. Todos los agentes que encontramos en cualquier industria globalizada se dan cita en el futbol —aunque, por supuesto, no en el terreno de juego— e incluso más: grandes y pequeñas firmas —equipos—, con departamentos de planeación, estrategia, compras, ventas, mercadotecnia; mercados con espacio bien definido por un lado —los estadios, con su oferta “inelástica” de butacas para los espectadores, y consumidores que ante la escasez de lugares disputan el bien escaso (el boleto de entrada) a precios al alza (con frecuencia a través del negocio de la reventa)— o mercados cuasi virtuales, con la participación de consorcios de comunicación locales e internacionales comprando derechos de transmisión y vendiendo publicidad; mercados paralelos de venta de camisetas, bufandas, distintivos de los equipos; mercados de apuestas legales y clandestinas; negocios delincuenciales —como el lavado de dinero en la compra de jugadores con precios “inflados”—; un complicado mercado de trabajo, repleto de agentes e intermediarios, adquiriendo y poniendo a subasta una mercancía peculiar: a los jugadores y su talento. En fin, microeconomía y macroeconomía, todo eso es la economía del futbol.
Como gran industria, el futbol no es ajeno a la globalización. El futbol se ha globalizado por el avance en la tecnología, por el desarrollo de los medios de comunicación. Las lejanas ligas que se disputan en el viejo continente están cada fin de semana en las pantallas televisivas de los hogares de Asia, América Latina, África, como si del torneo local se tratara. Los consumidores pagan canales restringidos y consumen promocionales de cerveza Heineken en los lugares más remotos para seguir la Liga de Campeones de Europa los días martes y miércoles. Los grandes equipos hacen sus pretemporadas en Japón y, con cada vez mayor frecuencia, en China, donde se venden por miles de millares las camisetas con los nombres de Kaká o Messi. Esos jugadores hoy son tan populares ante los niños del globo entero como lo fue el Pirata Fuente en el Puerto de Veracruz a mediados del siglo pasado.
Como gran industria, el futbol necesita regulación y, como en todo negocio, los intereses más poderosos son renuentes a cualquier restricción a su “libertad” de comercio. El futbol es un ejemplo, un tema, de la economía de nuestro tiempo. Por ejemplo, en el curso que está por concluir cayeron las operaciones de compra-venta de jugadores por el efecto de la crisis global; en España, la liga “de las estrellas” resintió —salvo el Real Madrid, excepción que confirma la regla y firma que hay que seguir con lupa— el batacazo de la “economía del ladrillo”, pues los presidentes de equipos de primera división —los Nuñez, los Gil, los Londoiro, los Sanz, los Mendoza, los Gaspar— son dueños de empresas constructoras e inmobiliarias (por cierto, uno de los sectores que mueve más dinero negro —esto es, no declarado al fisco— en el país ibérico).
Con todo, hay ciertas regulaciones nacionales —y en el caso de Europa, comunitarias— que ponen diques a las decisiones de los grandes clubes y que, en ocasiones, tratan de hacer valer la legalidad general sobre los criterios de la FIFA y de las federaciones locales de futbol. (Un ejemplo doméstico: hay quien pretendió que en nuestra liga de primera división se tratara como mexicano de segunda a todo aquel connacional que no lo fuese por nacimiento y que, en consecuencia, fuera tratado como extranjero a la hora de alinear). Con frecuencia, la pretendida autorregulación de los equipos del futbol —en efecto, la misma pretensión que tienen los medios de comunicación y muchos otros actores económicos— quiere anular disposiciones de observancia general, pero las excepciones se buscan, sobre todo, para hacer nugatorios los derechos laborales de los futbolistas o de los equipos de menores recursos.
Un caso que sentará un precedente importante ocurrió esta misma semana (véase El País, 17/03/10, p. 46): el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó al equipo inglés Newcastle a pagar una compensación al Lyon de Francia por haber contratado a un jugador de la cantera, llamado Olivier Bernard, en cuya formación el cuadro galo había invertido. Si el criterio principal hubiese sido la libertad de mercado, la sanción no habría podido prosperar: el Newcastle vio a un jugador talentoso, le hizo una oferta y el futbolista se fue con el mejor postor (maximizó su beneficio, se diría en las escuelas de economía). El Tribunal, no obstante, favoreció al interés del club que preparó al jugador y que, a pesar de ello, no tuvo ocasión de obtener retorno alguno por su inversión. Ahora bien, el Tribunal sólo impuso un pago como multa (53 mil euros), pero a la vez desechó los alegatos del Lyon que, basándose en el estatuto francés de futbol profesional alegaba que era ilegal que el jugador se fuera a otro equipo sin el consentimiento de aquel en el que militó un tiempo. La disposición legal francesa que prohíbe a un jugador de la cantera jugar en otro club si se lo impide su primer equipo es excesiva y contraria a la libertad de movilidad de los trabajadores. El Tribunal fue mesurado: no es válido que los clubes grandes sin más se lleven a los jugadores que han formado otros, pero el derecho a jugar y a contratarse es del jugador, mas no del equipo que se asume como “dueño” del futbolista. En México, los futbolistas siguen siendo “peones acasillados”, pero ya habrá ocasión de ir a ese tema con más tiempo y espacio.
Mostrando entradas con la etiqueta Artículos en La Crónica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Artículos en La Crónica. Mostrar todas las entradas
viernes, 9 de abril de 2010
El desencanto. 12-03-2010
El desencanto
Ciro Murayama | Opinión
El ensayo novelado de José Woldenberg, El desencanto (Cal y Arena, México, 2009, 386 pp.), es una reflexión sobre la vida política de México a lo largo de las últimas tres décadas y sobre lo que ha sido la izquierda en nuestro país en ese dilatado periodo. El libro conjuga la biografía política de un personaje, Manuel —quien se incorpora a la militancia para impulsar el sindicalismo universitario en los setenta, luego se suma a la tarea de la unificación de los partidos de la izquierda hasta llegar al PRD, y más tarde se dedica a la construcción de las instituciones que hicieron viable la expansión del sistema pluripartidista que sustituyó al régimen de partido hegemónico—, con un conjunto de ensayos sobre distintos autores clave del siglo XX —Arthur Koestler, Howard Fast, André Gide, Ignazio Silone, George Orwell, José Revueltas y Víctor Serge—, quienes, en distintos momentos y países, abrazan el sueño comunista para luego despertar en la pesadilla de los autoritarismos de izquierda. Es un libro que tiene los pies en México y la mirada en el mundo.
La noción del desencanto arraiga tanto en Manuel como en la experiencia vital de los autores cuya obra y reflexiones acerca de la militancia, el partido y la causa son visitadas y reconstruidas por José Woldenberg. En el caso de Manuel, el desencanto tiene cuatro momentos decisivos, aunque los nutrientes son más: primero, el movimiento estudiantil del CEU en la segunda mitad de los años ochenta, que más que defender derechos —universales— defendió privilegios —de unos cuantos—; segundo, la incapacidad del PRD para desplegar en los primeros años de historia de ese partido una discusión genuina para trazar la línea política y, en cambio, la decisión colectiva y abrumadoramente mayoritaria de ceder al dictado de la palabra del líder, del infalible, del caudillo; tercero, la obnubilación de parte de la izquierda mexicana ante el alzamiento zapatista y el coqueteo abierto con la vía violenta como método transformación y, cuarto, la mentira que significó inventar la existencia de un fraude electoral en las votaciones presidenciales de 2006.
Ofrezco como aperitivo, como invitación a la lectura completa del más reciente libro de Woldenberg, algunos de mis subrayados:
* “Política sin ética es puro pragmatismo; y ética sin política es puro diletantismo” (p. 16).
* “No nos gustaba la vida política del país: vertical monopartidista, antidemocrática. No nos gustaban los medios de comunicación: oficialistas, serviles. No nos gustaba la oceánica desigualdad social que marcaba a México. Pero por ello, la actividad política tenía miga y creíamos que podíamos cambiar” (p. 42).
* “Lo bueno de la política reformista —solía decir Manuel— es que convierte en celebración cada paso que da” (p. 18).
* “No se trataba de adherirse a grandes causas inasibles, de compartir los anhelos de grupos intangibles, sino de trabajar todos los días por algo que se encontraba al alcance de la mano. Y de esa manera se edificaba en tierra firme, un sustrato material para la militancia política” (p. 26).
* “A la izquierda le ha hecho mucho mal subordinar o intentar subordinar a los intelectuales. Y no hay nada más triste que un intelectual que se asume como correa de transmisión de los dictados partidiarios. Le hace un flaco favor a la causa y a sí mismo” (p. 156).
* “Entre soberbios, irresponsables, sumisos y vándalos no es fácil hacer política” (p. 32).
* “No se trata de hacer a un lado la evaluación de la estrategia gubernamental en la cual se reproducen fraudes electorales, campañas de desprestigio contra el PRD, marrullerías de todo tipo, sino de asumir una serie de responsabilidades que deberían derivar de compromisos democráticos del PRD. Para decirlo de otra forma: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, puede ser un espléndido ejercicio de autoengaño, pero sobre todo, un expediente para privar al PRD del momento de reflexión y readecuación de su política que la situación parece demandar” (p. 212).
* “La única variable que nosotros podemos controlar es nuestra conducta y nuestros dichos, y desplegar sólo una política reactiva es hacerle el juego a los enemigos” (p. 208).
* “Los medios nunca son anodinos. Modelan a los fines y a quienes los utilizan (…) Una vez que se toman las armas, éstas pueden ser usadas contra los enemigos, los adversarios, los inocentes, los compañeros y los amigos. Esa lógica-ilógica no falla nunca” (p. 60).
* “La guerra, su lógica y su lenguaje sólo pueden ofrecerle al país un reguero de destrucción” (p. 284).
* “La Iglesia tuvo su Inquisición para perseguir a los herejes. La izquierda no la necesita, cada uno de nosotros es una Inquisición” (p. 96).
* “Era desalentador ver cómo el candidato primero acuñó la tesis del fraude y luego, como si fuera un sultán, una corte de seguidores empezó a construir las más descabelladas versiones de cómo había sucedido. En 1984 el Gran Hermano, infalible, primero expresa lo que quiere oír y luego el aparato se encarga de que escuche lo que quiere escuchar” (p. 373).
* “Porque autonomía de juicio y pertenencia a una comunidad de la fe resultan antónimos. La primera es subversiva al poner en duda las certidumbres consagradas —argamasa que cohesiona a los creyentes—, mientras la segunda necesita y reclama sumisión, integración y adoración” (p. 322).
* “Y ya lo sabemos: las evidencias empíricas no trastocan las certezas del creyente, las explicaciones racionales no carcomen la fe. La duda es el principal corrosivo de las verdades reveladas, y quien se aleja del círculo de los ‘verdaderos’, de los devotos, es tratado como hereje, como apóstata, renegado” (p. 321).
* “La izquierda cursó un periplo unificador complejo, pero productivo. Fue acicate y beneficiaria de los cambios democratizadores y sin embargo su compromiso democrático no acaba de asentarse. O a veces esa impresión proyecta” (p. 372).
* “Somos la generación del desencanto, hemos hecho mucho ruido y nuestras nueces están podridas” (p. 12).
Ciro Murayama | Opinión
El ensayo novelado de José Woldenberg, El desencanto (Cal y Arena, México, 2009, 386 pp.), es una reflexión sobre la vida política de México a lo largo de las últimas tres décadas y sobre lo que ha sido la izquierda en nuestro país en ese dilatado periodo. El libro conjuga la biografía política de un personaje, Manuel —quien se incorpora a la militancia para impulsar el sindicalismo universitario en los setenta, luego se suma a la tarea de la unificación de los partidos de la izquierda hasta llegar al PRD, y más tarde se dedica a la construcción de las instituciones que hicieron viable la expansión del sistema pluripartidista que sustituyó al régimen de partido hegemónico—, con un conjunto de ensayos sobre distintos autores clave del siglo XX —Arthur Koestler, Howard Fast, André Gide, Ignazio Silone, George Orwell, José Revueltas y Víctor Serge—, quienes, en distintos momentos y países, abrazan el sueño comunista para luego despertar en la pesadilla de los autoritarismos de izquierda. Es un libro que tiene los pies en México y la mirada en el mundo.
La noción del desencanto arraiga tanto en Manuel como en la experiencia vital de los autores cuya obra y reflexiones acerca de la militancia, el partido y la causa son visitadas y reconstruidas por José Woldenberg. En el caso de Manuel, el desencanto tiene cuatro momentos decisivos, aunque los nutrientes son más: primero, el movimiento estudiantil del CEU en la segunda mitad de los años ochenta, que más que defender derechos —universales— defendió privilegios —de unos cuantos—; segundo, la incapacidad del PRD para desplegar en los primeros años de historia de ese partido una discusión genuina para trazar la línea política y, en cambio, la decisión colectiva y abrumadoramente mayoritaria de ceder al dictado de la palabra del líder, del infalible, del caudillo; tercero, la obnubilación de parte de la izquierda mexicana ante el alzamiento zapatista y el coqueteo abierto con la vía violenta como método transformación y, cuarto, la mentira que significó inventar la existencia de un fraude electoral en las votaciones presidenciales de 2006.
Ofrezco como aperitivo, como invitación a la lectura completa del más reciente libro de Woldenberg, algunos de mis subrayados:
* “Política sin ética es puro pragmatismo; y ética sin política es puro diletantismo” (p. 16).
* “No nos gustaba la vida política del país: vertical monopartidista, antidemocrática. No nos gustaban los medios de comunicación: oficialistas, serviles. No nos gustaba la oceánica desigualdad social que marcaba a México. Pero por ello, la actividad política tenía miga y creíamos que podíamos cambiar” (p. 42).
* “Lo bueno de la política reformista —solía decir Manuel— es que convierte en celebración cada paso que da” (p. 18).
* “No se trataba de adherirse a grandes causas inasibles, de compartir los anhelos de grupos intangibles, sino de trabajar todos los días por algo que se encontraba al alcance de la mano. Y de esa manera se edificaba en tierra firme, un sustrato material para la militancia política” (p. 26).
* “A la izquierda le ha hecho mucho mal subordinar o intentar subordinar a los intelectuales. Y no hay nada más triste que un intelectual que se asume como correa de transmisión de los dictados partidiarios. Le hace un flaco favor a la causa y a sí mismo” (p. 156).
* “Entre soberbios, irresponsables, sumisos y vándalos no es fácil hacer política” (p. 32).
* “No se trata de hacer a un lado la evaluación de la estrategia gubernamental en la cual se reproducen fraudes electorales, campañas de desprestigio contra el PRD, marrullerías de todo tipo, sino de asumir una serie de responsabilidades que deberían derivar de compromisos democráticos del PRD. Para decirlo de otra forma: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, puede ser un espléndido ejercicio de autoengaño, pero sobre todo, un expediente para privar al PRD del momento de reflexión y readecuación de su política que la situación parece demandar” (p. 212).
* “La única variable que nosotros podemos controlar es nuestra conducta y nuestros dichos, y desplegar sólo una política reactiva es hacerle el juego a los enemigos” (p. 208).
* “Los medios nunca son anodinos. Modelan a los fines y a quienes los utilizan (…) Una vez que se toman las armas, éstas pueden ser usadas contra los enemigos, los adversarios, los inocentes, los compañeros y los amigos. Esa lógica-ilógica no falla nunca” (p. 60).
* “La guerra, su lógica y su lenguaje sólo pueden ofrecerle al país un reguero de destrucción” (p. 284).
* “La Iglesia tuvo su Inquisición para perseguir a los herejes. La izquierda no la necesita, cada uno de nosotros es una Inquisición” (p. 96).
* “Era desalentador ver cómo el candidato primero acuñó la tesis del fraude y luego, como si fuera un sultán, una corte de seguidores empezó a construir las más descabelladas versiones de cómo había sucedido. En 1984 el Gran Hermano, infalible, primero expresa lo que quiere oír y luego el aparato se encarga de que escuche lo que quiere escuchar” (p. 373).
* “Porque autonomía de juicio y pertenencia a una comunidad de la fe resultan antónimos. La primera es subversiva al poner en duda las certidumbres consagradas —argamasa que cohesiona a los creyentes—, mientras la segunda necesita y reclama sumisión, integración y adoración” (p. 322).
