Ciro Murayama
Salud: los determinantes son sociales
22 de abril de 2010
La discusión sobre la calidad de la salud de la población en México —que ha avanzado en la agenda pública y política por la crisis de la influenza, el avance del sobrepeso y la obesidad como pandemias de nuestros jóvenes, así como por la pertinente revisión del diseño y operación del Seguro Popular—, no puede darse como si fuera un tema encriptado sólo para análisis médicos, sino que es necesario asumir que los rezagos tienen un alto componente económico y social. Si la pobreza y la desigualdad se mantienen o si perdura la baja calidad del empleo, la salud del grueso de los mexicanos seguirá siendo frágil. El hecho de que la salud esté marcada por dónde se nace, se crece, se reside, se trabaja y se envejece, no es exclusivo de México. Ello ocurre también en países desarrollados y con sólidos sistemas nacionales de salud pública.
En Inglaterra, se publicó este año un importante estudio, dirigido por Michael Marmot, de la University College de Londres, que consiste en una revisión estratégica de las iniquidades en salud, cuyo título podría traducirse como Una sociedad más justa, vidas más saludables (Fair Society, Healty Lives). En él se demuestra, por ejemplo, que la gente que habita en los barrios pobres muere, en promedio, siete años más temprano que aquellos en zonas de altos ingresos. Asimismo, la expectativa en el Reino Unido de tener una existencia libre de padecimientos que impliquen alguna discapacidad es 17 años menor entre la gente que vive en zonas pobres frente a la que vive en áreas de alto ingreso. Los pobres no sólo mueren antes sino que pasan más tiempo con algún tipo de padecimiento severo. El estudio citado expresa que estas iniquidades implican la pérdida de entre 1.3 y 2.5 millones de años de vida de quienes fallecen prematuramente, así como 2.8 millones de años de vida en discapacidad o enfermedad.
Esas diferencias se manifiestan si se considera no sólo el lugar de residencia de los individuos, sino su escolaridad, su ocupación o las condiciones de su vivienda. Así, los ocupados como gerentes con formación profesional en el noreste de Inglaterra tienen una tasa de mortalidad dos veces y medio menor que la de los trabajadores con escasa calificación en labores monótonas residentes en la misma región.
De igual forma, el nivel educativo genera fuertes efectos en la salud: las personas con educación universitaria tienen una propensión a sufrir padecimientos de la mitad de la de quienes no acudieron a la escuela.
Las repercusiones de las diferencias en el nivel de ingresos sobre la salud se pueden ver, en el estudio coordinado por Michel Marmot, de la siguiente forma: la incidencia de obesidad en niños ingleses de 10 y 11 años es prácticamente del doble para los que pertenecen al quintil de menores ingresos frente al quintil de mayor renta.
La evidencia de los determinantes sociales en la salud es tan robusta que los autores concluyen que, además de poner el énfasis en los buenos o malos hábitos de los individuos en materia de salud o incluso en el muy importante asunto del acceso a los servicios, es clave atender y modificar el contexto social de las personas para que su salud mejore. Ampliar la esperanza de una vida sana en la que la persona sea capaz de tomar las decisiones sobre su destino sin que la enfermedad física o mental le limiten para que los individuos sean, en efecto, libres.
Entre las recomendaciones del estudio sobresale que la política pública sea universal, y no focalizada hacia los más desfavorecidos, pues ello sería insuficiente. Se argumenta, además, que la universalización debe contar con escalas e intensidades proporcionales a los niveles de desventaja que se desean combatir, por lo que se propone un “universalismo proporcional”.
La idea de que la desigualdad en salud proviene de las desigualdades de ingreso, educación, empleo y zona de residencia, da lugar a la concepción de una política de salud genuinamente de Estado, transversal, que trasciende —aunque por supuesto implica— la atención de la salud y el acceso a la misma, y que se plantea como meta una sociedad más justa. Es, sin duda, un planteamiento ambicioso, pero ¿qué barreras mentales nos impiden avanzar hacia una discusión sobre la salud de la población en estos términos para México?
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viernes, 23 de abril de 2010
sábado, 6 de marzo de 2010
Los costos de la obesidad infantil. 3-III-2010
Ciro Murayama
Los costos de la obesidad infantil
03 de marzo de 2010
El secretario de Salud, José Ángel Córdova hizo una previsión que, de no ser por el marasmo en el que nos encontramos, debió encender todas las alarmas: el incremento de la obesidad infantil y sus secuelas sobre la salud se pueden traducir en una disminución de la esperanza de vida de siete años en la próxima generación de mexicanos (EL UNIVERSAL, 22/02/2010).
La esperanza de vida es un indicador que resume la situación de la salud de una población. Por ello, reducirla es una auténtica catástrofe social. Para dar una idea de lo que significaría, baste señalar que de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las ONU, la esperanza de vida al nacer fue de 76 años en México en 2007; retroceder a 69 años en una sola generación nos colocaría con una esperanza vital similar a la que alcanzan países como Trinidad y Tobago (69.2 años) o Surinam (68.8), y por debajo de los niveles que se registran en los territorios ocupados en Palestina, o en naciones como Jamaica, Argelia, Honduras y Nicaragua.
El sobrepeso afecta a siete de cada diez adultos mexicanos y a uno de cada tres niños y adolescentes. Padecen obesidad 8% de los niños de entre 5 y 11 años de edad y 9% de quienes tienen entre 12 y 19 años. Cifras oficiales confirman que 90% de los casos de diabetes —principal causa de muerte en México— están asociados a la obesidad.
La diabetes dejó de ser una enfermedad crónica degenerativa de personas de edad avanzada para afectar en buena medida a niños y adolescentes. De acuerdo con el INEGI, en México hay 16 millones de hogares (el 58.6% del total) que tienen al menos a uno de sus integrantes con una edad de entre cero y 14 años. Así, es factible que más de un millón 400 mil hogares tengan a un niño obeso. El desarrollo de diabetes en un obeso genera daños económicos para su familia. Una estimación de la Procuraduría Federal del Consumidor situó, en 2007, el costo mensual de la atención a un paciente diabético entre los 1,217 pesos mensuales (que incluían costear hemoglobina glucosada, antidiabético oral tres veces al día, visita al endocrinólogo cada tres meses y tiras reactivas para medir el nivel de azúcar) y los 4,387 pesos mensuales (para pacientes que, además de esos gastos, afrontan la adquisición de una microinfusora, pilas, catéter y aditamentos de la misma, así como insulina). Esto es, al día el gasto en atención a la diabetes va de los 41 a los 146 pesos.
Si se considera que el ingreso medio de las familias es de 408 pesos diarios —siguiendo la información de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2008—, y se estima que un niño con diabetes estaría en el nivel más bajo de costo (1,217 pesos mensuales), tendríamos que 36% del ingreso del hogar se iría en atender la enfermedad. Ese porcentaje cae en lo que se denomina un gasto catastrófico en salud: cuando la familia destina más del 30% de su ingreso a la atención de la salud de sus miembros. La situación empeora para las familias de menores ingresos: por ejemplo, el gasto en atención a un diabético no avanzado sería 60% para una familia ubicada en el quinto decil; por no hablar de las condiciones de los hogares del 20 por ciento más pobre cuyo ingreso total es inferior al costo menor del tratamiento de diabetes.
Cabe decir, además, que las compañías aseguradoras privadas no cubren el padecimiento de la diabetes. En la vertiente pública, la insuficiencia de insulina y medicamentos para atender la diabetes con frecuencia hacen que el costo se tenga que cubrir con gasto de bolsillo privado. Además, tratamientos necesarios ante un padecimiento avanzado, como las hemodiálisis, no se consideran en la cobertura del Seguro Popular.
En este panorama, a nivel preventivo habrían de sumarse todos los esfuerzos para cortar la expansión de la obesidad infantil. Y frente a los casos que ya han desarrollado diabetes, deberían explorarse mecanismos para que las aseguradoras —un poco siguiendo el espíritu de Obama en la materia— no pudiesen excluir la cobertura de determinadas enfermedades; extender los tratamientos contemplados en el Seguro Popular; y fortalecerse la capacidad de compra y abastecimiento de medicamentos en las instituciones sanitarias públicas, capacidad dispersa y menguada por la estrategia política “descentralizadora” que domina en el sector y que va en contrasentido de la edificación de un sistema único y universal de salud.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Los costos de la obesidad infantil
03 de marzo de 2010
El secretario de Salud, José Ángel Córdova hizo una previsión que, de no ser por el marasmo en el que nos encontramos, debió encender todas las alarmas: el incremento de la obesidad infantil y sus secuelas sobre la salud se pueden traducir en una disminución de la esperanza de vida de siete años en la próxima generación de mexicanos (EL UNIVERSAL, 22/02/2010).
La esperanza de vida es un indicador que resume la situación de la salud de una población. Por ello, reducirla es una auténtica catástrofe social. Para dar una idea de lo que significaría, baste señalar que de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las ONU, la esperanza de vida al nacer fue de 76 años en México en 2007; retroceder a 69 años en una sola generación nos colocaría con una esperanza vital similar a la que alcanzan países como Trinidad y Tobago (69.2 años) o Surinam (68.8), y por debajo de los niveles que se registran en los territorios ocupados en Palestina, o en naciones como Jamaica, Argelia, Honduras y Nicaragua.