* “Y ya lo sabemos: las evidencias empíricas no trastocan las certezas del creyente, las explicaciones racionales no carcomen la fe. La duda es el principal corrosivo de las verdades reveladas, y quien se aleja del círculo de los ‘verdaderos’, de los devotos, es tratado como hereje, como apóstata, renegado” (p. 321).
* “La izquierda cursó un periplo unificador complejo, pero productivo. Fue acicate y beneficiaria de los cambios democratizadores y sin embargo su compromiso democrático no acaba de asentarse. O a veces esa impresión proyecta” (p. 372).
* “Somos la generación del desencanto, hemos hecho mucho ruido y nuestras nueces están podridas” (p. 12).
sábado, 6 de marzo de 2010
Prostitución, política anticrimen y economía. 5-III-2010
Prostitución, política anticrimen y economía
Ciro Murayama | Opinión
Hace unos años, el libro Freakonomics (la economía freak o la economía inesperada, podríamos traducirlo), del economista Steven D. Levitt y del periodista y escritor Stephen J. Dubner, se convirtió en un éxito de ventas mundial. En aquel libro, valiéndose de técnicas econométricas, los autores ofrecieron explicaciones que en una primera instancia resultarían inverosímiles, sobre temas variados. Sugerían, por ejemplo, que es más riesgoso dejar ir a los hijos a una fiesta en casa de amigos que tengan alberca que a una casa con armas de fuego; expusieron que los vendedores callejeros de droga viven con sus madres porque ganan muy poco dinero; demostraron que los profesores de enseñanza básica en Estados Unidos tienen en común con los luchadores de sumo de Japón el hacer trampas en sus respectivas profesiones, y revelaron que la disminución del crimen en las ciudades norteamericanas se debió no a la estrategia policial, sino a la legalización del aborto dos décadas antes. Los autores insistían: describimos el mundo tal cual es, no como quisiéramos que fuese. El libro ganó adeptos aquí y allá y sus conclusiones sirvieron para amenizar múltiples sobremesas.
En 2009 Levitt y Dubner publicaron una nueva entrega de sus observaciones, con el título de Superfreakonomics. El caso con el que abren este nuevo libro es un estudio sobre la prostitución en Estados Unidos: ofrecen una explicación a partir de consideraciones económicas de cómo opera un negocio que es, como el narcotráfico, ilegal. ¿Qué podemos saber de ese mercado que, pesar de ser contrario a las leyes, perdura por los siglos de los siglos? ¿Nos puede ese estudio dar alguna luz sobre la viabilidad de la estrategia que sigue nuestro gobierno para combatir otro mercado ilegal, como es el del narcotráfico?
Como señalan los autores, desde tiempos inmemoriales, en todo el mundo, los hombres han querido más sexo del que pueden tener gratis. De ahí que inevitablemente emerja una oferta de mujeres que, por determinado precio, están prestas a satisfacer la demanda. (Observación número uno para nuestros fines en términos de extraer conclusiones aplicables al mercado del narco: ahí donde hay demanda, habrá oferta).
Hace un siglo en Estados Unidos había 200 mil mujeres dedicadas a la prostitución, constituían “el ejército del vicio”. Se trataba de una de cada 110 mujeres entre los veinte y los cuarenta años de edad. En aquella época, narran Levitt y Dubner, cuando la prostitución fue criminalizada, el grueso de la energía política se dirigió contra las prostitutas, más que contra los clientes. Esa decisión condujo a la escasez del servicio (sexual en este caso) y en economía, cuando hay escasez, los precios suben y ello atrae a más oferentes. (Observaciones 2 y 3: si la política genera escasez el precio se incrementa; y cuando lo anterior ocurre hay más gente interesada en entrar a un negocio de buenos dividendos).
La información estadística recolectada en el estudio revela que los ingresos de las prostitutas han caído –en promedio– dramáticamente. ¿Por qué? La respuesta está en la competencia a la que se enfrentan. Esa competencia proviene, en buena medida, de la liberación sexual (se ha hecho más común el “sexo casual”, así como los “amigos con derechos”), de tal suerte que si el 20 por ciento de los hombres nacidos entre 1933 y 1942 tuvieron su primera experiencia sexual con una prostituta, el porcentaje ha caído al 5 por ciento en la generación actual (y ello no es porque ahora se cuide la virginidad hasta el altar, pues los estadunidenses con relaciones sexuales prematrimoniales pasaron del 33 al 70 por ciento). Dicen Levitt y Dubner que si la prostitución hubiese sido una industria como cualquier otra, habría contratado sus empresas cabilderas (a sus lobbystas) para que presionaran e hicieran una ley contra la liberación sexual, contra el sexo libre. (Observación 4: la prohibición de la liberalización de ciertos bienes y servicios beneficia a quienes, por debajo del agua, surten al mercado).
Cabe ahora hacer referencia a la persecución policial a la prostitución. De acuerdo con Superfreakonomics, una prostituta en la ciudad de Chicago podrá ofrecer sus servicios 450 veces antes de ser arrestada. Y sólo uno de cada diez arrestos conduce a una sentencia. Así que, en los hechos, hay escaso combate de las autoridades a la prostitución. ¿Se debe ello a que la policía no sabe dónde tiene lugar el mercado sexual? No. El problema es de otro tipo, que nos puede sonar más familiar. La información recolectada en el estudio indica que alrededor del 3 por ciento del total de los servicios sexuales prestados por las prostitutas fueron gratis, de gorra (cachuchazo), practicados a oficiales de la policía. Cuando una prostituta está por ser arrestada, ella tiene algo que ofrecer: sexo. Los autores concluyen que es más probable, de acuerdo con las estadísticas, que una prostituta tenga sexo con un policía antes de que sea arrestada por él. (Observación 5: el problema del agente principal, como le llaman los economistas, hace que la agencia —la autoridad— encargada de poner orden sea capturada por quien debe ser regulado).
Después de este breve repaso, ¿qué futuro tiene la guerra contra el narco? El que ya conocemos: 1) mientras haya quien demande droga –aquí o en Estados Unidos, si se quiere ya en Europa, pues globalizados vivimos– habrá quien la ofrezca; 2) la escasez de estupefacientes sube sus precios; 3) esos precios al alza están atrayendo nuevos actores, nuevos cárteles; 4) la prohibición de la droga es funcional a quienes la ofrecen de manera ilegal; 5) es más factible que un policía consuma una dosis de droga a que detenga a un narcotraficante, y la imbricación entre criminales y autoridades no cesa.
Como dirían Levitt y Dubner: no es lo que quisiéramos, sino lo que es.
Ciro Murayama | Opinión
Hace unos años, el libro Freakonomics (la economía freak o la economía inesperada, podríamos traducirlo), del economista Steven D. Levitt y del periodista y escritor Stephen J. Dubner, se convirtió en un éxito de ventas mundial. En aquel libro, valiéndose de técnicas econométricas, los autores ofrecieron explicaciones que en una primera instancia resultarían inverosímiles, sobre temas variados. Sugerían, por ejemplo, que es más riesgoso dejar ir a los hijos a una fiesta en casa de amigos que tengan alberca que a una casa con armas de fuego; expusieron que los vendedores callejeros de droga viven con sus madres porque ganan muy poco dinero; demostraron que los profesores de enseñanza básica en Estados Unidos tienen en común con los luchadores de sumo de Japón el hacer trampas en sus respectivas profesiones, y revelaron que la disminución del crimen en las ciudades norteamericanas se debió no a la estrategia policial, sino a la legalización del aborto dos décadas antes. Los autores insistían: describimos el mundo tal cual es, no como quisiéramos que fuese. El libro ganó adeptos aquí y allá y sus conclusiones sirvieron para amenizar múltiples sobremesas.
En 2009 Levitt y Dubner publicaron una nueva entrega de sus observaciones, con el título de Superfreakonomics. El caso con el que abren este nuevo libro es un estudio sobre la prostitución en Estados Unidos: ofrecen una explicación a partir de consideraciones económicas de cómo opera un negocio que es, como el narcotráfico, ilegal. ¿Qué podemos saber de ese mercado que, pesar de ser contrario a las leyes, perdura por los siglos de los siglos? ¿Nos puede ese estudio dar alguna luz sobre la viabilidad de la estrategia que sigue nuestro gobierno para combatir otro mercado ilegal, como es el del narcotráfico?
Como señalan los autores, desde tiempos inmemoriales, en todo el mundo, los hombres han querido más sexo del que pueden tener gratis. De ahí que inevitablemente emerja una oferta de mujeres que, por determinado precio, están prestas a satisfacer la demanda. (Observación número uno para nuestros fines en términos de extraer conclusiones aplicables al mercado del narco: ahí donde hay demanda, habrá oferta).
Hace un siglo en Estados Unidos había 200 mil mujeres dedicadas a la prostitución, constituían “el ejército del vicio”. Se trataba de una de cada 110 mujeres entre los veinte y los cuarenta años de edad. En aquella época, narran Levitt y Dubner, cuando la prostitución fue criminalizada, el grueso de la energía política se dirigió contra las prostitutas, más que contra los clientes. Esa decisión condujo a la escasez del servicio (sexual en este caso) y en economía, cuando hay escasez, los precios suben y ello atrae a más oferentes. (Observaciones 2 y 3: si la política genera escasez el precio se incrementa; y cuando lo anterior ocurre hay más gente interesada en entrar a un negocio de buenos dividendos).
La información estadística recolectada en el estudio revela que los ingresos de las prostitutas han caído –en promedio– dramáticamente. ¿Por qué? La respuesta está en la competencia a la que se enfrentan. Esa competencia proviene, en buena medida, de la liberación sexual (se ha hecho más común el “sexo casual”, así como los “amigos con derechos”), de tal suerte que si el 20 por ciento de los hombres nacidos entre 1933 y 1942 tuvieron su primera experiencia sexual con una prostituta, el porcentaje ha caído al 5 por ciento en la generación actual (y ello no es porque ahora se cuide la virginidad hasta el altar, pues los estadunidenses con relaciones sexuales prematrimoniales pasaron del 33 al 70 por ciento). Dicen Levitt y Dubner que si la prostitución hubiese sido una industria como cualquier otra, habría contratado sus empresas cabilderas (a sus lobbystas) para que presionaran e hicieran una ley contra la liberación sexual, contra el sexo libre. (Observación 4: la prohibición de la liberalización de ciertos bienes y servicios beneficia a quienes, por debajo del agua, surten al mercado).
Cabe ahora hacer referencia a la persecución policial a la prostitución. De acuerdo con Superfreakonomics, una prostituta en la ciudad de Chicago podrá ofrecer sus servicios 450 veces antes de ser arrestada. Y sólo uno de cada diez arrestos conduce a una sentencia. Así que, en los hechos, hay escaso combate de las autoridades a la prostitución. ¿Se debe ello a que la policía no sabe dónde tiene lugar el mercado sexual? No. El problema es de otro tipo, que nos puede sonar más familiar. La información recolectada en el estudio indica que alrededor del 3 por ciento del total de los servicios sexuales prestados por las prostitutas fueron gratis, de gorra (cachuchazo), practicados a oficiales de la policía. Cuando una prostituta está por ser arrestada, ella tiene algo que ofrecer: sexo. Los autores concluyen que es más probable, de acuerdo con las estadísticas, que una prostituta tenga sexo con un policía antes de que sea arrestada por él. (Observación 5: el problema del agente principal, como le llaman los economistas, hace que la agencia —la autoridad— encargada de poner orden sea capturada por quien debe ser regulado).
Después de este breve repaso, ¿qué futuro tiene la guerra contra el narco? El que ya conocemos: 1) mientras haya quien demande droga –aquí o en Estados Unidos, si se quiere ya en Europa, pues globalizados vivimos– habrá quien la ofrezca; 2) la escasez de estupefacientes sube sus precios; 3) esos precios al alza están atrayendo nuevos actores, nuevos cárteles; 4) la prohibición de la droga es funcional a quienes la ofrecen de manera ilegal; 5) es más factible que un policía consuma una dosis de droga a que detenga a un narcotraficante, y la imbricación entre criminales y autoridades no cesa.
Como dirían Levitt y Dubner: no es lo que quisiéramos, sino lo que es.
México: paraíso bancario. 26-II-2010
México: paraíso bancario
Ciro Murayama | Opinión
Casi de manera simultánea conocimos dos datos reveladores de la situación económica de México, que podrían parecer contradictorios pero que más bien son muestra fiel de la estructura productiva, de acumulación de beneficios y de poder económico en el país. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puso en negro sobre blanco las cifras del descalabro económico de México en 2009, con una contracción del PIB de 6.5 puntos porcentuales frente a 2008; y por el otro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo público que, en el mismo periodo, las utilidades de la banca privada en el país aumentaron 10.95 por ciento, esto es, en 62 mil 068 millones de pesos.
De acuerdo con el INEGI, la contracción de la actividad económica general se debió a un desempeño en el PIB del sector industrial de menos 7.3 por ciento, a una reducción del 6.6 por ciento en el valor generado en el sector servicios y a una expansión de 1.8 por ciento en 2009 de las actividades primarias. Lo anterior ilustra que fue el sector más moderno de la economía, el dedicado a la transformación, el que se vio más afectado por la crisis. Los servicios, donde se emplea el grueso de la fuerza de trabajo de nuestro país también tuvo una severa disminución y sólo el sector más tradicional, menos productivo, el que concentra a la menor cantidad de trabajadores, como es el primario –agro y actividades extractivas– tuvo una actividad favorable, si bien su situación es de estancamiento. Para que una economía tenga un tropiezo tan grande deben ocurrir varias cosas a la vez, como la caída del consumo privado –las familias compran menos, porque ven reducir su ingreso y pierden sus fuentes de empleo, porque el crédito no es suficiente o es caro, y porque sus expectativas sobre el futuro no son halagüeñas, por ejemplo–, así como una reducción de la inversión de las empresas –que no tienen perspectivas de mejoras de ventas y por lo tanto disminuyen su acumulación de inventarios y se resisten a iniciar nuevos proyectos o no cuentan con los recursos para hacerlo–, además de que hay una caída del componente externo de la demanda agregada, y el gasto del gobierno no alcanza a compensar esas tendencias negativas. En suma, puede decirse que una crisis de demanda y producción, como la que tenemos, se ve agravada por el papel del sector financiero, que no capta ahorro para trasladarlo a proyectos productivos y que, por sus altos costos, tampoco contribuye al consumo familiar.
¿Cómo es posible que en un escenario de empresarios en apuros y de familias empobrecidas, que son los generadores de ahorro y también los deudores del sistema financiero, crezca la utilidad de la banca? Sin duda estamos ante un fenómeno de incremento de transferencias de ingresos de las unidades económicas privadas –negocios e individuos– a las instituciones bancarias, bien a través de un diferencial aún muy alto entre los intereses que paga la banca y los que cobra, así como por el cobro excesivo de comisiones por manejo y servicios.
En el panorama actual, ¿qué incentivos tendrá la banca privada en México para hacerse más eficiente, para prestar más al sector productivo, para captar más ahorro, para aumentar el nivel de bancarización, en fin, para cumplir con su fin principal que es llevar de manera eficiente recursos a las actividades productivas si, en plena crisis económica, está en jauja? La banca puede mantenerse con los patrones de actuación que viene desarrollando en los últimos años, de espaldas a la necesidad de crecimiento e innovación productiva de la economía, pues al final sus libros siempre están en números negros, sus utilidades superan a las de las casas matrices de las instituciones en el extranjero, e incluso les permiten contribuir a contrarrestar las pérdidas en los países centrales. Todo ello a pesar de que los indicadores de eficiencia del desempeño de la banca en México vayan a la cola de la OCDE. La lógica de ganancias privadas y pérdidas públicas se vuelve a hacer patente en nuestro caso.
Lo anterior ocurre sin que, desde las autoridades económicas de México, se dé la más mínima reacción ante el hecho de que la ineficiencia y el abuso de un sector estén dañando al conjunto del tejido productivo y lesionando al bienestar general de las familias, ya sea como ahorradoras o como deudoras de la banca.