El sobrepeso afecta a siete de cada diez adultos mexicanos y a uno de cada tres niños y adolescentes. Padecen obesidad 8% de los niños de entre 5 y 11 años de edad y 9% de quienes tienen entre 12 y 19 años. Cifras oficiales confirman que 90% de los casos de diabetes —principal causa de muerte en México— están asociados a la obesidad.
La diabetes dejó de ser una enfermedad crónica degenerativa de personas de edad avanzada para afectar en buena medida a niños y adolescentes. De acuerdo con el INEGI, en México hay 16 millones de hogares (el 58.6% del total) que tienen al menos a uno de sus integrantes con una edad de entre cero y 14 años. Así, es factible que más de un millón 400 mil hogares tengan a un niño obeso. El desarrollo de diabetes en un obeso genera daños económicos para su familia. Una estimación de la Procuraduría Federal del Consumidor situó, en 2007, el costo mensual de la atención a un paciente diabético entre los 1,217 pesos mensuales (que incluían costear hemoglobina glucosada, antidiabético oral tres veces al día, visita al endocrinólogo cada tres meses y tiras reactivas para medir el nivel de azúcar) y los 4,387 pesos mensuales (para pacientes que, además de esos gastos, afrontan la adquisición de una microinfusora, pilas, catéter y aditamentos de la misma, así como insulina). Esto es, al día el gasto en atención a la diabetes va de los 41 a los 146 pesos.
Si se considera que el ingreso medio de las familias es de 408 pesos diarios —siguiendo la información de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2008—, y se estima que un niño con diabetes estaría en el nivel más bajo de costo (1,217 pesos mensuales), tendríamos que 36% del ingreso del hogar se iría en atender la enfermedad. Ese porcentaje cae en lo que se denomina un gasto catastrófico en salud: cuando la familia destina más del 30% de su ingreso a la atención de la salud de sus miembros. La situación empeora para las familias de menores ingresos: por ejemplo, el gasto en atención a un diabético no avanzado sería 60% para una familia ubicada en el quinto decil; por no hablar de las condiciones de los hogares del 20 por ciento más pobre cuyo ingreso total es inferior al costo menor del tratamiento de diabetes.
Cabe decir, además, que las compañías aseguradoras privadas no cubren el padecimiento de la diabetes. En la vertiente pública, la insuficiencia de insulina y medicamentos para atender la diabetes con frecuencia hacen que el costo se tenga que cubrir con gasto de bolsillo privado. Además, tratamientos necesarios ante un padecimiento avanzado, como las hemodiálisis, no se consideran en la cobertura del Seguro Popular.
En este panorama, a nivel preventivo habrían de sumarse todos los esfuerzos para cortar la expansión de la obesidad infantil. Y frente a los casos que ya han desarrollado diabetes, deberían explorarse mecanismos para que las aseguradoras —un poco siguiendo el espíritu de Obama en la materia— no pudiesen excluir la cobertura de determinadas enfermedades; extender los tratamientos contemplados en el Seguro Popular; y fortalecerse la capacidad de compra y abastecimiento de medicamentos en las instituciones sanitarias públicas, capacidad dispersa y menguada por la estrategia política “descentralizadora” que domina en el sector y que va en contrasentido de la edificación de un sistema único y universal de salud.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
domingo, 21 de febrero de 2010
Censo 2010: diez debilidades. 15/02/10
Ciro Murayama
Censo 2010: diez debilidades
15 de febrero de 2010
Comenta la nota Lecturas(1320)
2010-02-15
Este año se levantará el XIII Censo General de Población y Vivienda. En los últimos meses expertos y académicos han señalado deficiencias en el diseño del censo. En respuesta, el INEGI amplió el cuestionario básico que aplicará a los hogares. Aún así persisten debilidades que conviene hacer explícitas:
1) Un censo recortado. El cuestionario básico del censo del año 2000 abarcó 52 preguntas hechas en todas las viviendas del país para obtener información relevante de todos los habitantes de México. Ahora serán sólo 29 preguntas. INEGI no ha explicado con claridad a qué obedece la disminución del cuestionario básico: argumenta que fue por un recorte presupuestal hecho por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo justifica la eliminación de preguntas por razones metodológicas. Qué preguntas se quitaron por falta de presupuesto y cuáles porque el INEGI las consideró innecesarias es algo que no se conoce.
2) Autonomía de INEGI en duda. El recorte de recursos para el censo se atribuye a una decisión de la secretaría de Hacienda. Si bien el INEGI no tiene plena autonomía presupuestal en esa situación se encuentran otras instituciones autónomas, como las universidades, que saben defender los recursos necesarios para cumplir con sus fines estratégicos. ¿Por qué ni la junta de gobierno de INEGI ni su presidente solicitaron más recursos? ¿Por qué no explicaron los riesgos del recorte? ¿Por qué, sin más, acataron una decisión unilateral del Ejecutivo?
3) Se pierde comparabilidad. INEGI dice que con el cuestionario ampliado, que se aplicará en el 10% de las viviendas del país, se obtendrá información necesaria para poder comparar. En el mejor de los casos se tendrá una muestra grande para contrastar con ejercicios previos, pero el censo de 2010 en sí —la información del total de la población— no va a ser del todo comparable con censos anteriores.
4) El ingreso y su distribución serán una incógnita. El cuestionario básico del censo no obtiene información sobre el ingreso de las familias. Desde INEGI se argumenta que se tiene la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), pero la misma no capta la información de los segmentos de mayores ingresos. Para obtener una fotografía real de la polarización social de México era necesario incluir la pregunta en el cuestionario básico del censo. INEGI lo impidió.
5) La estructura del empleo queda fuera. En los censos previos la información que se obtenía para el conjunto de la población permitía conocer la rama de actividad de los trabajadores, cuánto ganaban y su posición en el empleo. Esas preguntas respectivas se eliminaron.
6) Migración interna. No se conocerá en qué municipio residía la población hace cinco años, lo que afectará el conocimiento sobre la migración interna. No será factible analizar fenómenos como la expansión de áreas metropolitanas por movilidad intraestatal; y movimientos intrametropolitanos —v.g.: de la delegación Cuajimalpa a Huixquilucan— podrán aparecer como migraciones interestatales aun cuando la gente viva en la misma zona urbana.
7) Se pregunta religión, y mal. A pesar del recorte, se mantuvo la pregunta de religión. INEGI aduce que esa pregunta siempre ha estado: aquí el argumento es la tradición. Además se pregunta “¿cuál es la religión de?”, dando por hecho que todo mexicano tiene una. Es una pregunta con sesgo.
8) Censo a petición del cliente. Responsables de INEGI explican que incluyeron diversas preguntas (como religión) en atención a solicitudes de distintos sectores, sin importar que dicha información tuviera escasa o nula influencia en el diseño de políticas públicas. Se carece de una jerarquización adecuada sobre qué información es fundamental y cuál no.
9) El censo como registro administrativo. Uno de los argumentos para recortar el censo es que hay otras fuentes estadísticas, como los registros administrativos de las instituciones públicas. Pero se pretende que el censo indique cuántos afiliados hay en las instituciones de salud. Un contrasentido.
10) El censo debió guiar la toma decisiones, no al revés. El diseño de las políticas públicas debe partir de una base de información amplia, objetiva. Ahora fueron las decisiones políticas —recortar recursos y dar preeminencia a una megamuestra sobre el levantamiento universal— las que determinaron la amplitud del censo.
Queda ahora exigir un buen levantamiento y procesamiento de la información finalmente contemplada. El censo es imprescindible, por eso no se puede condescender con decisiones que minan su calidad y utilidad.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Censo 2010: diez debilidades
15 de febrero de 2010
Comenta la nota Lecturas(1320)
2010-02-15
Este año se levantará el XIII Censo General de Población y Vivienda. En los últimos meses expertos y académicos han señalado deficiencias en el diseño del censo. En respuesta, el INEGI amplió el cuestionario básico que aplicará a los hogares. Aún así persisten debilidades que conviene hacer explícitas:
1) Un censo recortado. El cuestionario básico del censo del año 2000 abarcó 52 preguntas hechas en todas las viviendas del país para obtener información relevante de todos los habitantes de México. Ahora serán sólo 29 preguntas. INEGI no ha explicado con claridad a qué obedece la disminución del cuestionario básico: argumenta que fue por un recorte presupuestal hecho por el Ejecutivo, pero al mismo tiempo justifica la eliminación de preguntas por razones metodológicas. Qué preguntas se quitaron por falta de presupuesto y cuáles porque el INEGI las consideró innecesarias es algo que no se conoce.
2) Autonomía de INEGI en duda. El recorte de recursos para el censo se atribuye a una decisión de la secretaría de Hacienda. Si bien el INEGI no tiene plena autonomía presupuestal en esa situación se encuentran otras instituciones autónomas, como las universidades, que saben defender los recursos necesarios para cumplir con sus fines estratégicos. ¿Por qué ni la junta de gobierno de INEGI ni su presidente solicitaron más recursos? ¿Por qué no explicaron los riesgos del recorte? ¿Por qué, sin más, acataron una decisión unilateral del Ejecutivo?