Mientras tanto, en el mundo entero se abre paso la discusión política de cómo volver a regular a la banca, de cómo evitar que el dejar hacer, dejar pasar, genere nuevos episodios de derroche privado y destrucción productiva, de cómo incluso limitar sueldos y beneficios estratosféricos, en suma, de cómo hacer para que la búsqueda del lucro individual no comprometa al progreso colectivo. Pero en nuestros circuitos de toma de decisiones económicas –muy cercanos a los diagnósticos y percepciones de quienes siguen incrementando sus ganancias–, ese debate se da por inexistente. He ahí otra paradoja: para los paladines de la apertura y el liberalismo económicos, lo único en lo que somos autárquicos es en el pensamiento y la reflexión intelectual que pueden comprometer los intereses de los nacidos para ganar.
Ciro Murayama | Opinión
Casi de manera simultánea conocimos dos datos reveladores de la situación económica de México, que podrían parecer contradictorios pero que más bien son muestra fiel de la estructura productiva, de acumulación de beneficios y de poder económico en el país. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puso en negro sobre blanco las cifras del descalabro económico de México en 2009, con una contracción del PIB de 6.5 puntos porcentuales frente a 2008; y por el otro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo público que, en el mismo periodo, las utilidades de la banca privada en el país aumentaron 10.95 por ciento, esto es, en 62 mil 068 millones de pesos.
De acuerdo con el INEGI, la contracción de la actividad económica general se debió a un desempeño en el PIB del sector industrial de menos 7.3 por ciento, a una reducción del 6.6 por ciento en el valor generado en el sector servicios y a una expansión de 1.8 por ciento en 2009 de las actividades primarias. Lo anterior ilustra que fue el sector más moderno de la economía, el dedicado a la transformación, el que se vio más afectado por la crisis. Los servicios, donde se emplea el grueso de la fuerza de trabajo de nuestro país también tuvo una severa disminución y sólo el sector más tradicional, menos productivo, el que concentra a la menor cantidad de trabajadores, como es el primario –agro y actividades extractivas– tuvo una actividad favorable, si bien su situación es de estancamiento. Para que una economía tenga un tropiezo tan grande deben ocurrir varias cosas a la vez, como la caída del consumo privado –las familias compran menos, porque ven reducir su ingreso y pierden sus fuentes de empleo, porque el crédito no es suficiente o es caro, y porque sus expectativas sobre el futuro no son halagüeñas, por ejemplo–, así como una reducción de la inversión de las empresas –que no tienen perspectivas de mejoras de ventas y por lo tanto disminuyen su acumulación de inventarios y se resisten a iniciar nuevos proyectos o no cuentan con los recursos para hacerlo–, además de que hay una caída del componente externo de la demanda agregada, y el gasto del gobierno no alcanza a compensar esas tendencias negativas. En suma, puede decirse que una crisis de demanda y producción, como la que tenemos, se ve agravada por el papel del sector financiero, que no capta ahorro para trasladarlo a proyectos productivos y que, por sus altos costos, tampoco contribuye al consumo familiar.
¿Cómo es posible que en un escenario de empresarios en apuros y de familias empobrecidas, que son los generadores de ahorro y también los deudores del sistema financiero, crezca la utilidad de la banca? Sin duda estamos ante un fenómeno de incremento de transferencias de ingresos de las unidades económicas privadas –negocios e individuos– a las instituciones bancarias, bien a través de un diferencial aún muy alto entre los intereses que paga la banca y los que cobra, así como por el cobro excesivo de comisiones por manejo y servicios.
En el panorama actual, ¿qué incentivos tendrá la banca privada en México para hacerse más eficiente, para prestar más al sector productivo, para captar más ahorro, para aumentar el nivel de bancarización, en fin, para cumplir con su fin principal que es llevar de manera eficiente recursos a las actividades productivas si, en plena crisis económica, está en jauja? La banca puede mantenerse con los patrones de actuación que viene desarrollando en los últimos años, de espaldas a la necesidad de crecimiento e innovación productiva de la economía, pues al final sus libros siempre están en números negros, sus utilidades superan a las de las casas matrices de las instituciones en el extranjero, e incluso les permiten contribuir a contrarrestar las pérdidas en los países centrales. Todo ello a pesar de que los indicadores de eficiencia del desempeño de la banca en México vayan a la cola de la OCDE. La lógica de ganancias privadas y pérdidas públicas se vuelve a hacer patente en nuestro caso.
Lo anterior ocurre sin que, desde las autoridades económicas de México, se dé la más mínima reacción ante el hecho de que la ineficiencia y el abuso de un sector estén dañando al conjunto del tejido productivo y lesionando al bienestar general de las familias, ya sea como ahorradoras o como deudoras de la banca.
Mientras tanto, en el mundo entero se abre paso la discusión política de cómo volver a regular a la banca, de cómo evitar que el dejar hacer, dejar pasar, genere nuevos episodios de derroche privado y destrucción productiva, de cómo incluso limitar sueldos y beneficios estratosféricos, en suma, de cómo hacer para que la búsqueda del lucro individual no comprometa al progreso colectivo. Pero en nuestros circuitos de toma de decisiones económicas –muy cercanos a los diagnósticos y percepciones de quienes siguen incrementando sus ganancias–, ese debate se da por inexistente. He ahí otra paradoja: para los paladines de la apertura y el liberalismo económicos, lo único en lo que somos autárquicos es en el pensamiento y la reflexión intelectual que pueden comprometer los intereses de los nacidos para ganar.
lunes, 22 de febrero de 2010
Desempleo y crimen. 19/02/10
Desempleo y crimen
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 19 de Febrero, 2010
El azote del crimen organizado es particularmente grave en los estados fronterizos del norte, aunque no se reduce a esa franja. El hecho de que seis entidades federativas hagan frontera con los Estados Unidos puede sugerir que ahí se dé una concentración de las actividades del narco porque desde ahí se introducen los estupefacientes al país vecino. Sin embargo, es factible identificar otros elementos para explicar por qué el tejido social se va desgarrando más rápidamente en algunas áreas del país. Una constante en las ciudades del norte de nuestro territorio es el rápido incremento de la desocupación y de la subocupación por motivo de la crisis económica en curso.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información trimestral sobre la situación del empleo en 32 ciudades del país, siendo cada una la más importante de cada estado, más el DF. Las seis ciudades de las entidades fronterizas del norte sobre las que INEGI da información son: Tijuana (Baja California), Hermosillo (Sonora), Chihuahua (Chihuahua), Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León) y Tampico (Tamaulipas). ¿Qué ha pasado con el mercado de trabajo en esas plazas en los últimos meses?
Tijuana. En el segundo trimestre de 2008, antes de que estallara la crisis económica, había 25 mil 749 desempleados. Al cierre de 2009 se tenían 26 mil desocupados más, llegando a 51.7 mil. Se trata de un aumento del desempleo del 101 por ciento. En seis trimestres se duplicó el número de personas buscando trabajo que no lograron encontrarlo. Además, en el mismo periodo la población subocupada aumentó en un 62 por ciento. Los desempleados y los subempleados en Tijuana pasaron de ser el ocho por ciento al 14 por ciento de la población económicamente activa de la ciudad de acuerdo a las cifras oficiales.
Hermosillo. La tasa de desempleo antes de que iniciara la crisis, esto es, a mediados de 2008, era de 3.8 por ciento; al finalizar 2009 la tasa de desempleo había ascendido al seis por ciento. En términos absolutos, en este breve lapso se generaron siete mil desempleados abiertos en la ciudad, al pasar de 12 mil a 19 mil; es un aumento del 60 por ciento. Los subocupados se incrementaron de 12.9 mil a 18 mil (42 por ciento más). En total, 12 mil 441 personas se incorporaron a las filas del desempleo o de la subocupación en Hermosillo entre mediados de 2008 y finales de 2009.
Chihuahua. De este estado fronterizo sería deseable tener la radiografía laboral de Ciudad Juárez, plaza de la industria maquiladora en declive y territorio sacudido, como pocos, por la violencia. El foco de INEGI, sin embargo, se centra en la capital de la entidad porque tiene una actividad económica mayor. En Chihuahua capital, el desempleo durante los meses que van desde antes de la crisis pasó de 16 mil a 29 mil personas, un aumento de 12 mil 423 individuos, que en términos relativos representan 73 por ciento más de los que había a la mitad de 2008. Creció, también, en tres mil 800 el número de subocupados, hasta superar las 10 mil personas, en un aumento del 63 por ciento. A fines de 2009, respecto al segundo trimestre de 2008, 16 mil 385 individuos adicionales en Chihuahua no tienen trabajo o trabajan menos de lo que desearían para hacerse de un ingreso básico.
Saltillo. En esta ciudad de Coahuila el desempleo abierto (personas que no trabajan, que quieren trabajar y que buscan activamente una ocupación remunerada) ha crecido en un 40 por ciento en el último año y medio reportado por INEGI. Los desempleados pasaron de 20 mil a 28 mil. Pero más rápido aún fue el incremento de la subocupación, que fue de las 30 mil personas a las 47 mil, esto es, una expansión del 58 por ciento. En Saltillo hay 25 mil individuos, 25 mil historias concretas más de desempleo o subocupación al cerrar 2009 que las que había a mediados de 2008. Ellos representan al 22 por ciento (uno de cada cinco) de la población económicamente activa de la ciudad.
Monterrey. A la mitad de 2008 había 74 mil desempleados en la capital de Nuevo León y al terminar 2009 la cifra llegó a 121 mil: un crecimiento en el desempleo de 47 mil 734 individuos, el 63 por ciento en 18 meses. En el caso de los subocupados, su número se incrementó en 53 mil personas en esa ciudad, al pasar de 114 mil a 167 mil. Tomando en conjunto a los nuevos desempleados y a los nuevos subocupados alcanzan las 100 mil personas ¡sólo en Monterrey! Pero, ojo, esos son sólo los nuevos; el total alcanza las 289 mil personas.
En Tampico, Tamaulipas, el desempleo abierto creció de mediados de 2008, justo antes del inicio de la crisis, al cierre de 2009, cuando algunos cifran el fin de la recesión, en un 34 por ciento, afectando en total a 17 mil personas.
Cada cifra aquí manejada es la historia de un individuo, hombre o mujer, en una situación económica desesperada, quizá de una familia entera que ha perdido su fuente de ingreso o que no consigue hacerse con el pan de cada día. Sólo en estas seis ciudades hay 267 mil desempleados y 297 mil subocupados, una suma de más de medio millón de personas en una situación económica insostenible. Insisto, medio millón en seis ciudades que han servido como botón de muestra de la grave realidad que vive el país en materia de (des)empleo y bienestar. ¿No habría que empezar a reconocer que el narco y su violencia crecen y echan raíces en ese territorio devastado de desempleo y precariedad laboral?
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 19 de Febrero, 2010
El azote del crimen organizado es particularmente grave en los estados fronterizos del norte, aunque no se reduce a esa franja. El hecho de que seis entidades federativas hagan frontera con los Estados Unidos puede sugerir que ahí se dé una concentración de las actividades del narco porque desde ahí se introducen los estupefacientes al país vecino. Sin embargo, es factible identificar otros elementos para explicar por qué el tejido social se va desgarrando más rápidamente en algunas áreas del país. Una constante en las ciudades del norte de nuestro territorio es el rápido incremento de la desocupación y de la subocupación por motivo de la crisis económica en curso.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información trimestral sobre la situación del empleo en 32 ciudades del país, siendo cada una la más importante de cada estado, más el DF. Las seis ciudades de las entidades fronterizas del norte sobre las que INEGI da información son: Tijuana (Baja California), Hermosillo (Sonora), Chihuahua (Chihuahua), Saltillo (Coahuila), Monterrey (Nuevo León) y Tampico (Tamaulipas). ¿Qué ha pasado con el mercado de trabajo en esas plazas en los últimos meses?
Tijuana. En el segundo trimestre de 2008, antes de que estallara la crisis económica, había 25 mil 749 desempleados. Al cierre de 2009 se tenían 26 mil desocupados más, llegando a 51.7 mil. Se trata de un aumento del desempleo del 101 por ciento. En seis trimestres se duplicó el número de personas buscando trabajo que no lograron encontrarlo. Además, en el mismo periodo la población subocupada aumentó en un 62 por ciento. Los desempleados y los subempleados en Tijuana pasaron de ser el ocho por ciento al 14 por ciento de la población económicamente activa de la ciudad de acuerdo a las cifras oficiales.
Hermosillo. La tasa de desempleo antes de que iniciara la crisis, esto es, a mediados de 2008, era de 3.8 por ciento; al finalizar 2009 la tasa de desempleo había ascendido al seis por ciento. En términos absolutos, en este breve lapso se generaron siete mil desempleados abiertos en la ciudad, al pasar de 12 mil a 19 mil; es un aumento del 60 por ciento. Los subocupados se incrementaron de 12.9 mil a 18 mil (42 por ciento más). En total, 12 mil 441 personas se incorporaron a las filas del desempleo o de la subocupación en Hermosillo entre mediados de 2008 y finales de 2009.
Chihuahua. De este estado fronterizo sería deseable tener la radiografía laboral de Ciudad Juárez, plaza de la industria maquiladora en declive y territorio sacudido, como pocos, por la violencia. El foco de INEGI, sin embargo, se centra en la capital de la entidad porque tiene una actividad económica mayor. En Chihuahua capital, el desempleo durante los meses que van desde antes de la crisis pasó de 16 mil a 29 mil personas, un aumento de 12 mil 423 individuos, que en términos relativos representan 73 por ciento más de los que había a la mitad de 2008. Creció, también, en tres mil 800 el número de subocupados, hasta superar las 10 mil personas, en un aumento del 63 por ciento. A fines de 2009, respecto al segundo trimestre de 2008, 16 mil 385 individuos adicionales en Chihuahua no tienen trabajo o trabajan menos de lo que desearían para hacerse de un ingreso básico.
Saltillo. En esta ciudad de Coahuila el desempleo abierto (personas que no trabajan, que quieren trabajar y que buscan activamente una ocupación remunerada) ha crecido en un 40 por ciento en el último año y medio reportado por INEGI. Los desempleados pasaron de 20 mil a 28 mil. Pero más rápido aún fue el incremento de la subocupación, que fue de las 30 mil personas a las 47 mil, esto es, una expansión del 58 por ciento. En Saltillo hay 25 mil individuos, 25 mil historias concretas más de desempleo o subocupación al cerrar 2009 que las que había a mediados de 2008. Ellos representan al 22 por ciento (uno de cada cinco) de la población económicamente activa de la ciudad.
Monterrey. A la mitad de 2008 había 74 mil desempleados en la capital de Nuevo León y al terminar 2009 la cifra llegó a 121 mil: un crecimiento en el desempleo de 47 mil 734 individuos, el 63 por ciento en 18 meses. En el caso de los subocupados, su número se incrementó en 53 mil personas en esa ciudad, al pasar de 114 mil a 167 mil. Tomando en conjunto a los nuevos desempleados y a los nuevos subocupados alcanzan las 100 mil personas ¡sólo en Monterrey! Pero, ojo, esos son sólo los nuevos; el total alcanza las 289 mil personas.
En Tampico, Tamaulipas, el desempleo abierto creció de mediados de 2008, justo antes del inicio de la crisis, al cierre de 2009, cuando algunos cifran el fin de la recesión, en un 34 por ciento, afectando en total a 17 mil personas.
Cada cifra aquí manejada es la historia de un individuo, hombre o mujer, en una situación económica desesperada, quizá de una familia entera que ha perdido su fuente de ingreso o que no consigue hacerse con el pan de cada día. Sólo en estas seis ciudades hay 267 mil desempleados y 297 mil subocupados, una suma de más de medio millón de personas en una situación económica insostenible. Insisto, medio millón en seis ciudades que han servido como botón de muestra de la grave realidad que vive el país en materia de (des)empleo y bienestar. ¿No habría que empezar a reconocer que el narco y su violencia crecen y echan raíces en ese territorio devastado de desempleo y precariedad laboral?
viernes, 5 de febrero de 2010
¿Ciudadano virtuoso, político bajo sospecha? (05/02/2010)
¿Ciudadano virtuoso, político bajo sospecha?