3) Se pierde comparabilidad. INEGI dice que con el cuestionario ampliado, que se aplicará en el 10% de las viviendas del país, se obtendrá información necesaria para poder comparar. En el mejor de los casos se tendrá una muestra grande para contrastar con ejercicios previos, pero el censo de 2010 en sí —la información del total de la población— no va a ser del todo comparable con censos anteriores.
4) El ingreso y su distribución serán una incógnita. El cuestionario básico del censo no obtiene información sobre el ingreso de las familias. Desde INEGI se argumenta que se tiene la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), pero la misma no capta la información de los segmentos de mayores ingresos. Para obtener una fotografía real de la polarización social de México era necesario incluir la pregunta en el cuestionario básico del censo. INEGI lo impidió.
5) La estructura del empleo queda fuera. En los censos previos la información que se obtenía para el conjunto de la población permitía conocer la rama de actividad de los trabajadores, cuánto ganaban y su posición en el empleo. Esas preguntas respectivas se eliminaron.
6) Migración interna. No se conocerá en qué municipio residía la población hace cinco años, lo que afectará el conocimiento sobre la migración interna. No será factible analizar fenómenos como la expansión de áreas metropolitanas por movilidad intraestatal; y movimientos intrametropolitanos —v.g.: de la delegación Cuajimalpa a Huixquilucan— podrán aparecer como migraciones interestatales aun cuando la gente viva en la misma zona urbana.
7) Se pregunta religión, y mal. A pesar del recorte, se mantuvo la pregunta de religión. INEGI aduce que esa pregunta siempre ha estado: aquí el argumento es la tradición. Además se pregunta “¿cuál es la religión de?”, dando por hecho que todo mexicano tiene una. Es una pregunta con sesgo.
8) Censo a petición del cliente. Responsables de INEGI explican que incluyeron diversas preguntas (como religión) en atención a solicitudes de distintos sectores, sin importar que dicha información tuviera escasa o nula influencia en el diseño de políticas públicas. Se carece de una jerarquización adecuada sobre qué información es fundamental y cuál no.
9) El censo como registro administrativo. Uno de los argumentos para recortar el censo es que hay otras fuentes estadísticas, como los registros administrativos de las instituciones públicas. Pero se pretende que el censo indique cuántos afiliados hay en las instituciones de salud. Un contrasentido.
10) El censo debió guiar la toma decisiones, no al revés. El diseño de las políticas públicas debe partir de una base de información amplia, objetiva. Ahora fueron las decisiones políticas —recortar recursos y dar preeminencia a una megamuestra sobre el levantamiento universal— las que determinaron la amplitud del censo.
Queda ahora exigir un buen levantamiento y procesamiento de la información finalmente contemplada. El censo es imprescindible, por eso no se puede condescender con decisiones que minan su calidad y utilidad.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
jueves, 14 de enero de 2010
Censo para ocultar la pobreza, 13/01/10
El Universal
Ciro Murayama
Censo para ocultar la pobreza
13 de enero de 2010
El 2010 es año de bicentenario de la Independencia y, por ello, el Censo Nacional de Población y Vivienda que ha de levantarse ahora, como en cada inicio de década desde 1900, debería ser el instrumento por excelencia del Estado mexicano para conocernos como sociedad, como nación, para identificar nuestra riqueza poblacional, pero también nuestros déficit sociales y las áreas prioritarias de acción en materia de bienestar.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, sin embargo, el primero que aplicará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su calidad de autónomo, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos que se le han conferido.
La Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) manifestó el 15 de diciembre que ve “con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica”.
La argumentación oficial para recortar preguntas al censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Ello llama la atención porque la Junta de Gobierno del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística elaboró en septiembre del año anterior su anteproyecto de presupuesto —solicitando un total de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010 (Acuerdo 7ª/II/2009), de los que se destinarían 4 mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda—; luego, la Cámara de Diputados aprobó, para el INEGI, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, ¡lo mismo que el Instituto había considerado conveniente! Si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del INEGI.
Como si hubiese algo más importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real de la desigualdad social que las encuestas no captan —pues simplemente no llegan a los estratos de más altos ingresos—.
Asimismo, el cuestionario básico del Censo, que se aplica en todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral.
La exclusión de preguntas sobre ingreso y condición de actividad es grave porque a partir de esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias estadísticas, públicas y privadas, por venir.
Peor aún, los responsables del Censo de Población y Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer —menos todavía sobre hijos sobrevivientes—, con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las que hace el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Se descarta en el Censo, también, recabar información sobre migración en nuestro territorio a nivel de municipio.
Otra omisión se refiere a la pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro de la diversidad étnica.
Esa información se pretende obtener a través del cuestionario extenso, que se aplicará sólo en localidades con más de 50 mil habitantes, cuando es de todos sabido que una característica de las poblaciones indígenas es su dispersión.
En cambio, los responsables del Censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido.
El Censo del Bicentenario, con estas deficiencias, puede ser un retroceso frente a ejercicios previos. Como señalan los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, el diseño de este censo “afecta de manera muy importante el alcance de esta fuente de información estadística en materia de planeación y definición de políticas públicas”.
Es menester que se recapacite, incluso que el Censo se posponga para 2011, si ello implica hacerlo bien. En este delicado tema, a diferencia de lo que reza el eslogan, México no parece contar con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Ciro Murayama
Censo para ocultar la pobreza
13 de enero de 2010
El 2010 es año de bicentenario de la Independencia y, por ello, el Censo Nacional de Población y Vivienda que ha de levantarse ahora, como en cada inicio de década desde 1900, debería ser el instrumento por excelencia del Estado mexicano para conocernos como sociedad, como nación, para identificar nuestra riqueza poblacional, pero también nuestros déficit sociales y las áreas prioritarias de acción en materia de bienestar.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, sin embargo, el primero que aplicará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su calidad de autónomo, puede quedar lejos de cubrir con los objetivos que se le han conferido.
La Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) manifestó el 15 de diciembre que ve “con profunda preocupación la disminución significativa de preguntas que habrá de tener el cuestionario básico del próximo censo, lo cual reduce sus posibilidades de comparación con ejercicios censales anteriores. El cuestionario básico del Censo de Población y Vivienda 2010 propuesto no incluye todas las variables esenciales de la dinámica demográfica y de la actividad económica”.
La argumentación oficial para recortar preguntas al censo y restar amplitud y profundidad al instrumento primordial de generación estadística sobre la población mexicana, es que no hay recursos presupuestales suficientes. Ello llama la atención porque la Junta de Gobierno del propio Instituto Nacional de Geografía y Estadística elaboró en septiembre del año anterior su anteproyecto de presupuesto —solicitando un total de 8 mil 765.7 millones de pesos para 2010 (Acuerdo 7ª/II/2009), de los que se destinarían 4 mil 592.1 millones al Censo de Población y Vivienda—; luego, la Cámara de Diputados aprobó, para el INEGI, un monto de 8 mil 765.7 millones de pesos, ¡lo mismo que el Instituto había considerado conveniente! Si hay escasez de recursos para hacer un buen censo, la responsabilidad directa es de la Junta de Gobierno del INEGI.
Como si hubiese algo más importante para un Estado que conocer las características de las personas que lo conforman, desde 2009 se avanzó en el diseño de un Censo de Población y Vivienda trunco. Por ejemplo, no se contempla incluir preguntas que permitan conocer el nivel de ingresos de los hogares y, con ello, se priva de la oportunidad de saber, a través de un ejercicio censal, la situación real de la desigualdad social que las encuestas no captan —pues simplemente no llegan a los estratos de más altos ingresos—.
Asimismo, el cuestionario básico del Censo, que se aplica en todo el país, excluye preguntas sobre condición de actividad económica, es decir, las que permiten determinar si una persona trabaja o no, además de las referidas a la rama de actividad y posición en el empleo, con las cuales se configura la información sobre la estructura ocupacional del país y se tienen elementos para estimar la dimensión de la precariedad laboral.
La exclusión de preguntas sobre ingreso y condición de actividad es grave porque a partir de esos datos se puede hacer la estratificación indispensable para el diseño de las más diversas encuestas, así que también se está causando un daño a la calidad de las inferencias estadísticas, públicas y privadas, por venir.
Peor aún, los responsables del Censo de Población y Vivienda 2010 no han considerado incluir una pregunta sobre hijos nacidos vivos por mujer —menos todavía sobre hijos sobrevivientes—, con lo cual seguiremos sin conocer a ciencia cierta el nivel de fecundidad en México y sin tener elementos suficientes sobre las dinámicas de natalidad y mortalidad, lo que afectará la fiabilidad de las proyecciones poblacionales como las que hace el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Se descarta en el Censo, también, recabar información sobre migración en nuestro territorio a nivel de municipio.
Otra omisión se refiere a la pregunta que permite captar el monolingüismo, lo cual repercutirá sobre el registro de la diversidad étnica.
Esa información se pretende obtener a través del cuestionario extenso, que se aplicará sólo en localidades con más de 50 mil habitantes, cuando es de todos sabido que una característica de las poblaciones indígenas es su dispersión.