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 5 de Febrero, 2010
El Presidente de la república convocó, en un artículo publicado en diversos diarios de circulación nacional el pasado miércoles 2 de febrero, “a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos y especialistas, a los trabajadores, a los estudiantes, a los empresarios, a los activistas y a los militantes de todos los partidos políticos, a quienes participan en las llamadas redes sociales en internet y a todos los ciudadanos a participar en la discusión de la reforma política”, y a expresarse con claridad y contundencia. “Trato de optar, en esta nota, por lo primero, por exponer con claridad mis reservas frente a los argumentos en que se apoya la iniciativa”.
El titular del Ejecutivo federal insiste en que los diez puntos de reforma política que presentó al Congreso de la Unión tienen el objetivo último de fortalecer a la ciudadanía, como si la extensión de la democracia y la creación de ciudadanía en alguna parte del mundo no hubiesen implicado también el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas que hacen viable y estable al propio régimen democrático: los partidos políticos. No hay que ir muy lejos: el voto ciudadano contó y se contó en México cuando se edificó un auténtico sistema de partidos políticos en plural. Sin la existencia de organizaciones como el propio Partido Acción Nacional y como el Partido de la Revolución Democrática, difícilmente habríamos presenciado una ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos. Por ello, suponer que partidos fuertes implican ciudadanos débiles, y viceversa, es una falacia. Miremos, si no, otras experiencias en América Latina: ahí donde los derechos políticos –pues de eso se trata toda reforma política– están más cuestionados o en riesgo, también son más frágiles los partidos políticos, como ocurrió en el Perú de Fujimori o sucede en la Venezuela de Chávez.
En su artículo, el presidente afirma: “Es claro que la ciudadanía exige nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes. Quiere gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas, que transparenten nítidamente su gasto y estén comprometidos con la gente.” Sin embargo, nada de esto contiene la iniciativa directamente. La idea de que los alcaldes puedan presentarse a la reelección no los obliga a la transparencia, si acaso los expone al no voto ante un eventual siguiente mandato, pero la posibilidad de reelección no es sinónimo per se de rendición de cuentas. Más aún, la frase citada al inicio de este párrafo va en contrasentido con decisiones recientes del propio Ejecutivo al impugnar resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información en materia de transparencia o al acudir a la Suprema Corte de Justicia –como hizo la PGR– a solicitar que se dé el visto bueno a normas que van contra la entrega expedita de información a los ciudadanos. Para fortalecer la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información en manos de las instituciones públicas, sería bastante con un compromiso explícito del gobierno con la legislación vigente en la materia.
Por otra parte, una de las propuestas controvertidas es la de abrir espacio a las candidaturas independientes. “Se trata –dice el Presidente– de que los ciudadanos también puedan participar como candidatos o apoyar a los candidatos de su preferencia si no les satisfacen los que postulan los partidos políticos, siempre y cuando tales candidaturas independientes tengan el apoyo ciudadano adecuado”. En primer lugar, el “también” –que es un adición a algo– sobra: jamás ha habido un candidato que no sea ciudadano. Ahora, qué se entiende por “el apoyo ciudadano adecuado” no se precisa, ni se explica cómo se conjugan esas candidaturas con el mantenimiento de condiciones equitativas de la competencia, que es uno de los temas más sensibles de los procesos electorales contemporáneos.
Junto con la idea de las candidaturas independientes se propone fijar un porcentaje de votos mayor –duplicándolo, de 2 al 4 por ciento–para que un partido confirme su registro. Es decir, se dice que se quiere facilitar la participación individual en política, al tiempo que se dificulta la participación colectiva en las contiendas políticas. ¿A qué lógica responde ello? ¿A la que el ciudadano que participa él solo en política es virtuoso pero el que lo hace en una organización debe encontrar diques?
La argumentación para obstaculizar la vida de las organizaciones políticas minoritarias –es decir, las que es más fácil que empiecen a formar los ciudadanos que hoy no se identifican con los grandes partidos- es la siguiente: “Esta propuesta garantiza que un partido tenga una base ciudadana suficiente, y evita la suplantación de éstos por siglas que carecen de sustento y que además reciben recursos públicos”. Hoy todos los partidos que existen han tenido al menos 2 por ciento de los votos por ellos mismos. En el último proceso electoral, el partido que rebasó ese mínimo de manera menos holgada, Convergencia, obtuvo 822 mil votos de ciudadanos de carne y hueso. ¿No son base ciudadana suficiente 822 mil personas?
Tampoco el Ejecutivo explica por qué tiene la idea de que el Congreso no está funcionando, cuando prácticamente todas sus iniciativas han salido adelante –aunque con cambios, menores por cierto, como ocurre con la ley de ingresos y el presupuesto–.
Por las razones aquí expuestas, y en atención a la convocatoria del Presidente, mi conclusión es que ni el diagnóstico gubernamental es preciso ni las propuestas comentadas contribuirían a mejorar la calidad de nuestra democracia.
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 5 de Febrero, 2010
El Presidente de la república convocó, en un artículo publicado en diversos diarios de circulación nacional el pasado miércoles 2 de febrero, “a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos y especialistas, a los trabajadores, a los estudiantes, a los empresarios, a los activistas y a los militantes de todos los partidos políticos, a quienes participan en las llamadas redes sociales en internet y a todos los ciudadanos a participar en la discusión de la reforma política”, y a expresarse con claridad y contundencia. “Trato de optar, en esta nota, por lo primero, por exponer con claridad mis reservas frente a los argumentos en que se apoya la iniciativa”.
El titular del Ejecutivo federal insiste en que los diez puntos de reforma política que presentó al Congreso de la Unión tienen el objetivo último de fortalecer a la ciudadanía, como si la extensión de la democracia y la creación de ciudadanía en alguna parte del mundo no hubiesen implicado también el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas que hacen viable y estable al propio régimen democrático: los partidos políticos. No hay que ir muy lejos: el voto ciudadano contó y se contó en México cuando se edificó un auténtico sistema de partidos políticos en plural. Sin la existencia de organizaciones como el propio Partido Acción Nacional y como el Partido de la Revolución Democrática, difícilmente habríamos presenciado una ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos. Por ello, suponer que partidos fuertes implican ciudadanos débiles, y viceversa, es una falacia. Miremos, si no, otras experiencias en América Latina: ahí donde los derechos políticos –pues de eso se trata toda reforma política– están más cuestionados o en riesgo, también son más frágiles los partidos políticos, como ocurrió en el Perú de Fujimori o sucede en la Venezuela de Chávez.
En su artículo, el presidente afirma: “Es claro que la ciudadanía exige nuevos y más eficaces canales de comunicación con sus autoridades y gobernantes. Quiere gobiernos más sensibles a sus necesidades, que rindan cuentas, que transparenten nítidamente su gasto y estén comprometidos con la gente.” Sin embargo, nada de esto contiene la iniciativa directamente. La idea de que los alcaldes puedan presentarse a la reelección no los obliga a la transparencia, si acaso los expone al no voto ante un eventual siguiente mandato, pero la posibilidad de reelección no es sinónimo per se de rendición de cuentas. Más aún, la frase citada al inicio de este párrafo va en contrasentido con decisiones recientes del propio Ejecutivo al impugnar resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información en materia de transparencia o al acudir a la Suprema Corte de Justicia –como hizo la PGR– a solicitar que se dé el visto bueno a normas que van contra la entrega expedita de información a los ciudadanos. Para fortalecer la transparencia y el acceso de los ciudadanos a la información en manos de las instituciones públicas, sería bastante con un compromiso explícito del gobierno con la legislación vigente en la materia.
Por otra parte, una de las propuestas controvertidas es la de abrir espacio a las candidaturas independientes. “Se trata –dice el Presidente– de que los ciudadanos también puedan participar como candidatos o apoyar a los candidatos de su preferencia si no les satisfacen los que postulan los partidos políticos, siempre y cuando tales candidaturas independientes tengan el apoyo ciudadano adecuado”. En primer lugar, el “también” –que es un adición a algo– sobra: jamás ha habido un candidato que no sea ciudadano. Ahora, qué se entiende por “el apoyo ciudadano adecuado” no se precisa, ni se explica cómo se conjugan esas candidaturas con el mantenimiento de condiciones equitativas de la competencia, que es uno de los temas más sensibles de los procesos electorales contemporáneos.
Junto con la idea de las candidaturas independientes se propone fijar un porcentaje de votos mayor –duplicándolo, de 2 al 4 por ciento–para que un partido confirme su registro. Es decir, se dice que se quiere facilitar la participación individual en política, al tiempo que se dificulta la participación colectiva en las contiendas políticas. ¿A qué lógica responde ello? ¿A la que el ciudadano que participa él solo en política es virtuoso pero el que lo hace en una organización debe encontrar diques?
La argumentación para obstaculizar la vida de las organizaciones políticas minoritarias –es decir, las que es más fácil que empiecen a formar los ciudadanos que hoy no se identifican con los grandes partidos- es la siguiente: “Esta propuesta garantiza que un partido tenga una base ciudadana suficiente, y evita la suplantación de éstos por siglas que carecen de sustento y que además reciben recursos públicos”. Hoy todos los partidos que existen han tenido al menos 2 por ciento de los votos por ellos mismos. En el último proceso electoral, el partido que rebasó ese mínimo de manera menos holgada, Convergencia, obtuvo 822 mil votos de ciudadanos de carne y hueso. ¿No son base ciudadana suficiente 822 mil personas?
Tampoco el Ejecutivo explica por qué tiene la idea de que el Congreso no está funcionando, cuando prácticamente todas sus iniciativas han salido adelante –aunque con cambios, menores por cierto, como ocurre con la ley de ingresos y el presupuesto–.
Por las razones aquí expuestas, y en atención a la convocatoria del Presidente, mi conclusión es que ni el diagnóstico gubernamental es preciso ni las propuestas comentadas contribuirían a mejorar la calidad de nuestra democracia.
Transparencia incómoda. 29-I-10
Transparencia incómoda
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 29 de Enero, 2010
A la par que se conoció que la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el reconocimiento del matrimonio gay en el Distrito Federal, se hizo público (El Universal, 28/01/10) que la misma PGR pidió al máximo tribunal que avale una decisión del Congreso de Campeche en el sentido de que las determinaciones del órgano local de transparencia puedan ser impugnadas ante un tribunal de justicia. ¿Qué implica lo anterior? Que los avances registrados desde 2002 —cuando se aprobó la Ley Federal respectiva— y hasta 2007 —cuando se modificó el artículo 6° de la carta magna— para hacer de la transparencia y el acceso a la información derechos constitucionales, puedan volverse papel mojado. La Constitución establece que: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad” y, agrega: “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Este principio, válido a nivel federal se replica –o debería replicarse– en las entidades. Así, cuando una persona solicita información a las dependencias públicas y éstas la niegan, el ciudadano puede inconformarse ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) si se trata de un órgano del gobierno federal, o ante la comisión o instituto local de transparencia cuando se trata de entes públicos de nivel estatal o municipal. Con plazos acotados —que con dificultad superan los dos meses naturales—, los “órganos u organismos especializados e imparciales” deben determinar si la información ha de proporcionarse o no finalmente al ciudadano. Este procedimiento expedito es el que ha hecho que poco a poco distintos asuntos vayan viendo la luz pública, que diversa información no esté sólo al alcance de la burocracia, y que se abra paso a la noción de que las administraciones públicas no son patrimonio de quienes las encabezan.
Pues bien (habría que decir: pues mal), el Congreso de Campeche quiso poner un freno a las decisiones del órgano local de transparencia, y para ello aprobó una norma con la cual si alguna dependencia pública es instruida para que entregue información que considera reservada, tal dependencia pueda acudir ante el Tribunal Superior de Justicia del estado quien, finalmente, dirá la última palabra. Con lo anterior, dos principios constitucionales se ven afectados: se acaba con el procedimiento expedito —ya se sabe cómo son los tiempos en los órganos de impartición de justicia en este país— a la par que el veredicto queda en un tribunal ordinario mas no especializado como determina la carta magna. Esa reforma, aprobada por la mayoría priista en Campeche, fue impugnada por los diputados locales de Acción Nacional. Ahora, el procurador general de la República, adscrito a un Ejecutivo del propio PAN, hace causa contra la fracción panista de Campeche, poniéndose del lado de quienes buscan echar arena al engranaje de la transparencia.
Si la Corte llegara a avalar la reforma de Campeche, abriría las puertas para que, a nivel federal, las determinaciones del IFAI sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así, si un periodista, investigador, estudioso o ciudadano de a pie solicita información que una dependencia es renuente a entregar, y el IFAI se pone del lado del solicitante, luego éste tendrá que ir a un vía crucis jurídico, contratando abogados, presentando pruebas, acudiendo a audiencias, etcétera, para ganar un litigio jurídico en un tribunal con tal de hacerse con la información a la que hoy accede de forma ágil.
La decisión de la PGR no es del todo sorprendente, pues en este gobierno esa misma dependencia ya había promovido diferentes restricciones a las resoluciones del IFAI. Por ejemplo, fue renuente a entregar información sobre averiguaciones previas concluidas, a grado tal que impulsó una reforma al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales a raíz de la cual se estableció que no se aplicará el principio de máxima transparencia al contenido de las averiguaciones previas. Ese artículo, por cierto impugnado, al determinar una negativa general a entregar información, hace caso omiso al hecho de que la Constitución especifica que la información pública sólo puede ser reservada por un periodo de tiempo acotado (cabe decir, además, que frente a lo que se llegó a difundir, las resoluciones del pleno del IFAI nunca avalaron que se entregara información de averiguaciones previas en curso).
Asimismo, en este gobierno, diferentes dependencias federales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, llegaron a interponer recursos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de resoluciones del IFAI. Hasta enero de 2008, ese Tribunal desechó los recursos, en media docena de casos, al entender que no era competente para conocer de quejas de autoridades públicas en contra de la autoridad federal de transparencia. Después, cambios en la composición de los integrantes del Tribunal dieron lugar a que sí se diera entrada a una queja —de eso hace un año— y es la hora en que no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
Por fortuna, la Suprema Corte ya se ha hecho cargo de casos similares: en Querétaro se trató de fusionar al órgano local de transparencia con la Comisión de Derechos Humanos del estado, y el máximo tribunal determinó que ello contradecía el criterio constitucional de que es menester contar con un ente especializado en transparencia. Una vez que se conoce la postura del Ejecutivo contraria a la transparencia, hay que encomendarse —de forma laica— de nuevo a la palabra de la Corte.
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 29 de Enero, 2010
A la par que se conoció que la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el reconocimiento del matrimonio gay en el Distrito Federal, se hizo público (El Universal, 28/01/10) que la misma PGR pidió al máximo tribunal que avale una decisión del Congreso de Campeche en el sentido de que las determinaciones del órgano local de transparencia puedan ser impugnadas ante un tribunal de justicia. ¿Qué implica lo anterior? Que los avances registrados desde 2002 —cuando se aprobó la Ley Federal respectiva— y hasta 2007 —cuando se modificó el artículo 6° de la carta magna— para hacer de la transparencia y el acceso a la información derechos constitucionales, puedan volverse papel mojado. La Constitución establece que: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad” y, agrega: “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Este principio, válido a nivel federal se replica –o debería replicarse– en las entidades. Así, cuando una persona solicita información a las dependencias públicas y éstas la niegan, el ciudadano puede inconformarse ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) si se trata de un órgano del gobierno federal, o ante la comisión o instituto local de transparencia cuando se trata de entes públicos de nivel estatal o municipal. Con plazos acotados —que con dificultad superan los dos meses naturales—, los “órganos u organismos especializados e imparciales” deben determinar si la información ha de proporcionarse o no finalmente al ciudadano. Este procedimiento expedito es el que ha hecho que poco a poco distintos asuntos vayan viendo la luz pública, que diversa información no esté sólo al alcance de la burocracia, y que se abra paso a la noción de que las administraciones públicas no son patrimonio de quienes las encabezan.
Pues bien (habría que decir: pues mal), el Congreso de Campeche quiso poner un freno a las decisiones del órgano local de transparencia, y para ello aprobó una norma con la cual si alguna dependencia pública es instruida para que entregue información que considera reservada, tal dependencia pueda acudir ante el Tribunal Superior de Justicia del estado quien, finalmente, dirá la última palabra. Con lo anterior, dos principios constitucionales se ven afectados: se acaba con el procedimiento expedito —ya se sabe cómo son los tiempos en los órganos de impartición de justicia en este país— a la par que el veredicto queda en un tribunal ordinario mas no especializado como determina la carta magna. Esa reforma, aprobada por la mayoría priista en Campeche, fue impugnada por los diputados locales de Acción Nacional. Ahora, el procurador general de la República, adscrito a un Ejecutivo del propio PAN, hace causa contra la fracción panista de Campeche, poniéndose del lado de quienes buscan echar arena al engranaje de la transparencia.
Si la Corte llegara a avalar la reforma de Campeche, abriría las puertas para que, a nivel federal, las determinaciones del IFAI sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Así, si un periodista, investigador, estudioso o ciudadano de a pie solicita información que una dependencia es renuente a entregar, y el IFAI se pone del lado del solicitante, luego éste tendrá que ir a un vía crucis jurídico, contratando abogados, presentando pruebas, acudiendo a audiencias, etcétera, para ganar un litigio jurídico en un tribunal con tal de hacerse con la información a la que hoy accede de forma ágil.
La decisión de la PGR no es del todo sorprendente, pues en este gobierno esa misma dependencia ya había promovido diferentes restricciones a las resoluciones del IFAI. Por ejemplo, fue renuente a entregar información sobre averiguaciones previas concluidas, a grado tal que impulsó una reforma al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales a raíz de la cual se estableció que no se aplicará el principio de máxima transparencia al contenido de las averiguaciones previas. Ese artículo, por cierto impugnado, al determinar una negativa general a entregar información, hace caso omiso al hecho de que la Constitución especifica que la información pública sólo puede ser reservada por un periodo de tiempo acotado (cabe decir, además, que frente a lo que se llegó a difundir, las resoluciones del pleno del IFAI nunca avalaron que se entregara información de averiguaciones previas en curso).
Asimismo, en este gobierno, diferentes dependencias federales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, llegaron a interponer recursos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra de resoluciones del IFAI. Hasta enero de 2008, ese Tribunal desechó los recursos, en media docena de casos, al entender que no era competente para conocer de quejas de autoridades públicas en contra de la autoridad federal de transparencia. Después, cambios en la composición de los integrantes del Tribunal dieron lugar a que sí se diera entrada a una queja —de eso hace un año— y es la hora en que no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.
Por fortuna, la Suprema Corte ya se ha hecho cargo de casos similares: en Querétaro se trató de fusionar al órgano local de transparencia con la Comisión de Derechos Humanos del estado, y el máximo tribunal determinó que ello contradecía el criterio constitucional de que es menester contar con un ente especializado en transparencia. Una vez que se conoce la postura del Ejecutivo contraria a la transparencia, hay que encomendarse —de forma laica— de nuevo a la palabra de la Corte.
viernes, 22 de enero de 2010
Censo 2010: lo que no sabremos. 22/01/10
Censo 2010: lo que no sabremos
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 22 de Enero, 2010
A pesar de que el debate público sobre la calidad del cuestionario del Censo General de Población y Vivienda 2010 apenas inició, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ha cerrado ya el listado de preguntas que se aplicarán entre el 31 de mayo y el 25 de junio próximos e incluso ha mandado a imprenta los cuestionarios. Si bien para fines del año pasado el INEGI consideró incluir sólo 23 preguntas en el cuestionario básico del censo –esto es, el que se aplicará a la totalidad de los hogares del país y captará la información de todos y cada uno de los habitantes–, finalmente el número se amplió este mes a 29 preguntas, en buena medida por los argumentos que esgrimieron diversos especialistas, como los agrupados en la Sociedad Mexicana de Demografía.
“El censo 2010 debe estar fuera de toda duda”, sostiene el titular del INEGI, Eduardo Sojo. Sin embargo, una revisión del cuestionario básico puede ayudar a conocer qué tan confiable será el censo como instrumento para generar suficiente información en áreas prioritarias. Centraré mis comentarios en cinco temas: ingreso, empleo, migración, población indígena y religión.
Ingreso. De acuerdo con Eduardo Sojo, “Con el método seguido se van a tener todas las variables que se obtuvieron en 2000, y se van a poder comparar con las variables de 2010. Este censo tiene mucho más elementos para medir la pobreza” (El Universal, 21-01-10). No obstante la afirmación transcrita, el cuestionario básico excluye la pregunta sobre el ingreso de las familias, que sí estuvo en el de hace 10 años. En el cuestionario básico de 2000 se preguntaba: “En total, ¿cuánto gana o recibe por su trabajo?” y se asentaba el monto correspondiente a la semana, quincena, mes o año de cada miembro del hogar que trabajara. ¿Cómo comparar la evolución de los ingresos del total de la población si ahora se omite la pregunta? ¿No es acaso el ingreso un determinante clave de la situación de pobreza? El titular del INEGI también considera que “el ingreso es muy difícil de captar en un censo aplicado a toda la población. Para este tema ofrece mayor confianza la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares” (íbid.). Sin embargo, es conocido que esa encuesta no capta a la población de mayores ingresos, por lo cual la dimensión real de la desigualdad no se conoce. El único método para allegarse elementos para captar esa realidad es un ejercicio censal. La decisión de INEGI para no hacer preguntas sobre ingreso al total de los hogares no nos permitirá conocer la verdadera cara de la desigualdad social en el país.
Empleo. Finalmente, el INEGI accedió a meter una pregunta sobre la condición de actividad de las personas, y ésta consiste en averiguar si la persona trabajó por lo menos una hora en la semana previa al censo o tenía trabajo pero no trabajó, o buscó trabajo, o es pensionada o jubilada, o es estudiante, o se dedica a los quehaceres del hogar, o tiene alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar o estaba en una situación diferente a las anteriores. Pues bien, una pregunta similar se hizo en el censo de 1990 y el 20 por ciento de la población económicamente activa femenina no fue captada, pues se requiere una “pregunta de control”, que sí se aplicó en 2000. Esa pregunta de control, inmediatamente después de la anterior, indagaba si la persona había ayudado en un negocio familiar, vendió algún producto, hizo algún producto para vender, ayudó trabajando en el campo o en la cría de animales o realizó otro tipo de actividad a cambio de un pago (lavó o planchó ajeno, cuidó coches). Al desaparecer esta pregunta de control puede haber deficiencias severas, similares a las de 1990. Además, en materia de empleo no se pregunta en dónde se trabaja (el campo, una fábrica, un taller mecánico), por lo que tampoco se conocerá bien a bien la estructura ocupacional del país ni la especialización económica regional.
Migración. A diferencia del censo de 2000, no se preguntará a todos los mexicanos el municipio de residencia de hace cinco años. Así, se captará sólo movilidad de una entidad a otra, lo cual puede dar lugar a inferencias equivocadas. Por ejemplo, si alguien que vivía en la colonia Del Valle en el DF se mudó a vivir a un fraccionamiento de Huixquilucan, en realidad no es un migrante, sino que realizó un mero movimiento intrametropolitano, y sigue viviendo en la misma zona urbana, pero el censo nos dirá que emigró del DF al Estado de México.
Población indígena. En este caso se consiguió que finalmente se repitieran las tres preguntas que tuvo el censo de 2000 (¿habla algún dialecto o lengua indígena?, ¿qué dialecto o lengua indígena habla? y ¿habla también español?), mas había un acuerdo inicial, surgido de la reunión nacional de investigación demográfica celebrado en Mérida en 2008, de captar pertenencia étnica en el cuestionario básico, cosa que no se hará.
Religión. Desde el pasado en el cuestionario básico se pregunta: ¿cuál es la religión?, infiriendo que todo mundo profesa una fe. Lo correcto sería preguntar si la persona tiene religión y, en caso de respuesta afirmativa, entonces cuestionar cuál. Esa deficiencia no se subsana, se repite.
Si el diseño de políticas públicas depende de la calidad de nuestra información estadística, vamos a tener serios problemas a partir de las omisiones del censo para acercarnos siquiera a conocer la realidad socioeconómica del país, sobre todo en materia de ingreso y empleo, nada más y nada menos en un país de profunda desigualdad social y con una severa crisis de empleo.
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 22 de Enero, 2010
A pesar de que el debate público sobre la calidad del cuestionario del Censo General de Población y Vivienda 2010 apenas inició, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) ha cerrado ya el listado de preguntas que se aplicarán entre el 31 de mayo y el 25 de junio próximos e incluso ha mandado a imprenta los cuestionarios. Si bien para fines del año pasado el INEGI consideró incluir sólo 23 preguntas en el cuestionario básico del censo –esto es, el que se aplicará a la totalidad de los hogares del país y captará la información de todos y cada uno de los habitantes–, finalmente el número se amplió este mes a 29 preguntas, en buena medida por los argumentos que esgrimieron diversos especialistas, como los agrupados en la Sociedad Mexicana de Demografía.
“El censo 2010 debe estar fuera de toda duda”, sostiene el titular del INEGI, Eduardo Sojo. Sin embargo, una revisión del cuestionario básico puede ayudar a conocer qué tan confiable será el censo como instrumento para generar suficiente información en áreas prioritarias. Centraré mis comentarios en cinco temas: ingreso, empleo, migración, población indígena y religión.
Ingreso. De acuerdo con Eduardo Sojo, “Con el método seguido se van a tener todas las variables que se obtuvieron en 2000, y se van a poder comparar con las variables de 2010. Este censo tiene mucho más elementos para medir la pobreza” (El Universal, 21-01-10). No obstante la afirmación transcrita, el cuestionario básico excluye la pregunta sobre el ingreso de las familias, que sí estuvo en el de hace 10 años. En el cuestionario básico de 2000 se preguntaba: “En total, ¿cuánto gana o recibe por su trabajo?” y se asentaba el monto correspondiente a la semana, quincena, mes o año de cada miembro del hogar que trabajara. ¿Cómo comparar la evolución de los ingresos del total de la población si ahora se omite la pregunta? ¿No es acaso el ingreso un determinante clave de la situación de pobreza? El titular del INEGI también considera que “el ingreso es muy difícil de captar en un censo aplicado a toda la población. Para este tema ofrece mayor confianza la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares” (íbid.). Sin embargo, es conocido que esa encuesta no capta a la población de mayores ingresos, por lo cual la dimensión real de la desigualdad no se conoce. El único método para allegarse elementos para captar esa realidad es un ejercicio censal. La decisión de INEGI para no hacer preguntas sobre ingreso al total de los hogares no nos permitirá conocer la verdadera cara de la desigualdad social en el país.
Empleo. Finalmente, el INEGI accedió a meter una pregunta sobre la condición de actividad de las personas, y ésta consiste en averiguar si la persona trabajó por lo menos una hora en la semana previa al censo o tenía trabajo pero no trabajó, o buscó trabajo, o es pensionada o jubilada, o es estudiante, o se dedica a los quehaceres del hogar, o tiene alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar o estaba en una situación diferente a las anteriores. Pues bien, una pregunta similar se hizo en el censo de 1990 y el 20 por ciento de la población económicamente activa femenina no fue captada, pues se requiere una “pregunta de control”, que sí se aplicó en 2000. Esa pregunta de control, inmediatamente después de la anterior, indagaba si la persona había ayudado en un negocio familiar, vendió algún producto, hizo algún producto para vender, ayudó trabajando en el campo o en la cría de animales o realizó otro tipo de actividad a cambio de un pago (lavó o planchó ajeno, cuidó coches). Al desaparecer esta pregunta de control puede haber deficiencias severas, similares a las de 1990. Además, en materia de empleo no se pregunta en dónde se trabaja (el campo, una fábrica, un taller mecánico), por lo que tampoco se conocerá bien a bien la estructura ocupacional del país ni la especialización económica regional.
Migración. A diferencia del censo de 2000, no se preguntará a todos los mexicanos el municipio de residencia de hace cinco años. Así, se captará sólo movilidad de una entidad a otra, lo cual puede dar lugar a inferencias equivocadas. Por ejemplo, si alguien que vivía en la colonia Del Valle en el DF se mudó a vivir a un fraccionamiento de Huixquilucan, en realidad no es un migrante, sino que realizó un mero movimiento intrametropolitano, y sigue viviendo en la misma zona urbana, pero el censo nos dirá que emigró del DF al Estado de México.
Población indígena. En este caso se consiguió que finalmente se repitieran las tres preguntas que tuvo el censo de 2000 (¿habla algún dialecto o lengua indígena?, ¿qué dialecto o lengua indígena habla? y ¿habla también español?), mas había un acuerdo inicial, surgido de la reunión nacional de investigación demográfica celebrado en Mérida en 2008, de captar pertenencia étnica en el cuestionario básico, cosa que no se hará.
Religión. Desde el pasado en el cuestionario básico se pregunta: ¿cuál es la religión?, infiriendo que todo mundo profesa una fe. Lo correcto sería preguntar si la persona tiene religión y, en caso de respuesta afirmativa, entonces cuestionar cuál. Esa deficiencia no se subsana, se repite.
Si el diseño de políticas públicas depende de la calidad de nuestra información estadística, vamos a tener serios problemas a partir de las omisiones del censo para acercarnos siquiera a conocer la realidad socioeconómica del país, sobre todo en materia de ingreso y empleo, nada más y nada menos en un país de profunda desigualdad social y con una severa crisis de empleo.
PRD: Candidateando al enemigo. 15/01/10
PRD: Candidateando al enemigo
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 15 de Enero, 2010
No fue el 28 de diciembre cuando se hizo pública la noticia de que la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tamaulipas había registrado, como uno de sus precandidatos a la gubernatura de aquella fronteriza entidad, al empresario Lino Korrodi. Tampoco fue el día de los Santos Inocentes cuando la presidencia nacional del PRD confirmó la veracidad de la especie.
¿Qué implica que el PRD —con todo la mayor formación partidista identificada con la izquierda que ha existido en México— busque extender sus adhesiones a través de considerar la candidatura de Korrodi? Conviene, para ir tras esa respuesta, recordar los antecedentes del ahora precandidato.
Era el año 2000. Las campañas electorales por la búsqueda a la Presidencia estaban en su apogeo. Por primera vez en décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podía perder el Poder Ejecutivo frente a un aspirante opositor en rápido ascenso, Vicente Fox. A unos días de las elecciones de aquel lejano 2 de julio, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Ortega —sí, el mismo que hoy preside al sol azteca—, denunció que la campaña de Vicente Fox recibía apoyo de diversas empresas de carácter mercantil, e incluso desde el extranjero, lo cual está prohibido por la legislación electoral mexicana. Días después, el PRI hizo una acusación similar en la tribuna de la comisión permanente del Congreso de la Unión. En ambas denuncias se aludía a la participación, en la trama de financiamiento paralelo, de empresas mercantiles propiedad de un señor de nombre Lino Korrodi.
El IFE inició la investigación sobre la supuesta trama de financiamiento ilegal y realizó pesquisas a lo largo de un año, tratando de allegarse información tanto de los partidos que habían impulsado a Fox —el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, así como de particulares presumiblemente involucrados y de las autoridades financieras y hacendarias del país. Los partidos declararon que no habían recibido recursos de fuentes prohibidas, los particulares se negaron a comparecer ante el IFE y las autoridades alegaron que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no les permitían entregar información a la autoridad electoral, por lo que el IFE hubo de cerrar en una primera instancia sus indagatorias. Hubo de recurrirse tal decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE se tuvo que presentar como tercer interesado en distintos juicios de amparo y fue menester que el asunto llegara a la Suprema Corte para que fluyera la información que permitiría determinar si, en efecto, había habido una red de financiamiento oculto y, por tanto ilegal, a la campaña de Vicente Fox. La conclusión, tras casi tres años de investigación sorteando obstáculos legales y políticos fue que sí, que en efecto el candidato del PAN y del PVEM se benefició de dinero proveniente de fuentes prohibidas.