En cambio, los responsables del Censo no omiten preguntas sobre religión, como si fuera más importante saber qué fe profesa una persona que de qué vive o cuántos hijos ha tenido.
El Censo del Bicentenario, con estas deficiencias, puede ser un retroceso frente a ejercicios previos. Como señalan los miembros de la Sociedad Mexicana de Demografía, el diseño de este censo “afecta de manera muy importante el alcance de esta fuente de información estadística en materia de planeación y definición de políticas públicas”.
Es menester que se recapacite, incluso que el Censo se posponga para 2011, si ello implica hacerlo bien. En este delicado tema, a diferencia de lo que reza el eslogan, México no parece contar con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
miércoles, 9 de diciembre de 2009
Presupuesto Bonsái, 11/11/2009
Ciro Murayama
Presupuesto bonsái
11 de noviembre de 2009
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2009-11-11
De acuerdo con lo que dispone el artículo 74 de la Constitución, el 15 de noviembre la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. La decisión que tomará la Cámara baja está condicionada en buena medida de antemano, pues el propio Congreso aprobó una Ley de Ingresos que, en sintonía con la propuesta presentada por el Ejecutivo, pone énfasis en la meta de conseguir el equilibrio presupuestal aun a costa de descuidar objetivos como la reactivación económica. Tan es así que el Congreso aprobó un monto de ingresos para la Federación que varía en sólo 0.2% respecto a la iniciativa presidencial; en materia de déficit público, Hacienda propuso una cifra de 0.5% del PIB y el Legislativo la amplió (casi) nada, a 0.75% del PIB.
La obsesión contable en pos del equilibrio presupuestal que perdura en nuestro país contrasta con las prioridades que definen los responsables de la política económica en el resto del mundo. El fin de semana anterior, los ministros de Finanzas de los países del G-20, reunidos en Escocia, “se comprometieron a mantener los estímulos a la recuperación de la economía hasta que se afiance la recuperación” (El País, 08/XI/09). Siendo así, las economías avanzadas continuarán con sus estrategias de estímulo a la demanda aunque ello implique incurrir en déficit que rondan el 10% del PIB (más de 10 veces lo que nosotros) y en montos de gasto del 50% del PIB (más del doble que nosotros).
La contención del gasto público en México, a pesar de ser una de las economías que mayor deterioro económico ha tenido a lo largo de 2009, implica que los márgenes de actuación para hacer un uso relativamente intencionado del presupuesto a favor del crecimiento se vean reducidos. Es bien sabido que alrededor de nueve de cada 10 pesos del presupuesto federal en México se destinan a partidas de gasto “irreductible”. Por lo anterior, la única manera de obtener espacio de maniobra en el ejercicio presupuestal es a través de su ampliación. Pero si la determinación es no gastar más, ello lleva implícito que tampoco pueda innovarse mucho. No puede esperarse, entonces, la puesta en operación de ningún proyecto ambicioso de gasto o inversión para 2010.
El Ejecutivo federal propuso en su iniciativa un aumento del gasto social, de cara a la crisis económica, de 2.5% en términos reales respecto a lo aprobado para 2009; se trata, por cierto, de una ampliación en el gasto destinado a los más pobres que muy lejos queda de poder compensar la caída promedio del ingreso de 8% que tendrá la economía este año, reducción que puede ser aún peor para los hogares de menores ingresos, pues la última encuesta de ingreso-gasto de los hogares reveló que las familias pobres en comunidades rurales vieron caer su ingreso en 16.3% entre 2006 y 2008, mientras que la caída promedio nacional fue de 1.6%.
El corsé del equilibrio a corto plazo y a toda costa tendrá, sin embargo, efectos sobre la capacidad productiva de la economía mexicana. En gasto en desarrollo económico, el presidente propone una reducción de 1.3% en 2010 respecto a 2009. A la par, no contempla planes plurianuales de inversiones en infraestructura, que el propio artículo 74 de la Constitución ya permite y que representan el tipo de acciones que, en otros países, como Estados Unidos, se han convertido en el eje de la recuperación. Menos inversión y mayor gasto corriente con presupuesto estancado implica un recorte, sobre todo, en aquellas áreas que podrían detonar el crecimiento o contribuir a amortiguar la caída productiva, como es la ampliación de la infraestructura que resulta indispensable para el despliegue la actividad económica.
El deterioro acumulado de la infraestructura no es menor, y vaya un simple pero elocuente botón de muestra: una de las razones por las que México no aspirará a volver a organizar un Mundial de Futbol hacia 2018 o 2022 se debe a que nuestra infraestructura en estadios es obsoleta. Como se ve, la carencia de inversión no sólo no produce pan, también afecta al circo.