En concreto, la documentación bancaria a la que accedió el IFE demostró, entre otras cosas, las siguientes (para una revisión exhaustiva del caso se puede consultar el libro que Lorenzo Córdova escribió junto con el autor de esta nota, titulado Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, 2006): que tres empresas propiedad de Lino Korrodi transfirieron importantes sumas de dinero (la empresa ST & K un total de $765,657 pesos; la empresa K-Beta un monto de $9,625,606 pesos, y la empresa Grupo Alta Tecnología de Impresos la suma de $3,402,321 pesos) a las cuentas de Carlota y Laura Robinson, las cuales, a su vez, canalizaron esos montos —y otros captados de la cuenta del PAN en el Senado de la República— a la asociación civil Amigos de Vicente Fox y al fideicomiso Para el Desarrollo de la Democracia en México que, junto con otros actores —como la asociación Éxito con Fox—, gastaron hasta 91.2 millones de pesos en las actividades proselitistas del candidato Fox.
Los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista se hicieron merecedores de una sanción de las autoridades electorales por 399 millones de pesos y por 98.7 millones respectivamente. Fue la primera vez en México, y una de las pocas ocasiones en el mundo, en que el partido político gobernante recibe una sanción por incurrir en una trama de financiamiento ilegal en la campaña del presidente en funciones.
Hoy la dirigencia del PRD estudia hacer su candidato al cerebro de esa red de financiamiento ilegal que benefició a un partido político rival y que llevó a la derecha al gobierno de México. ¿Es que en el PRD se aprecia no el valor de la conducta moral de Korrodi sino el éxito de su actuación? ¿El PRD en vez de estar orgulloso por denunciar y ver cómo se sancionó una operación de financiamiento político ilegal, se siente decepcionado porque dicha trama no fue fraguada en sus filas y a su favor? ¿Es que el PRD considera que no hay entre sus militantes tamaulipecos nadie con más atributos políticos? ¿Acaso en el PRD se siente tan distante de los problemas de una entidad tan sometida a la violencia del narco, como es Tamaulipas, como para proponer a un “empresario” de ese perfil? ¿O es que, como en la película El día de la marmota, cada amanecer viene ocurriendo en la misma fecha y estamos atrapados en el 28 de diciembre y esto no es más que una mala broma?
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 15 de Enero, 2010
No fue el 28 de diciembre cuando se hizo pública la noticia de que la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tamaulipas había registrado, como uno de sus precandidatos a la gubernatura de aquella fronteriza entidad, al empresario Lino Korrodi. Tampoco fue el día de los Santos Inocentes cuando la presidencia nacional del PRD confirmó la veracidad de la especie.
¿Qué implica que el PRD —con todo la mayor formación partidista identificada con la izquierda que ha existido en México— busque extender sus adhesiones a través de considerar la candidatura de Korrodi? Conviene, para ir tras esa respuesta, recordar los antecedentes del ahora precandidato.
Era el año 2000. Las campañas electorales por la búsqueda a la Presidencia estaban en su apogeo. Por primera vez en décadas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podía perder el Poder Ejecutivo frente a un aspirante opositor en rápido ascenso, Vicente Fox. A unos días de las elecciones de aquel lejano 2 de julio, el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Ortega —sí, el mismo que hoy preside al sol azteca—, denunció que la campaña de Vicente Fox recibía apoyo de diversas empresas de carácter mercantil, e incluso desde el extranjero, lo cual está prohibido por la legislación electoral mexicana. Días después, el PRI hizo una acusación similar en la tribuna de la comisión permanente del Congreso de la Unión. En ambas denuncias se aludía a la participación, en la trama de financiamiento paralelo, de empresas mercantiles propiedad de un señor de nombre Lino Korrodi.
El IFE inició la investigación sobre la supuesta trama de financiamiento ilegal y realizó pesquisas a lo largo de un año, tratando de allegarse información tanto de los partidos que habían impulsado a Fox —el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, así como de particulares presumiblemente involucrados y de las autoridades financieras y hacendarias del país. Los partidos declararon que no habían recibido recursos de fuentes prohibidas, los particulares se negaron a comparecer ante el IFE y las autoridades alegaron que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no les permitían entregar información a la autoridad electoral, por lo que el IFE hubo de cerrar en una primera instancia sus indagatorias. Hubo de recurrirse tal decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el IFE se tuvo que presentar como tercer interesado en distintos juicios de amparo y fue menester que el asunto llegara a la Suprema Corte para que fluyera la información que permitiría determinar si, en efecto, había habido una red de financiamiento oculto y, por tanto ilegal, a la campaña de Vicente Fox. La conclusión, tras casi tres años de investigación sorteando obstáculos legales y políticos fue que sí, que en efecto el candidato del PAN y del PVEM se benefició de dinero proveniente de fuentes prohibidas.
En concreto, la documentación bancaria a la que accedió el IFE demostró, entre otras cosas, las siguientes (para una revisión exhaustiva del caso se puede consultar el libro que Lorenzo Córdova escribió junto con el autor de esta nota, titulado Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, 2006): que tres empresas propiedad de Lino Korrodi transfirieron importantes sumas de dinero (la empresa ST & K un total de $765,657 pesos; la empresa K-Beta un monto de $9,625,606 pesos, y la empresa Grupo Alta Tecnología de Impresos la suma de $3,402,321 pesos) a las cuentas de Carlota y Laura Robinson, las cuales, a su vez, canalizaron esos montos —y otros captados de la cuenta del PAN en el Senado de la República— a la asociación civil Amigos de Vicente Fox y al fideicomiso Para el Desarrollo de la Democracia en México que, junto con otros actores —como la asociación Éxito con Fox—, gastaron hasta 91.2 millones de pesos en las actividades proselitistas del candidato Fox.
Los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista se hicieron merecedores de una sanción de las autoridades electorales por 399 millones de pesos y por 98.7 millones respectivamente. Fue la primera vez en México, y una de las pocas ocasiones en el mundo, en que el partido político gobernante recibe una sanción por incurrir en una trama de financiamiento ilegal en la campaña del presidente en funciones.
Hoy la dirigencia del PRD estudia hacer su candidato al cerebro de esa red de financiamiento ilegal que benefició a un partido político rival y que llevó a la derecha al gobierno de México. ¿Es que en el PRD se aprecia no el valor de la conducta moral de Korrodi sino el éxito de su actuación? ¿El PRD en vez de estar orgulloso por denunciar y ver cómo se sancionó una operación de financiamiento político ilegal, se siente decepcionado porque dicha trama no fue fraguada en sus filas y a su favor? ¿Es que el PRD considera que no hay entre sus militantes tamaulipecos nadie con más atributos políticos? ¿Acaso en el PRD se siente tan distante de los problemas de una entidad tan sometida a la violencia del narco, como es Tamaulipas, como para proponer a un “empresario” de ese perfil? ¿O es que, como en la película El día de la marmota, cada amanecer viene ocurriendo en la misma fecha y estamos atrapados en el 28 de diciembre y esto no es más que una mala broma?
viernes, 8 de enero de 2010
La crisis sigue aquí. 8-I-2010
La crisis sigue aquí
Ciro Murayama | Opinión
Es natural que, tras una caída tan drástica del Producto Interno Bruto como la que registró el año pasado la economía mexicana, el ritmo de la desaceleración productiva se modere y que, incluso, haya cierta recuperación. Pero esas señales lejos estarán de anunciar el fin de la crisis y, mucho menos aún, de los perniciosos efectos sociales de la misma a pesar de que en el discurso oficial se apueste por las buenas nuevas con la misma fe con que se viene anunciando, de forma sistemática y a lo largo de los últimos 15 meses, que lo peor ya quedó atrás.
Para empezar, habrá que atender a indicadores económicos reales, pues finalmente la crisis está afectando sobre todo a la calidad de vida de las familias, por lo que las cifras nominales en todo caso complementan lo que importa: el ingreso y el empleo de la gente. En este sentido, la última cifra proporcionada por el INEGI nos dijo que para el tercer trimestre de 2009 alcanzamos cerca de tres millones de desempleados abiertos (dos millones 925 mil), es decir, un millón más que al cerrar 2008. Nunca habíamos generado tantos desempleados tan rápido. Cada uno de esos desempleados es un drama individual, con extensión al grupo familiar, que no puede dejar de considerarse como relevante porque hay quien otea ciertas "señales" de que la economía va mejor.
Es indispensable atender al tema del desempleo porque está evidenciando destrucción productiva y desaprovechamiento de las capacidades de cientos de miles de trabajadores calificados, que ya habían sido recibidos en el mercado de trabajo, acumulado experiencia, y que ahora se encuentran excluidos de la posibilidad de contribuir a generar riqueza para el país y de llevar ingreso y sustento a los suyos. De hecho, de los casi tres millones de desempleados que se reconocen oficialmente en el país, sólo 273 mil, menos de la décima parte, no cuentan con experiencia laboral previa. Asimismo, la caída del número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social durante 2009 implica que buena parte de los empleos de la mejor calidad se perdieron, y que el desempleo dejó de hacer distingos por perfil educativo y ahora se ceba también sobre los individuos y familias que más invirtieron en su "capital humano". Para noviembre de 2009 había afiliados al IMSS 400 mil trabajadores permanentes menos que los que se alcanzaron en octubre de 2008, antes del inicio de la crisis.
Desde el gobierno se ha llegado a argumentar que la tasa de desempleo mexicana, con todo, es menor a la de países desarrollados. Sin embargo, una primera diferencia gruesa consiste en que aquí no hay protección al desempleo (en España, por ejemplo, si bien ha crecido el número de desempleados de manera acelerada con la crisis, hoy son menos los españoles desocupados sin ningún tipo de ingreso a través de los programas públicos que los que había antes del inicio de la crisis). Pero además, nuestra tasa de desempleo es baja sólo en apariencia. Si se profundiza un poco más y se compara el número de desempleados abiertos (oficiales) con el número de trabajadores afiliados a la seguridad social, nuestra tasa de desempleo formal (desempleados formales —2.9 millones— sobre ocupados formales —14.2 millones—) es del 20 por ciento (leyó usted bien, veinte por ciento). Esto quiere decir que hay un desempleado por cada cinco trabajadores en pleno goce de sus derechos laborales. Una de las cifras históricas más altas del mundo e, insisto, sin que existan redes de seguridad social para garantizar el ingreso de las familias cuyos trabajadores son echados a la calle o cuyos negocios han quebrado.
Una de las razones por las que la tasa de desempleo es en apariencia baja es porque, tradicionalmente, estar desocupado es un lujo que muy pocos pueden darse. Así, las personas que no tienen ahorros, ni apoyo familiar, y no encuentran empleo, se vuelcan a la informalidad para asegurar algún tipo de ingreso. Eso hace que el número oficial de "ocupados" sea alto aunque en realidad sea gente sin un empleo propiamente dicho ni en los términos que prevén la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. No obstante, en la actual coyuntura las posibilidades de encontrar ocupación en el sector informal también se achican: hay un límite para el número de vendedores ambulantes, cuidadores de coches, lavadoras de ropa ajena, etcétera, sobre todo si quienes les compran los bienes o requieren de sus servicios también han visto caer su ingreso. Para decirlo en una palabra, la economía informal también depende del crecimiento económico y ante la ausencia de éste las actividades informales pueden extenderse, pero con un límite al que podemos haber llegado ya.
Empleo no hay y buenos salarios tampoco. El bochornoso incremento del salario mínimo aprobado a final de 2009 resulta, en términos reales, negativo (esto es, descontando el incremento de precios). Eso en particular si se toma en cuenta la dinámica de los bienes básicos y del bien salario por excelencia, que son los alimentos. Además, como el salario mínimo sirve como indicador o como ancla para fijar los salarios medios de la economía, la masa salarial total en el país continuará contrayéndose.
Con estos datos, dudo que algún televidente fuese persuadido por la idea de que "vamos en el camino correcto" como pretende el presidente Calderón.
Ciro Murayama | Opinión
Es natural que, tras una caída tan drástica del Producto Interno Bruto como la que registró el año pasado la economía mexicana, el ritmo de la desaceleración productiva se modere y que, incluso, haya cierta recuperación. Pero esas señales lejos estarán de anunciar el fin de la crisis y, mucho menos aún, de los perniciosos efectos sociales de la misma a pesar de que en el discurso oficial se apueste por las buenas nuevas con la misma fe con que se viene anunciando, de forma sistemática y a lo largo de los últimos 15 meses, que lo peor ya quedó atrás.
Para empezar, habrá que atender a indicadores económicos reales, pues finalmente la crisis está afectando sobre todo a la calidad de vida de las familias, por lo que las cifras nominales en todo caso complementan lo que importa: el ingreso y el empleo de la gente. En este sentido, la última cifra proporcionada por el INEGI nos dijo que para el tercer trimestre de 2009 alcanzamos cerca de tres millones de desempleados abiertos (dos millones 925 mil), es decir, un millón más que al cerrar 2008. Nunca habíamos generado tantos desempleados tan rápido. Cada uno de esos desempleados es un drama individual, con extensión al grupo familiar, que no puede dejar de considerarse como relevante porque hay quien otea ciertas "señales" de que la economía va mejor.
Es indispensable atender al tema del desempleo porque está evidenciando destrucción productiva y desaprovechamiento de las capacidades de cientos de miles de trabajadores calificados, que ya habían sido recibidos en el mercado de trabajo, acumulado experiencia, y que ahora se encuentran excluidos de la posibilidad de contribuir a generar riqueza para el país y de llevar ingreso y sustento a los suyos. De hecho, de los casi tres millones de desempleados que se reconocen oficialmente en el país, sólo 273 mil, menos de la décima parte, no cuentan con experiencia laboral previa. Asimismo, la caída del número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social durante 2009 implica que buena parte de los empleos de la mejor calidad se perdieron, y que el desempleo dejó de hacer distingos por perfil educativo y ahora se ceba también sobre los individuos y familias que más invirtieron en su "capital humano". Para noviembre de 2009 había afiliados al IMSS 400 mil trabajadores permanentes menos que los que se alcanzaron en octubre de 2008, antes del inicio de la crisis.
Desde el gobierno se ha llegado a argumentar que la tasa de desempleo mexicana, con todo, es menor a la de países desarrollados. Sin embargo, una primera diferencia gruesa consiste en que aquí no hay protección al desempleo (en España, por ejemplo, si bien ha crecido el número de desempleados de manera acelerada con la crisis, hoy son menos los españoles desocupados sin ningún tipo de ingreso a través de los programas públicos que los que había antes del inicio de la crisis). Pero además, nuestra tasa de desempleo es baja sólo en apariencia. Si se profundiza un poco más y se compara el número de desempleados abiertos (oficiales) con el número de trabajadores afiliados a la seguridad social, nuestra tasa de desempleo formal (desempleados formales —2.9 millones— sobre ocupados formales —14.2 millones—) es del 20 por ciento (leyó usted bien, veinte por ciento). Esto quiere decir que hay un desempleado por cada cinco trabajadores en pleno goce de sus derechos laborales. Una de las cifras históricas más altas del mundo e, insisto, sin que existan redes de seguridad social para garantizar el ingreso de las familias cuyos trabajadores son echados a la calle o cuyos negocios han quebrado.
Una de las razones por las que la tasa de desempleo es en apariencia baja es porque, tradicionalmente, estar desocupado es un lujo que muy pocos pueden darse. Así, las personas que no tienen ahorros, ni apoyo familiar, y no encuentran empleo, se vuelcan a la informalidad para asegurar algún tipo de ingreso. Eso hace que el número oficial de "ocupados" sea alto aunque en realidad sea gente sin un empleo propiamente dicho ni en los términos que prevén la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. No obstante, en la actual coyuntura las posibilidades de encontrar ocupación en el sector informal también se achican: hay un límite para el número de vendedores ambulantes, cuidadores de coches, lavadoras de ropa ajena, etcétera, sobre todo si quienes les compran los bienes o requieren de sus servicios también han visto caer su ingreso. Para decirlo en una palabra, la economía informal también depende del crecimiento económico y ante la ausencia de éste las actividades informales pueden extenderse, pero con un límite al que podemos haber llegado ya.
Empleo no hay y buenos salarios tampoco. El bochornoso incremento del salario mínimo aprobado a final de 2009 resulta, en términos reales, negativo (esto es, descontando el incremento de precios). Eso en particular si se toma en cuenta la dinámica de los bienes básicos y del bien salario por excelencia, que son los alimentos. Además, como el salario mínimo sirve como indicador o como ancla para fijar los salarios medios de la economía, la masa salarial total en el país continuará contrayéndose.
Con estos datos, dudo que algún televidente fuese persuadido por la idea de que "vamos en el camino correcto" como pretende el presidente Calderón.
viernes, 18 de diciembre de 2009
Nos acompañan los muertos, 18/12/2009
Nos acompañan los muertos
Ciro Murayama | Opinión
El año se marchita y la iniciativa de reforma política del Presidente puede esperar para 2010. En cambio, conviene aprovechar la pausa invernal para atender una de las creaciones literarias más relevantes que vieron luz en México en 2009. Me refiero a la novela Nos acompañan los muertos, del escritor Rafael Pérez Gay, publicada bajo el sello editorial de Planeta. En este libro, con cierta inspiración de Philip Roth, Pérez Gay se hace cargo de un tema crudo y desesperanzador, pero que por lo mismo la buena literatura tiene que mirar a los ojos: la vejez, el deterioro y la muerte de los padres.
Ofrezco a continuación una treintena de subrayados a Nos acompañan los muertos en el afán, espero que realista, de motivar la lectura completa de este imprescindible libro, pues la demografía mexicana, con la prolongación de la esperanza de vida y una transición epidemiológica que hace que cada vez se padezcan más enfermedades crónico degenerativas, nos revela que el tema del libro cada vez visita a más hogares y lo seguirá haciendo en el futuro cercano:
1) “Los viejos acercan el pasado remoto y lo dejan arder en el presente ante sus ojos nublados. La antigüedad es un incendio”.
2) “Nadie puede vivir sin atarse a alguien o algo. Quien diga lo contrario miente”.
3) “Las tumbas prestigiosas suelen ser mentiras de piedra”.
4) “—¿Para qué vivir tantos años?
“No supe responderle. Olí el perfume delicado de frutas dulces que en mi cerebro se llama mamá”.
5) “Perdido en la oscuridad necesitaba a mi madre, la idea de que nunca más me volvería a cuidar me hundía en un pozo de tristeza”.
6) “La cercanía de la muerte de los padres nos vuelve débiles, neuróticos”.
7) “Mis padres vendieron su alma al odio. La vida puede ser entendida como una subasta, una gran compraventa de almas”.
8) “Mis padres perdieron la intimidad cuando contratamos a las enfermeras de noche que los atendían siguiendo la ruta de las medicinas, de la oscuridad, de las pesadillas, de la idea anticipada de la muerte. Por eso las detestaba, porque sabían sus secretos, en ellas reconocía a dos espías del hecho irreversible de su desaparición”.
9) “Viudo, perdido en la neblina de la demencia senil, Luis se transformó en un fantasma que atravesaba los tiempos sin orden ni concierto, de la infancia pasaba a la vejez, de ahí a la juventud, de ahí al vacío. Caminaba por un caserón deshabitado llamando por su nombre a los muertos y desconociendo a los vivos”.
10) “Nada separa tanto como la fe, el cumplimiento de un credo separa a las personas”.
11) “Error, nadie recupera nada del pasado, salvo el dolor de lo irrecuperable”.
12) “La cercanía de la muerte soltó a la bestia de la culpa”.
13) “Ella estaba consumida por el esfuerzo, cansada de vivir y aferrada al viejo tronco que llamamos vida”.
14) “Nunca soportó la tentación irresistible de corregir la realidad”.
15) “No se repuso de ese golpe, se dejó arder en silencio y en las llamas del sufrimiento confirmó que no hay mayor fuerza destructiva en la vida que la pérdida de un hijo”.
16) “Le puso cerco a sus anhelos, lo agobió con saña hasta que el hijo resolvió evadirse. Sin evasiones no existe el porvenir”.
17) “Siempre creyó que la cólera era su aliada, pero más bien fue su adversaria astuta, la autora de no pocas trampas en las que despeñó sus sueños. La ira lo enceguecía y avanzaba cometiendo tropelías en la oscuridad”.
18) “Mientras escribo estas líneas me doy cuenta de que mi padre y mi madre vivían abandonados en un rincón de la vida, solos, en un margen en el que intercambiaban sus soledades”.
19) “Fui muchos médicos en esa época, pero sobre todo y como nunca uno de sus cinco hijos”.
20) “Me di cuenta de que lo estreché no sólo para mantenerlo en pie, deseaba retenerlo en el mundo. Alguna vez, todos los hijos desean retener a sus padres en este mundo”.
21) “Descansé en la oscuridad, no soñé con nadie querido, a esta ausencia la llaman reposo”.
22) “El sueño y la locura son gemelos nacidos en mundos diferentes”.
23) “Los secretos de amor se desmoronan al contacto con el aire”.
24) “El hijo les hablaba desde la decrepitud de su edad a los padres jóvenes en el portal de la muerte, les preguntaba por él mismo perdido en algún momento de su infancia”.
25) “Por cierto, nadie hace nunca lo que le da la gana, todos llevamos un grillete en el tobillo”.
26) “Durante la noche, cuando soñamos, o en el delirio, cuando enloquecemos, todos somos surrealistas, somos Breton, Picasso, Dalí”.
27) “Un clan que dispersó el viento de la vida se reunía de nuevo convertido en un grupo de extraños ligado por la muerte de uno de sus viejos”.
28) “La religión ayuda a las personas a arreglarse con los misterios de la vida y la infinitud de la muerte, pero yo a los curas los vomito”.
29) “Me despedí de ella como si estuviera viva y la besé muerta. Se había convertido en un trozo helado muy parecido a mi madre”.
30) “Updike tiene razón, nuestros padres son desde luego nuestro pasado, pero quizá sobre todo nuestro futuro”.
Ciro Murayama | Opinión
El año se marchita y la iniciativa de reforma política del Presidente puede esperar para 2010. En cambio, conviene aprovechar la pausa invernal para atender una de las creaciones literarias más relevantes que vieron luz en México en 2009. Me refiero a la novela Nos acompañan los muertos, del escritor Rafael Pérez Gay, publicada bajo el sello editorial de Planeta. En este libro, con cierta inspiración de Philip Roth, Pérez Gay se hace cargo de un tema crudo y desesperanzador, pero que por lo mismo la buena literatura tiene que mirar a los ojos: la vejez, el deterioro y la muerte de los padres.
Ofrezco a continuación una treintena de subrayados a Nos acompañan los muertos en el afán, espero que realista, de motivar la lectura completa de este imprescindible libro, pues la demografía mexicana, con la prolongación de la esperanza de vida y una transición epidemiológica que hace que cada vez se padezcan más enfermedades crónico degenerativas, nos revela que el tema del libro cada vez visita a más hogares y lo seguirá haciendo en el futuro cercano:
1) “Los viejos acercan el pasado remoto y lo dejan arder en el presente ante sus ojos nublados. La antigüedad es un incendio”.
2) “Nadie puede vivir sin atarse a alguien o algo. Quien diga lo contrario miente”.
3) “Las tumbas prestigiosas suelen ser mentiras de piedra”.
4) “—¿Para qué vivir tantos años?
“No supe responderle. Olí el perfume delicado de frutas dulces que en mi cerebro se llama mamá”.
5) “Perdido en la oscuridad necesitaba a mi madre, la idea de que nunca más me volvería a cuidar me hundía en un pozo de tristeza”.
6) “La cercanía de la muerte de los padres nos vuelve débiles, neuróticos”.
7) “Mis padres vendieron su alma al odio. La vida puede ser entendida como una subasta, una gran compraventa de almas”.
8) “Mis padres perdieron la intimidad cuando contratamos a las enfermeras de noche que los atendían siguiendo la ruta de las medicinas, de la oscuridad, de las pesadillas, de la idea anticipada de la muerte. Por eso las detestaba, porque sabían sus secretos, en ellas reconocía a dos espías del hecho irreversible de su desaparición”.
9) “Viudo, perdido en la neblina de la demencia senil, Luis se transformó en un fantasma que atravesaba los tiempos sin orden ni concierto, de la infancia pasaba a la vejez, de ahí a la juventud, de ahí al vacío. Caminaba por un caserón deshabitado llamando por su nombre a los muertos y desconociendo a los vivos”.
10) “Nada separa tanto como la fe, el cumplimiento de un credo separa a las personas”.
11) “Error, nadie recupera nada del pasado, salvo el dolor de lo irrecuperable”.
12) “La cercanía de la muerte soltó a la bestia de la culpa”.
13) “Ella estaba consumida por el esfuerzo, cansada de vivir y aferrada al viejo tronco que llamamos vida”.
14) “Nunca soportó la tentación irresistible de corregir la realidad”.
15) “No se repuso de ese golpe, se dejó arder en silencio y en las llamas del sufrimiento confirmó que no hay mayor fuerza destructiva en la vida que la pérdida de un hijo”.
16) “Le puso cerco a sus anhelos, lo agobió con saña hasta que el hijo resolvió evadirse. Sin evasiones no existe el porvenir”.
17) “Siempre creyó que la cólera era su aliada, pero más bien fue su adversaria astuta, la autora de no pocas trampas en las que despeñó sus sueños. La ira lo enceguecía y avanzaba cometiendo tropelías en la oscuridad”.
18) “Mientras escribo estas líneas me doy cuenta de que mi padre y mi madre vivían abandonados en un rincón de la vida, solos, en un margen en el que intercambiaban sus soledades”.
19) “Fui muchos médicos en esa época, pero sobre todo y como nunca uno de sus cinco hijos”.
20) “Me di cuenta de que lo estreché no sólo para mantenerlo en pie, deseaba retenerlo en el mundo. Alguna vez, todos los hijos desean retener a sus padres en este mundo”.
21) “Descansé en la oscuridad, no soñé con nadie querido, a esta ausencia la llaman reposo”.
22) “El sueño y la locura son gemelos nacidos en mundos diferentes”.
23) “Los secretos de amor se desmoronan al contacto con el aire”.
24) “El hijo les hablaba desde la decrepitud de su edad a los padres jóvenes en el portal de la muerte, les preguntaba por él mismo perdido en algún momento de su infancia”.
25) “Por cierto, nadie hace nunca lo que le da la gana, todos llevamos un grillete en el tobillo”.
26) “Durante la noche, cuando soñamos, o en el delirio, cuando enloquecemos, todos somos surrealistas, somos Breton, Picasso, Dalí”.
27) “Un clan que dispersó el viento de la vida se reunía de nuevo convertido en un grupo de extraños ligado por la muerte de uno de sus viejos”.
28) “La religión ayuda a las personas a arreglarse con los misterios de la vida y la infinitud de la muerte, pero yo a los curas los vomito”.
29) “Me despedí de ella como si estuviera viva y la besé muerta. Se había convertido en un trozo helado muy parecido a mi madre”.
30) “Updike tiene razón, nuestros padres son desde luego nuestro pasado, pero quizá sobre todo nuestro futuro”.
viernes, 11 de diciembre de 2009
El cambio climático en México, 11/12/2009
El cambio climático en México
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 11 de Dic., 2009
En esta semana que se celebró en Copenhague la Cumbre del Clima, conviene hacer una revisión de lo que sabemos del cambio climático y sus impactos en nuestro país.
“La economía del cambio climático en México” (disponible en www.semarnat.gob.mx) es un relevante estudio, coordinado por el profesor Luis Miguel Galindo, de la Facultad de Economía de la UNAM, y publicado por el gobierno federal, que merece ser ampliamente difundido porque el incremento de la temperatura del planeta es “uno de los grandes desafíos del siglo XXI”, cuyas consecuencias no serán ajenas a nuestro bienestar como sociedad.
En el estudio se retoman cuatro conclusiones científicas sobre el cambio climático: a) el calentamiento del sistema climático es inequívico; b) la emisión de los gases de efecto invernadero se incrementa de forma significativa desde 1850 por el proceso de industrialización y ocasiona un aumento en la temperatura global del planeta; c) en este siglo la temperatura del planeta se incrementará de entre 1.1 a 4.5 grados centígrados, aunque hay estimaciones que llegan a los 6 grados; d) el cambio climático está teniendo influencia sobre muchos de los sistemas físicos y biológicos.
El estudio construye para México diversos escenarios futuros, con las siguientes conclusiones: con un incremento de la temperatura de entre 2.5 y 4.0º C la precipitación promedio en el país descendería un 11 por ciento. Si el incremento de la temperatura es de entre 1.5 y 3.0º C, la reducción de la precipitación podría ser de -8.7 por ciento. En los diferentes escenarios, las regiones del norte del país, en especial la noroeste, experimentarían los mayores incrementos en la temperatura y la más acusada reducción en las precipitaciones.
Asimismo, se estima que con un rango de 60 por ciento de probabilidad la tasa promedio de crecimiento de la economía mexicana se ubica en un promedio de largo plazo de 3.5 por ciento. Esa dinámica –de por sí baja tomando en cuenta las necesidades de crecimiento que implica la dimensión y la composición de la población mexicana– puede verse afectada por el cambio climático. Así, las mayores temperaturas tendrán que repercutir sobre la producción agrícola. En especial, los efectos más significativos se presentarían hacia 2050 y que para 2100 habrá una caída importante de los rendimientos agrícolas. El estudio señala que se puede compensar el aumento de la temperatura con una mayor cantidad de agua, pero que ello no es sustentable y generaría a su vez efectos negativos sobre los recursos acuíferos.
El cambio climático incide de forma directa tanto en la demanda como en la disponibilidad de agua. Si hoy se demandan alrededor de 12 mil millones de litros para consumo humano, ese monto habrá crecido en un 50 por ciento para mediados de siglo. El estudio establece que satisfacer el diferencial adicional entre oferta y demanda de agua impondrá costos económicos muy importantes.
Otro terreno donde las consecuencias del cambio climático serán drásticas es en materia de biodiversidad. De darse un incremento de entre 2.2 y 4 grados de temperatura, tenderán a la extinción entre el 2 y el 20 por ciento de los mamíferos, entre el 3 y el 8 por ciento de las aves y entre el 3 y 15 por ciento de las mariposas. Es importante subrayar que si bien la biodiversidad no tiene asignados precios que permitan medir con precisión el costo económico de su pérdida, los servicios ecosistémicos (provisión de biomasa, alimentos y agua; dar soporte al hábitat; regulación del ciclo de nutrientes y del clima; así como proveer servicios culturales como la belleza escénica de los paisajes) dependen de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad estimada en el estudio para México es significativa y creciente, con efectos negativos sobre la producción agrícola (y como recordatorio cabe añadir que hoy, sin que esos efectos se hayan expandido, México apenas produce un 60 por ciento de los alimentos que produce, por lo que nuestra dependencia alimentaria puede incrementarse por el cambio climático).
El cambio climático está teniendo consecuencias en los huracanes; el incremento de éstos, en los 25 municipios más vulnerables, pone en riesgo potencial a una población de 4 millones de personas, a un millón de viviendas, así como a una producción agrícola por valor de 977 millones de dólares, a una producción pecuaria de 456 millones de dólares y una actividad turística con un valor de 2 mil 905 millones de dólares.
En materia de salud, el estudio demuestra que el cambio climático aumentará las enfermedades contagiosas y ocasionará daños a la salud asociados con las olas de calor.
Todas las consecuencias expuestas tienen costos económicos crecientes, por lo que México debe hacer esfuerzos de primera magnitud para mitigar los efectos del cambio climático. Es necesario, por ejemplo, modificar el consumo nacional de energía, reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Ello debe darse por medio de incrementos en los precios de ese tipo de energías para desincentivar la demanda (al final el “gasolinazo” es una necesidad para disminuir las emisiones que contribuyen al cambio climático), así como mediante una regulación adecuada. Los mecanismos de mercado, la mera subida de precios, sería insuficiente. En materia de energía hay que usar menos carbono y movernos a la generación de energía eléctrica limpia, lo que incluye el delicado tema del uso de energía nuclear.
El estudio concluye analizando los diferentes campos en que será necesario desarrollar políticas, además de la energía y el consumo de la gasolina. Por ejemplo, limitar la expansión de la frontera agropecuaria y fomentar el establecimiento de plantaciones forestales de calidad; generar subsidios agropecuarios; crear un mercado de carbono; acciones en el sector agropecuario; en el uso del agua construyendo infraestructura adecuada, por ejemplo.