Con esas limitaciones, la disputa por el presupuesto versará sobre quién ejerce los recursos de los programas sociales, si los gobernadores o la Federación. Esa es la altura de miras, lejos de la búsqueda del crecimiento económico y la creación de empleo.
El manto de los recursos presupuestales, más que una frazada para campear la crisis, se antoja un pañuelo hecho jirones para una noche muy larga y muy fría.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
Presupuesto bonsái
11 de noviembre de 2009
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2009-11-11
De acuerdo con lo que dispone el artículo 74 de la Constitución, el 15 de noviembre la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. La decisión que tomará la Cámara baja está condicionada en buena medida de antemano, pues el propio Congreso aprobó una Ley de Ingresos que, en sintonía con la propuesta presentada por el Ejecutivo, pone énfasis en la meta de conseguir el equilibrio presupuestal aun a costa de descuidar objetivos como la reactivación económica. Tan es así que el Congreso aprobó un monto de ingresos para la Federación que varía en sólo 0.2% respecto a la iniciativa presidencial; en materia de déficit público, Hacienda propuso una cifra de 0.5% del PIB y el Legislativo la amplió (casi) nada, a 0.75% del PIB.
La obsesión contable en pos del equilibrio presupuestal que perdura en nuestro país contrasta con las prioridades que definen los responsables de la política económica en el resto del mundo. El fin de semana anterior, los ministros de Finanzas de los países del G-20, reunidos en Escocia, “se comprometieron a mantener los estímulos a la recuperación de la economía hasta que se afiance la recuperación” (El País, 08/XI/09). Siendo así, las economías avanzadas continuarán con sus estrategias de estímulo a la demanda aunque ello implique incurrir en déficit que rondan el 10% del PIB (más de 10 veces lo que nosotros) y en montos de gasto del 50% del PIB (más del doble que nosotros).
La contención del gasto público en México, a pesar de ser una de las economías que mayor deterioro económico ha tenido a lo largo de 2009, implica que los márgenes de actuación para hacer un uso relativamente intencionado del presupuesto a favor del crecimiento se vean reducidos. Es bien sabido que alrededor de nueve de cada 10 pesos del presupuesto federal en México se destinan a partidas de gasto “irreductible”. Por lo anterior, la única manera de obtener espacio de maniobra en el ejercicio presupuestal es a través de su ampliación. Pero si la determinación es no gastar más, ello lleva implícito que tampoco pueda innovarse mucho. No puede esperarse, entonces, la puesta en operación de ningún proyecto ambicioso de gasto o inversión para 2010.
El Ejecutivo federal propuso en su iniciativa un aumento del gasto social, de cara a la crisis económica, de 2.5% en términos reales respecto a lo aprobado para 2009; se trata, por cierto, de una ampliación en el gasto destinado a los más pobres que muy lejos queda de poder compensar la caída promedio del ingreso de 8% que tendrá la economía este año, reducción que puede ser aún peor para los hogares de menores ingresos, pues la última encuesta de ingreso-gasto de los hogares reveló que las familias pobres en comunidades rurales vieron caer su ingreso en 16.3% entre 2006 y 2008, mientras que la caída promedio nacional fue de 1.6%.
El corsé del equilibrio a corto plazo y a toda costa tendrá, sin embargo, efectos sobre la capacidad productiva de la economía mexicana. En gasto en desarrollo económico, el presidente propone una reducción de 1.3% en 2010 respecto a 2009. A la par, no contempla planes plurianuales de inversiones en infraestructura, que el propio artículo 74 de la Constitución ya permite y que representan el tipo de acciones que, en otros países, como Estados Unidos, se han convertido en el eje de la recuperación. Menos inversión y mayor gasto corriente con presupuesto estancado implica un recorte, sobre todo, en aquellas áreas que podrían detonar el crecimiento o contribuir a amortiguar la caída productiva, como es la ampliación de la infraestructura que resulta indispensable para el despliegue la actividad económica.
El deterioro acumulado de la infraestructura no es menor, y vaya un simple pero elocuente botón de muestra: una de las razones por las que México no aspirará a volver a organizar un Mundial de Futbol hacia 2018 o 2022 se debe a que nuestra infraestructura en estadios es obsoleta. Como se ve, la carencia de inversión no sólo no produce pan, también afecta al circo.
Con esas limitaciones, la disputa por el presupuesto versará sobre quién ejerce los recursos de los programas sociales, si los gobernadores o la Federación. Esa es la altura de miras, lejos de la búsqueda del crecimiento económico y la creación de empleo.
El manto de los recursos presupuestales, más que una frazada para campear la crisis, se antoja un pañuelo hecho jirones para una noche muy larga y muy fría.
Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM
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