En suma “La economía del cambio climático” debería de ser un documento de lectura obligatoria –empezando por todo el sistema educativo–, pues sus propuestas podrían vertebrar la estrategia de desarrollo económico, que si bien involucra a actores privados y a la sociedad en su conjunto, sólo podrá articularse alrededor de una política auténticamente de Estado… y de la que hoy carecemos.
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 11 de Dic., 2009
En esta semana que se celebró en Copenhague la Cumbre del Clima, conviene hacer una revisión de lo que sabemos del cambio climático y sus impactos en nuestro país.
“La economía del cambio climático en México” (disponible en www.semarnat.gob.mx) es un relevante estudio, coordinado por el profesor Luis Miguel Galindo, de la Facultad de Economía de la UNAM, y publicado por el gobierno federal, que merece ser ampliamente difundido porque el incremento de la temperatura del planeta es “uno de los grandes desafíos del siglo XXI”, cuyas consecuencias no serán ajenas a nuestro bienestar como sociedad.
En el estudio se retoman cuatro conclusiones científicas sobre el cambio climático: a) el calentamiento del sistema climático es inequívico; b) la emisión de los gases de efecto invernadero se incrementa de forma significativa desde 1850 por el proceso de industrialización y ocasiona un aumento en la temperatura global del planeta; c) en este siglo la temperatura del planeta se incrementará de entre 1.1 a 4.5 grados centígrados, aunque hay estimaciones que llegan a los 6 grados; d) el cambio climático está teniendo influencia sobre muchos de los sistemas físicos y biológicos.
El estudio construye para México diversos escenarios futuros, con las siguientes conclusiones: con un incremento de la temperatura de entre 2.5 y 4.0º C la precipitación promedio en el país descendería un 11 por ciento. Si el incremento de la temperatura es de entre 1.5 y 3.0º C, la reducción de la precipitación podría ser de -8.7 por ciento. En los diferentes escenarios, las regiones del norte del país, en especial la noroeste, experimentarían los mayores incrementos en la temperatura y la más acusada reducción en las precipitaciones.
Asimismo, se estima que con un rango de 60 por ciento de probabilidad la tasa promedio de crecimiento de la economía mexicana se ubica en un promedio de largo plazo de 3.5 por ciento. Esa dinámica –de por sí baja tomando en cuenta las necesidades de crecimiento que implica la dimensión y la composición de la población mexicana– puede verse afectada por el cambio climático. Así, las mayores temperaturas tendrán que repercutir sobre la producción agrícola. En especial, los efectos más significativos se presentarían hacia 2050 y que para 2100 habrá una caída importante de los rendimientos agrícolas. El estudio señala que se puede compensar el aumento de la temperatura con una mayor cantidad de agua, pero que ello no es sustentable y generaría a su vez efectos negativos sobre los recursos acuíferos.
El cambio climático incide de forma directa tanto en la demanda como en la disponibilidad de agua. Si hoy se demandan alrededor de 12 mil millones de litros para consumo humano, ese monto habrá crecido en un 50 por ciento para mediados de siglo. El estudio establece que satisfacer el diferencial adicional entre oferta y demanda de agua impondrá costos económicos muy importantes.
Otro terreno donde las consecuencias del cambio climático serán drásticas es en materia de biodiversidad. De darse un incremento de entre 2.2 y 4 grados de temperatura, tenderán a la extinción entre el 2 y el 20 por ciento de los mamíferos, entre el 3 y el 8 por ciento de las aves y entre el 3 y 15 por ciento de las mariposas. Es importante subrayar que si bien la biodiversidad no tiene asignados precios que permitan medir con precisión el costo económico de su pérdida, los servicios ecosistémicos (provisión de biomasa, alimentos y agua; dar soporte al hábitat; regulación del ciclo de nutrientes y del clima; así como proveer servicios culturales como la belleza escénica de los paisajes) dependen de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad estimada en el estudio para México es significativa y creciente, con efectos negativos sobre la producción agrícola (y como recordatorio cabe añadir que hoy, sin que esos efectos se hayan expandido, México apenas produce un 60 por ciento de los alimentos que produce, por lo que nuestra dependencia alimentaria puede incrementarse por el cambio climático).
El cambio climático está teniendo consecuencias en los huracanes; el incremento de éstos, en los 25 municipios más vulnerables, pone en riesgo potencial a una población de 4 millones de personas, a un millón de viviendas, así como a una producción agrícola por valor de 977 millones de dólares, a una producción pecuaria de 456 millones de dólares y una actividad turística con un valor de 2 mil 905 millones de dólares.
En materia de salud, el estudio demuestra que el cambio climático aumentará las enfermedades contagiosas y ocasionará daños a la salud asociados con las olas de calor.
Todas las consecuencias expuestas tienen costos económicos crecientes, por lo que México debe hacer esfuerzos de primera magnitud para mitigar los efectos del cambio climático. Es necesario, por ejemplo, modificar el consumo nacional de energía, reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Ello debe darse por medio de incrementos en los precios de ese tipo de energías para desincentivar la demanda (al final el “gasolinazo” es una necesidad para disminuir las emisiones que contribuyen al cambio climático), así como mediante una regulación adecuada. Los mecanismos de mercado, la mera subida de precios, sería insuficiente. En materia de energía hay que usar menos carbono y movernos a la generación de energía eléctrica limpia, lo que incluye el delicado tema del uso de energía nuclear.
El estudio concluye analizando los diferentes campos en que será necesario desarrollar políticas, además de la energía y el consumo de la gasolina. Por ejemplo, limitar la expansión de la frontera agropecuaria y fomentar el establecimiento de plantaciones forestales de calidad; generar subsidios agropecuarios; crear un mercado de carbono; acciones en el sector agropecuario; en el uso del agua construyendo infraestructura adecuada, por ejemplo.
En suma “La economía del cambio climático” debería de ser un documento de lectura obligatoria –empezando por todo el sistema educativo–, pues sus propuestas podrían vertebrar la estrategia de desarrollo económico, que si bien involucra a actores privados y a la sociedad en su conjunto, sólo podrá articularse alrededor de una política auténticamente de Estado… y de la que hoy carecemos.
martes, 8 de diciembre de 2009
Priístas que no amaban a las mujeres, 27/11/2009
Priistas que no amaban a las mujeres
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 27 de Nov., 2009 | Hora de creación: 02:38| Ultima modificación: 02:38
Con el respaldo de los legisladores locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), 17 entidades federativas de México han modificado sus constituciones para definir que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Con tales cambios se cancela o cuando menos se limita de forma severa la posibilidad de que las leyes locales de salud permitan la interrupción del embarazo y, en el extremo, siguiendo la nueva letra de las constituciones locales, que dicha interrupción pueda considerarse un asesinato, con las sanciones penales que ello implica, contra las mujeres que se tomen esa decisión extrema y el personal médico que las asista.
La regresión es tan grave que Naciones Unidas ha alertado sobre el tema. Coincidiendo, esta semana, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) calificó a las reformas aludidas como actos de “violencia estructural contra los derechos de las mujeres” (El Universal, 25-11-09).
Dichas reformas constitucionales, literalmente reaccionarias en tanto reaccionan a la legalización de la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación que se aprobó en el Distrito Federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional, coinciden plenamente con la visión que sobre el mundo, la salud y los derechos de la mujer tiene la Iglesia católica, la cual impulsa en América Latina a agrupaciones que se dicen defender “los derechos del no nacido” y que en otras latitudes, como en España, están en plena cruzada frente a una reglamentación más precisa y segura en materia de interrupción del embarazo.
La no distinción entre temas de moral privada y problemas de salud pública, a la que se suma la pretensión de que el Estado se convierta en brazo ejecutor de lo que desde la perspectiva religiosa son conductas incorrectas, que caracterizan a la Iglesia, también definen la postura del gobernante Partido Acción Nacional en México y explican porqué el PAN sigue siendo incapaz de tener un compromiso explícito e inquebrantable con el Estado laico en pleno siglo XXI. Muestra de ello fue que, con base en sus creencias personales y no en las responsabilidades públicas que le confiere su investidura, el presidente Calderón, a través del Procurador General de la República, promovió ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de despenalizar la interrupción del embarazo en la capital del país.
Pero en la ola de contrarreformas que se vienen sucediendo estos meses y semanas no puede deja de sorprender el apoyo del PRI, partido que gobernó México durante siete décadas y que, con todo, supo mantener definiciones legales y políticas públicas independientes y hasta contrarias al dictado de la influyente Iglesia católica. Baste recordar, por ejemplo, la importante política de planificación familiar en la década de los años setenta del siglo pasado.
Ahora el PRI, sin embargo, vota con el PAN o bien promueve por cuenta propia, en los congresos donde es mayoría, la penalización de la interrupción del embarazo. Eso, a pesar que el artículo 10 de la declaración de principios del PRI, aprobada apenas el año pasado establece: “Nos pronunciamos por un Estado laico para el siglo XXI, que sostenga la imparcialidad de las instituciones y garantice la salvaguarda del ámbito particular de los individuos frente a cualquier intromisión de corporación, credo o dogma y reconozca a plenitud el ejercicio de su libre albedrío”. ¿Y no es un acto de parcialidad institucional, así como una intromisión desde un credo religioso y un dogma sobre el libre albedrío de las mujeres referente a su maternidad el penalizar la interrupción del embarazo?
El artículo 25 de la misma declaración de principios del PRI dice: “Nos pronunciamos por una sociedad en donde la equidad de género sea una realidad que contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres”. Pues hay que decir a los priistas que de acuerdo con lo que establece la ONU, las reformas que ellos —y ellas impulsan— en los congresos locales vulneran la equidad de género y producen violencia contra las mujeres.
Este veloz corrimiento del PRI a la derecha y en esta materia ocurre cuando ese instituto político es presidido por Beatriz Paredes, quien declara que el tema de la interrupción del embarazo “divide a la sociedad y polariza el ambiente” por lo que ella se mantiene al margen (La Jornada, 26-11-09). La dirigente del PRI insiste en que en este tema cada legislador de su partido actúa en función de su conciencia personal, pero es evidente que el “no tener postura” mientras avanza, con los votos de su partido, una legislación similar a la que impulsaron en Nicargua, Daniel Ortega y el cardenal Miguel Obando como condición para el respaldo de la Iglesia al regreso de Ortega al poder, es una clara toma de postura política. Y es factible preguntarse si no tiene la misma motivación que en el caso del malogrado país centroamericano.
Parafraseando a Stieg Larsson —o más bien a la traducción al español de su primera novela—, los priistas son unos más de los que no amaban a las mujeres. Quizá sea momento de acudir ante la Internacional Socialista a solicitar la exclusión del PRI por su apoyo a medidas que atentan contra los derechos de la mujer, de la misma manera en que el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo expulsó al PVEM cuando éste respaldó introducir la pena de muerte en nuestra legislación.
Ciro Murayama | Opinión
Viernes 27 de Nov., 2009 | Hora de creación: 02:38| Ultima modificación: 02:38
Con el respaldo de los legisladores locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), 17 entidades federativas de México han modificado sus constituciones para definir que la vida del ser humano comienza desde la concepción. Con tales cambios se cancela o cuando menos se limita de forma severa la posibilidad de que las leyes locales de salud permitan la interrupción del embarazo y, en el extremo, siguiendo la nueva letra de las constituciones locales, que dicha interrupción pueda considerarse un asesinato, con las sanciones penales que ello implica, contra las mujeres que se tomen esa decisión extrema y el personal médico que las asista.
La regresión es tan grave que Naciones Unidas ha alertado sobre el tema. Coincidiendo, esta semana, con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) calificó a las reformas aludidas como actos de “violencia estructural contra los derechos de las mujeres” (El Universal, 25-11-09).
Dichas reformas constitucionales, literalmente reaccionarias en tanto reaccionan a la legalización de la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación que se aprobó en el Distrito Federal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional, coinciden plenamente con la visión que sobre el mundo, la salud y los derechos de la mujer tiene la Iglesia católica, la cual impulsa en América Latina a agrupaciones que se dicen defender “los derechos del no nacido” y que en otras latitudes, como en España, están en plena cruzada frente a una reglamentación más precisa y segura en materia de interrupción del embarazo.
La no distinción entre temas de moral privada y problemas de salud pública, a la que se suma la pretensión de que el Estado se convierta en brazo ejecutor de lo que desde la perspectiva religiosa son conductas incorrectas, que caracterizan a la Iglesia, también definen la postura del gobernante Partido Acción Nacional en México y explican porqué el PAN sigue siendo incapaz de tener un compromiso explícito e inquebrantable con el Estado laico en pleno siglo XXI. Muestra de ello fue que, con base en sus creencias personales y no en las responsabilidades públicas que le confiere su investidura, el presidente Calderón, a través del Procurador General de la República, promovió ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de despenalizar la interrupción del embarazo en la capital del país.
Pero en la ola de contrarreformas que se vienen sucediendo estos meses y semanas no puede deja de sorprender el apoyo del PRI, partido que gobernó México durante siete décadas y que, con todo, supo mantener definiciones legales y políticas públicas independientes y hasta contrarias al dictado de la influyente Iglesia católica. Baste recordar, por ejemplo, la importante política de planificación familiar en la década de los años setenta del siglo pasado.
Ahora el PRI, sin embargo, vota con el PAN o bien promueve por cuenta propia, en los congresos donde es mayoría, la penalización de la interrupción del embarazo. Eso, a pesar que el artículo 10 de la declaración de principios del PRI, aprobada apenas el año pasado establece: “Nos pronunciamos por un Estado laico para el siglo XXI, que sostenga la imparcialidad de las instituciones y garantice la salvaguarda del ámbito particular de los individuos frente a cualquier intromisión de corporación, credo o dogma y reconozca a plenitud el ejercicio de su libre albedrío”. ¿Y no es un acto de parcialidad institucional, así como una intromisión desde un credo religioso y un dogma sobre el libre albedrío de las mujeres referente a su maternidad el penalizar la interrupción del embarazo?
El artículo 25 de la misma declaración de principios del PRI dice: “Nos pronunciamos por una sociedad en donde la equidad de género sea una realidad que contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres”. Pues hay que decir a los priistas que de acuerdo con lo que establece la ONU, las reformas que ellos —y ellas impulsan— en los congresos locales vulneran la equidad de género y producen violencia contra las mujeres.
Este veloz corrimiento del PRI a la derecha y en esta materia ocurre cuando ese instituto político es presidido por Beatriz Paredes, quien declara que el tema de la interrupción del embarazo “divide a la sociedad y polariza el ambiente” por lo que ella se mantiene al margen (La Jornada, 26-11-09). La dirigente del PRI insiste en que en este tema cada legislador de su partido actúa en función de su conciencia personal, pero es evidente que el “no tener postura” mientras avanza, con los votos de su partido, una legislación similar a la que impulsaron en Nicargua, Daniel Ortega y el cardenal Miguel Obando como condición para el respaldo de la Iglesia al regreso de Ortega al poder, es una clara toma de postura política. Y es factible preguntarse si no tiene la misma motivación que en el caso del malogrado país centroamericano.
Parafraseando a Stieg Larsson —o más bien a la traducción al español de su primera novela—, los priistas son unos más de los que no amaban a las mujeres. Quizá sea momento de acudir ante la Internacional Socialista a solicitar la exclusión del PRI por su apoyo a medidas que atentan contra los derechos de la mujer, de la misma manera en que el Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo expulsó al PVEM cuando éste respaldó introducir la pena de muerte en nuestra legislación.
Menos teletón y más "taxation" 4/12/2009
Menos Teletón y más “taxation” | ||||
| Ciro Murayama | Opinión | Viernes 4 de Dic., 2009 | Hora de creación: 03:02| Ultima modificación: 03:02 | |||
 | ||||
Como ocurre desde hace una docena de años, en esta época hay una febril actividad de propaganda y de recaudación de recursos en todo el país por parte de grandes corporativos empresariales que impulsan el llamado Teletón. Este ejercicio, similar a otros que con el mismo nombre se hacen en distintos países iberoamericanos, e incluso en Estados Unidos, tiene la finalidad de reunir recursos para apoyar la rehabilitación de niños con diferentes tipos de discapacidad. La idea original surgió en Chile, impulsada por el presentador de televisión conocido como Don Francisco, en plena dictadura militar en el año de 1978. | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
